08/05/2012.-(Página Siete)
Por Alejandro Almaraz*
Marcelo Quiroga Santa Cruz solía advertir que hay sumas que restan,
refiriéndose a los conciliábulos oportunistas, tan frecuentes en la
política boliviana, en los que por las expectativas inmediatistas se
sacrifican los objetivos de mediano y largo plazos. Hoy, en relación con
la masiva campaña con la que el Gobierno de Evo Morales ha pretendido
impedir o doblegar la IX marcha indígena en defensa del TIPNIS,
corresponde invertir la sentencia de Marcelo y afirmar que hay restas
que suman.
Ni bien las organizaciones indígenas anunciaron la IX marcha como respuesta a la promulgación de la Ley 222 de posconsulta, con la que el Gobierno deshacía el compromiso asumido con la Ley 180 de protección del TIPNIS, éste se lanzó, extremando sus posibilidades y recursos, a una masiva e intensa campaña. El objetivo era comprar lo que no pudo ganar con la persuasión ni con la represión, aunque fuera tan dura y brutal como lo fue en el puente San Lorenzo el 25 de septiembre de 2008: la aceptación o, por lo menos, la pasividad indígena frente a la ejecución de la consulta fraudulenta dispuesta en la Ley 222, y a la así legitimada construcción de la carretera “quieran o no quieran”.
De este modo, el Presidente viene dedicándose personalmente a llevar regalos baratos y promesas de desarrollo a las comunidades del TIPNIS, aprovechando los respectivos actos, de masiva y carísima difusión mediática, para comentar las bondades de las carreteras. Cuando no lo hace personalmente, su ministro Quintana lo hace por él, añadiendo fuerza dramática al ferviente deseo de integrar a esas comunidades indígenas al mismo tipo de desarrollo que la “Alianza para el Progreso”, ideada por el Gobierno norteamericano hace medio siglo, puso en la cabeza y la chequera de su camarada, el general Barrientos. Así lo revela, con incontrastable elocuencia, su declarada vergüenza por las viviendas que la sabiduría de los indígenas, libre del comercio y la ostentación, ha venido reproduciendo por siglos.
Por otro lado, pero dentro de la misma campaña, el Presidente, también en persona y con el intenso despliegue de gran parte del aparato estatal, ha promovido y concretado “convenios programáticos” con casi todas las organizaciones regionales afiliadas a CIDOB. En su generalidad, estos acuerdos establecen la disponibilidad o el compromiso gubernamental de cumplir algunas acciones, como el financiamiento de proyectos productivos o la prestación de determinados servicios públicos, que son parte de las obligaciones legales del Estado con la población indígena.
En algunos casos, se incluyen también el obsequio de sedes y vehículos a las organizaciones. En alguno de ellos, la generosidad gubernamental se extiende al financiamiento de cierta sede cuya construcción ya financió, sin que jamás aparezca la construcción y sí desaparezca el dinero. En ninguno de estos “Convenios Programáticos” se establece la obligación retributiva de la parte indígena de no participar en la IX marcha, pero da la extraordinaria casualidad, tan grande y especial como la del súbito interés gubernamental por atender las necesidades de esas organizaciones justo en vísperas de la IX marcha, de que todos los dirigentes regionales que los suscribieron, se han abstenido de participar en ella.
Con todo esto, el Gobierno creyó restarle a la IX marcha concurrencia y apoyo, al grado de impedir su inicio o condenarla a su rápida liquidación. Pero el resultado es ya un absoluto fracaso, pues la marcha no sólo que partió, sino que, a cambio de una cierta disminución cuantitativa inicial, de gradual pero rápida superación, en relación con la VIII marcha, está mucho más cohesionada y resuelta en sus objetivos que aquélla. Ocurre pues que al marginar de la marcha a las dirigencias regionales, el Gobierno ha perdido el conducto para introducir a su “quinta columna” en ella, a los seguros o potenciales agentes de la componenda, la desmoralización, el miedo y la traición. Lo que ha logrado, en realidad, es decantarla, cualificarla, agrandarla en su capacidad estratégica. Ni siquiera en términos cuantitativos el resultado es exitoso, pues cada día, pese a la intimidación uniformemente ejercida por el aparato estatal y a los bloqueos camineros de la naturaleza y el matonaje ignaciano, se suman grupos de indígenas de base e incluso dirigentes, algunos llegados en los motores fuera de borda recién regalados por el Presidente.
