ACCIÓN URGENTE

07/05/2012.- El día de hoy, la Unidad de Comunicación de la Confederación de Pueblos Indígenas de Boiivia (CIDOB) ha hecho pública la siguiente Acción Urgente:

ACCIÓN URGENTE

IX MARCHA INDÍGENA AMENAZADA

POR GRUPOS DE CHOQUE PARA-GUBERNAMENTALES

LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE BOLIVIA EXIGIMOS QUE NO SE CONSTRUYAN CARRETERAS POR      EL TERRITORIO INDÍGENA Y PARQUE NACIONAL ISIBORO SÉCURE - TIPNIS

La Confederación de los Pueblos Indígenas del Oriente Chaco y Amazonía de Bolivia (CIDOB), el Consejo de Ayllus y Marcas del Qollasuyu (CONAMAQ), la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), la Subcentral de Cabildos Indígenas de los pueblos yuracaré, tisimane y mojeño trinitario del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB), denuncian actos de intimidación y violencia perpetrados por grupos de choque organizados por el Gobierno Nacional con el objetivo de atacar la IX Marcha Indígena en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) la cual exige el respeto a MANIFESTARSE PACÍFICAMENTE POR LAS CARRETERAS DEL PAÍS reivindicando la PROHIBICIÓN DE NO CONSTRUIR CARRETERAS POR EL TIPNIS, establecida en la Ley Nº 180/11. En ese sentido, recurre a las organizaciones e instituciones solidarias para hacer circular la presente ACCIÓN URGENTE.

HECHOS

1.   El 17 de abril del presente año, una comisión del Gobierno encabezada por el Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, se reunió con el Gobernador del Departamento del Beni Haisen Rivera, el Subgobernador de la Provincia Mojos Sixto Bejarano, el Alcalde de San Ignacio de Mojos Basilio Nolvani y otras autoridades locales, para definir acciones de hecho que impidan el paso de la IX Marcha por San Ignacio de Mojos. Se tiene constancia en video de la indicada reunión.

2.   El 21 de abril se instalaron bloqueos de carreteras en los puntos de entrada y salida de San Ignacio de Mojos, cortando la ruta interdepartamental Trinidad – San Ignacio de Mojos – La Paz, impidiendo que los indígenas de esa zona se sumen a la IX Marcha Indígena. Para cortar la ruta utilizaron maquinaria pesada, tumbando árboles y cavando una zanja la cual obstruyó el tránsito de movilidades y personas por varios días. Por otro lado se conformó una “policía cívica” compuesta por moto taxistas para hacer controles diurnos y nocturnos donde obligaron a los comerciantes a cerrar sus negocios para que no atiendan al público. La noche del sábado 21 de abril se provocó un corte de luz para suspender cualquier actividad. El boqueo temporalmente se levantó por gestiones del propio Gobierno.

3.   El 22 de abril por la mañana, una turba enardecida compuesta por grupos de choque del Comité Cívico de San Ignacio de Mojos y de la Central Obrera Regional (COR), ingresaron violentamente en las instalaciones de la radio comunitaria indígena, “Arairu Sache”, donde agredieron al director del medio, René Nuni, y al conductor del programa radial que se emitía en ese momento, Hefiquio Salazar, porque estaba difundiendo el Voto Resolutivo de la CIDOB convocando a la IX Marcha Indígena. Asimismo, destrozaron y saquearon equipos radiales y documentación perteneciente a la radioemisora para impedir su funcionamiento.

4.   Esa misma mañana aparecieron pintados varios muros externos de casas en San Ignacio de Mojos con escritas amenazantes y ofensivas con connotaciones racistas referidos a dirigentes indígenas quienes están en la IX Marcha. Al día siguiente, los dirigentes de la Subcentral del Territorio Indígena Multiétnico 1 (TIM-1), informaron sobre amenazas de tomas y saqueo de sus oficinas, así como de las instituciones defensoras de los derechos humanos con base en San Ignacio de Mojos y Trinidad.

5.   El 27 de abril salió desde la ciudad de Trinidad la IX Marcha Indígena por la defensa del TIPNIS, con destino a la ciudad de La Paz, la cual tiene entre su principal demanda la anulación de la Ley Nº 222 y el respeto de la Ley Nº 180 que prohibe hacer carreteras por el TIPNIS. La salida de la marcha se caracterizó por la ausencia del resguardo de la Policía Boliviana, a pesar de haber sido solicitado por los dirigentes indígenas.

