Más allá de las circunstancias de una Marcha

Más allá de las circunstancias de una Marcha 

Por Iván Egido Zurita

A contrapelo, la historia, como economía, como política y como mito, se ofrece como algo centrado en la crisis. Es en la crisis que es algo actual porque la crisis es un resultado y no una preparación.

René Zavaleta, 1983

 

El conflicto generado por la construcción de la carretera que atravesaría el Territorio Indígena Parque Nacional Isboro Sécure (TIPNIS), cada día sorprende a todos los bolivianos, no por la permanente contradicción entre la práctica y discurso político del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), sino por la forma como los ministros y militantes de este partido han proyectado en ellos la imagen autorreferencial de sus caudillos, Evo Morales y Alvaro García Linera. Ahora sería inútil imaginar un MAS sin una referencia inmediata a estos dos líderes.

De imágenes e invención de enemigos

En efecto, en estos diez años de gran protagonismo político del MAS, este se ha mostrado con una estructura e ideología amorfos (sin forma). Esta condición puede explicarse desde distintas perspectivas, una de ellas es la composición de la militancia del partido.

Justamente, aunque el MAS surgió siendo un partido genuinamente campesino, en su recorrido hacia la toma y control del poder político, hizo un giro para convertirse en un partido que concentra la decisión en actores urbanos (muchos se han referido y analizado esto, cabe resaltar los trabajos del politólogo Herve Do Alto entre ellos).

Estos actores urbanos han surgido en su mayoría (por no decir casi en su totalidad) de dos vertientes: por un lado de las organizaciones no gubernamentales (ONG) afines al movimiento campesino e indígena, y por otro de los partidos de la vieja y nueva izquierda boliviana.

Estas personas que poco a poco han desplazado a los fundadores del partido (dirigentes campesinos la mayoría), han instaurado una acción política que tiene como una de sus principales características el juego de etiquetas (neoliberal, derechista, oligarca, entre los principales) como método de descalificación de sus adversarios políticos.

En los últimos años, y más concretamente meses, esas etiquetas, que hacen caer en desgracia a sus portadores, se ha ampliado a oenegístas. Situación que no parece incomodar a los protagonistas políticos antes funcionarios de ONG (ministros, asesores, etc.), que abandonan su propia identidad u origen para construir otra a imagen del Presidente Morales y su vicepresidente García Linera.

Siguiendo la tendencia, cabe esperar entonces que la siguiente etiqueta del enemigo será la de indigenista. En este caso tal vez quepa esperar que será el presidente Morales quién ceda su identidad para asumir otra más cercana a la imagen del vicepresidente. Esto allanaría el camino para el retorno al nacionalismo homogenizador de la revolución del 1952.

Solo en este contexto, se puede entender como el ministro Choquehuanca invoca la seguridad nacional para justificar el seguimiento de llamadas telefónicas, que en buen español es la intervención al derecho fundamental a la privacidad e intimidad. O la manera en que el ministro Delgadillo, que hace unos años afirmaba en sus escritos que era el tiempo de la gran oportunidad “para que los pueblos indígenas logren conocer las dimensiones, los límites y las condiciones de eficiencia de sus posibilidades (de su poder)” para revertir el problema de la colonialidad, cimentada en parte en la “violencia material y simbólica desplegada por el sector dominante”, y ahora sentencie que la marcha indígena tiene por objetivo la conformación de un partido político que haga frente al MAS, al igual que hiciera “Evo Morales y sus muchachos en su tiempo” (Opinión, 07.09.11).

La Norma constitucional y realidad normada

El beligerante rechazo que tuvo la Constitución Política del Estado (CPE) aprobada el año 2009, que solo se asemeja a la oposición que tuvo en su momento la Ley de Participación Popular, trae consigo otra paradoja: los que promocionaron la norma son afectados negativamente por la misma.

En efecto, cabe recordar que fue la Ley de participación popular, la que de manera sistemática consiguió romper con el monopolio u oligopolio de partidos políticos de gran tradición, basta citar solamente al MNR y el MIR, desplazándolos del campo político hasta casi su desaparición.