Otra vez, como ya tantas desde que se inició este conflicto con el “quieran o no quieran”, el Gobierno quiso restar al movimiento indígena y le sumó. La resta real es la que sigue mermando su base social y su sustento ético a ojos de Bolivia y el mundo.
*Alejandro Almaraz es abogado. Fue viceministro de Tierras.
Ni bien las organizaciones indígenas anunciaron la IX marcha como respuesta a la promulgación de la Ley 222 de posconsulta, con la que el Gobierno deshacía el compromiso asumido con la Ley 180 de protección del TIPNIS, éste se lanzó, extremando sus posibilidades y recursos, a una masiva e intensa campaña. El objetivo era comprar lo que no pudo ganar con la persuasión ni con la represión, aunque fuera tan dura y brutal como lo fue en el puente San Lorenzo el 25 de septiembre de 2008: la aceptación o, por lo menos, la pasividad indígena frente a la ejecución de la consulta fraudulenta dispuesta en la Ley 222, y a la así legitimada construcción de la carretera “quieran o no quieran”.
De este modo, el Presidente viene dedicándose personalmente a llevar regalos baratos y promesas de desarrollo a las comunidades del TIPNIS, aprovechando los respectivos actos, de masiva y carísima difusión mediática, para comentar las bondades de las carreteras. Cuando no lo hace personalmente, su ministro Quintana lo hace por él, añadiendo fuerza dramática al ferviente deseo de integrar a esas comunidades indígenas al mismo tipo de desarrollo que la “Alianza para el Progreso”, ideada por el Gobierno norteamericano hace medio siglo, puso en la cabeza y la chequera de su camarada, el general Barrientos. Así lo revela, con incontrastable elocuencia, su declarada vergüenza por las viviendas que la sabiduría de los indígenas, libre del comercio y la ostentación, ha venido reproduciendo por siglos.
Por otro lado, pero dentro de la misma campaña, el Presidente, también en persona y con el intenso despliegue de gran parte del aparato estatal, ha promovido y concretado “convenios programáticos” con casi todas las organizaciones regionales afiliadas a CIDOB. En su generalidad, estos acuerdos establecen la disponibilidad o el compromiso gubernamental de cumplir algunas acciones, como el financiamiento de proyectos productivos o la prestación de determinados servicios públicos, que son parte de las obligaciones legales del Estado con la población indígena.
En algunos casos, se incluyen también el obsequio de sedes y vehículos a las organizaciones. En alguno de ellos, la generosidad gubernamental se extiende al financiamiento de cierta sede cuya construcción ya financió, sin que jamás aparezca la construcción y sí desaparezca el dinero. En ninguno de estos “Convenios Programáticos” se establece la obligación retributiva de la parte indígena de no participar en la IX marcha, pero da la extraordinaria casualidad, tan grande y especial como la del súbito interés gubernamental por atender las necesidades de esas organizaciones justo en vísperas de la IX marcha, de que todos los dirigentes regionales que los suscribieron, se han abstenido de participar en ella.
Con todo esto, el Gobierno creyó restarle a la IX marcha concurrencia y apoyo, al grado de impedir su inicio o condenarla a su rápida liquidación. Pero el resultado es ya un absoluto fracaso, pues la marcha no sólo que partió, sino que, a cambio de una cierta disminución cuantitativa inicial, de gradual pero rápida superación, en relación con la VIII marcha, está mucho más cohesionada y resuelta en sus objetivos que aquélla. Ocurre pues que al marginar de la marcha a las dirigencias regionales, el Gobierno ha perdido el conducto para introducir a su “quinta columna” en ella, a los seguros o potenciales agentes de la componenda, la desmoralización, el miedo y la traición. Lo que ha logrado, en realidad, es decantarla, cualificarla, agrandarla en su capacidad estratégica. Ni siquiera en términos cuantitativos el resultado es exitoso, pues cada día, pese a la intimidación uniformemente ejercida por el aparato estatal y a los bloqueos camineros de la naturaleza y el matonaje ignaciano, se suman grupos de indígenas de base e incluso dirigentes, algunos llegados en los motores fuera de borda recién regalados por el Presidente.
Otra vez, como ya tantas desde que se inició este conflicto con el “quieran o no quieran”, el Gobierno quiso restar al movimiento indígena y le sumó. La resta real es la que sigue mermando su base social y su sustento ético a ojos de Bolivia y el mundo.
*Alejandro Almaraz es abogado. Fue viceministro de Tierras.
Ver Nota en : Restas que suman
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