6.   El 30 de abril, a pesar de que el gobierno continúa manifestado que garantizara el paso de la  IX Marcha Indígena por San Ignacio de Mojos, se han recibido amenazas de muerte y de impedir el paso de la Marcha, poniendo con ello a los principales dirigentes y autoridades indígenas en serio e inminente peligro.

7.   El 2 de mayo, el Alcalde de San Ignacio de Mojos, Basilio Nolvani, anunció que se ha instruido el cierre de las tiendas y almacenes para evitar la provisión de víveres y alimentos a los marchistas, de igual forma se ha prohibido la venta de combustible, conformando para ello comisiones encargadas de controlar que esta prohibición sea cumplida. El mismo día, los grupos de choque y autoridades señalaron que, dejarían entrar la Marcha a San Ignacio, pero trancarían su salida, emboscándola. La Marcha tiene previsto pasar por San Ignacio de Mojos entre el lunes 7 y martes 8 de mayo.  

ANTECEDENTES

1.   El Gobierno de Bolivia ha decidido, en contra de los derechos legales y constitucionales de los pueblos indígenas, construir una carretera por medio del Territorio Indigena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) aplicando un manipulado proceso de supuesta consulta aprobado con la Ley Nº 222/12 de 10 de febrero. Los pueblos indígenas del TIPNIS y sus organizaciones representativas exigen el cumplimiento de la Ley Nº 180/11, obtenida el año pasado con la VIII Marcha Indígena, que prohíbe que dicha carretera, como cualquier otra, atraviese el TIPNIS. La Ley Nº 180/11 recoge la decisión adoptada por esos pueblos en ejercicio del derecho a la libre determinación, a través de sus autoridades e instancias tradicionales de decisión. 

2.   Del 16 al 19 de marzo de 2012, se realiza el XXX Encuentro de Corregidores del TIPNIS, máxima instancia de decisión tradicional reconocida en el territorio, deciden rechazar definitivamente la construcción de cualquier carretera por el TIPNIS, en especial la Villa Tunari-San Ignacio de Mojos, realizar la IX Marcha Indígena y rechazar rotundamente la aplicación de la Consulta que pretende realizar el Gobierno con la Ley Nº 222 promulgada el 10 de febrero, en tanto busca solamente revertir la decisión tomada por los pueblos.

PETICIÓN

Ante la grave e inminente amenaza de que grupos de choque al servicio del Gobierno atenten contra la IX Marcha a su paso por San Ignacio de Mojos, por medio de esta ACCIÓN URGENTE solicitamos a la comunidad nacional e internacional dirigirse a las autoridades bolivianas exigiendo lo siguiente:

1.     Adoptar las medidas necesarias que permitan el libre tránsito por las carreteras del departamento del Beni, en especial la vía Trinidad-San Ignacio-San Borja, así como los caminos vecinales que conectan las comunidades con la población de San Ignacio de Mojos, garantizando la vida y la seguridad e integridad personal de quienes se están participando en la IX Marcha, y que se manifiesten pacíficamente, tal como ordena la Constitución Política del Estado boliviano y las convenciones internacionales en la materia.

2.     Proceder a los trámites legales para el procesamiento penal del Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, el Gobernador del Departamento del Beni, Haisen Rivera; el Subgobernador de la Provincia Mojos, Sixto Bejarano; el Alcalde de San Ignacio de Mojos, Basilio Nolvani; el presidente del Comité Cívico de San Ignacio de Mojos y secretario ejecutivo de la Central Obrera Regional de Mojos (COR), responsables de sembrar un clima de zozobra e intimidación contra la población indígena de la región y quienes participan de la IX Marcha.

3.     Conformarse a las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, las convenciones internacionales de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas, abrogando la Ley Nº 222/12 de 10 de febrero, por ser absolutamente contraria a los estándares internacionales de derechos humanos y la propia Carta Magna boliviana, restituyendo la plena vigencia de la prohibición de construir carreteras por el TIPNIS, tal como lo ordena la Ley Nº 180/11 de 24 de octubre.