Ahora sucede algo similar con el MAS, pues el enemigo principal de su acción política resulta ser la CPE. Justamente, ante prácticas de tendencia hegemónica y monopartidistas se opone la imagen del Estado Plurinacional, y a prácticas autoritarias e verticales, se opone la ampliación de las formas de democracia y los derechos de los pueblos indígenas, de los que resalta la consulta previa.

Por ello, las propuestas del gobierno, para solucionar el conflicto se acercan cada vez más a la ilegalidad e ilegitimidad. No solo se ensayan todos los argumentos que otros gobiernos plantearon, en especial el de Gonzalo Sánchez de Lozada (que también intentó promover el proyecto carretero), sino que lo superaran en conservadurismo neoliberal (entiéndase liberal, en sentido económico para los más puristas). En efecto se escuchó entonces y se vuelve a escuchar decir: La prioridad nacional es el desarrollo y la vinculación física y económica de las regiones, o las rentas petroleras son la prioridad nacional, de eso vivimos, nada debe estar por encima de ello; o no hay ciudadanos de primera o segunda clase todos tienen el derecho a ser consultados. Cabe resaltar una de todas ellas, que superó con creces lo dicho por otros gobiernos: “García Linera rechazó la versión de que el Ejecutivo no hubiera avanzado en la ‘consulta previa’, ya que el año pasado el Presidente, en ocasión del aniversario de San Ignacio de Moxos, informó sobre la carretera y los dirigentes le habrían ‘aplaudido’, lo que para el Gobierno fue una señal de aprobación (Página siete, 10/08/2011)

En fin, este rancio conservadurismo, es totalmente legítimo, en una democracia basada en el pluralismo tal como establece CPE. Lo que no es legítimo es esconder esta posición ideológica en silogismos discursivos y estratagemas, propios de los gobiernos no-democráticos, como la intervención del derecho fundamental a la privacidad e intimidad de los ciudadanos, o la persecución y amedrentamiento de ciudadanos con grupos de choque. Mejor decir a viva voz lo que está detrás de su discurso, "It's the economy, stupid", tal como hiciera Bill Clinton durante su primera campaña electoral. Y lo que no es legal es desconocer abiertamente el mandato constitucional a la consulta previa, e intervenir derechos fundamentales básicos.

En este contexto, resulta una obviedad decir que los derechos fundamentales, contenidos en la Constitución Política del Estado (CPE), no son negociables, esa es una de sus principales características. Pues, estos derechos son el piso mínimo para la actuación del poder público y la convivencia de los ciudadanos. Pero hay que repetirlo.

También hay que repetir otra obviedad: que el poder público bajo ningún concepto u argumento, puede eludir, distorsionar o disminuir, el mandato constitucional, por ello existe una protección jurisdiccional, basada en la división de poderes y las garantías constitucionales.

Por ello resulta evidente que no se trata solo un conflicto entre pueblos indígenas y Gobierno, de esos hubo muchos y presumiblemente habrá más en el futuro. Se trata más bien de un caso típico de arbitrariedad. Por ello, la consecuencia de la resolución de este conflicto afectará significativamente a la futura relación gobierno – sociedad civil, si se seguirá interviniendo derechos fundamentales o no como parte de la gestión de poder del MAS.

¿Qué se consiguió hasta ahora con este conflicto?

Paradójicamente, este conflicto, ha producido una mayor identificación y apropiación de la sociedad boliviana con respecto a la carta constitucional aprobada en febrero de 2009. En efecto, los que antes se rasgaban las vestiduras por tener como derechos fundamentales, a los derechos especiales de los pueblos indígenas, ahora los defienden a capa y espada. EL gobierno del MAS, sin proponérselo (cómo la mayoría de los grandes logros históricos que alcanzó) hace la mejor de las campañas para promover los derechos indígenas.

Por ejemplo, el ministro Romero, ha conseguido sensibilizar sobre los derechos indígenas con su actuación de los últimos meses, más que lo que consiguió en su larga carrera profesional de más de 20 años como asesor de las organizaciones indígenas de tierras bajas, y de más de mil páginas publicadas sobre derechos indígenas, régimen agrario y teoría constitucional.