Marcha indígena: “Pedimos sumarse a todos los hermanos”

Marcha indígena: “Pedimos sumarse a todos los hermanos”

“Queremos denunciar públicamente lo que el presidente Evo Morales está haciendo contra nosotros, los marchistas y los pueblos indígenas. Queremos decir a toda la población, para que sepa y se manifiesten nuestros hermanos donde se encuentran, que esta noche los efectivos policiales quieren atacar a nosotros los marchistas. Queremos que todo el pueblo boliviano sepa cuál es la actitud del Presidente, porque nosotros estamos marchando por defender nuestro territorio, por hacer respetar nuestros derechos. Sepan que nos tienen como prisioneros en este momento, aquí en la comunidad de La Embocada”, dijo Yenny Suárez, presidenta del comité de marcha de esta octava caminata de los pueblos indígenas hacia la ciudad de La Paz. Hoy, un funcionario del gobierno advirtió a los marchistas que esta noche la Policía levantará el campamento, cargará a las y los indígenas en camiones con destino desconocido. Posiblemente se trate de otra estrategia del Palacio Quemado para intentar dar miedo a los marchistas, muchos de los cuales están con sus hijos pequeños. Esta noche, los indígenas convocaron a la población de todo el país a sumarse a la marcha y/o manifestar su solidaridad con, por ejemplo, el bloqueo de carreteras. Aunque ahora el gobierno nacional llama “vigilia” al bloqueo de carretera, como la realizada en Yucumo –a 20 kilómetros de donde está la marcha- por campesinos afines a Morales. Ellos, al igual que los 450 policías apostados en la zona, ya anunciaron que no permitirán el paso de los indígenas hacia La Paz mientras no renuncien a su protesta pacífica.

“Si el gobierno está mandando gente a Yucumo para que nos pare la marcha, nosotros pedimos sumarse a esta marcha a todos los hermanos para proteger los derechos de los pueblos indígenas y de la Madre Tierra. Pedimos que inmediatamente comiencen otras movilizaciones en todo el país, como el cierre de carreteras. Ya nos hemos cansado, hemos esperado pacientemente, pero no nos dan ninguna respuesta positiva hasta el momento”, dijo el guaraní Jorge Mendoza.

Hoy, efectivos de la Policía Nacional continuaron ejercitándose a diez kilómetros de donde está la marcha. En la zona de Limoncito, los uniformados se pararon delante de un puente para practicar cómo detendrían el paso de los marchistas. Llevaban escudos, cascos, gas pimienta, etcétera. “Sabemos que la Policía nos está esperando con sus escudos al frente. Eso es pues ya una señal de atropello. Anoche nos hemos tenido que amanecer aquí cuidándonos, porque todo el tiempo nos amenazan con que van a venir los campesinos de Yucumo o la Policía”, agregó Mendoza.

Ayer, los campesinos de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) realizaron un ampliado en el que determinaron concurrir a la comunidad La Embocada, donde está la marcha, “para hacer hablar a los intransigentes”, habían dicho. En la mañana, llegaron cuatro movilidades a la entrada de la comunidad. En ese momento apareció la Policía para mandarlos de nuevo a Yucumo. “Quizás fue un descuido”, dijo el policía encargado de mantener separados a los marchistas y a los bloqueadores (quise decir vigilantes) para evitar agresiones.

En La Embocada, contemplaron la escena como una actuación –bastante mala- de los grupos que no permiten el paso de la marcha hacia La Paz, distante a 350 kilómetros. Están convencidos de que la Policía permitió que las movilidades de los interculturales llegaran hasta la comunidad para “asustar” a las mil personas de la marcha. Y, claro, los uniformados aparecieron al final para restablecer el orden, con cierta pose de heroísmo apoteósico.

“Hemos hablado claro con el canciller (David Choquehuanca). Ayer dijimos que íbamos a esperar una respuesta a nuestras demandas. Lamentamos la actitud, porque ayer nos dice una cosa, hoy nos trae otro planteamiento (que una comisión de la marcha se reúna con el Presidente en La Paz). Aparte de eso, tenemos la presión de los hermanos que están en Yucumo. Y por otro lado la Policía, que todas las noches se mete en el campamento. Yo creo que ya saben dónde dormimos, qué hacemos, porque están así. La Policía está también aquí, entre nosotros, vestida de civil. Creo que estamos llegando al extremo y esperamos que mañana no tengamos un resultado crítico para nuestro país”, dijo Mendoza bajo un frondoso mangal que oficia de sala de reuniones de la octava marcha.

“Como pueblos indígenas siempre hemos exigido respeto a la Constitución, respeto a las normativas nacionales e internacionales, y eso se tiene que cumplir. No porque sea Evo Morales presidente también va a determinar las cosas que se hacen. Ya ha anunciado que va a estar en la comunidad Santo Domingo, del TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure) ¿Con qué objetivo? Para dividirnos a los pueblos indígenas”, afirmó el líder guaraní.

El gobierno nacional propuso a los marchistas que mandaran una comisión a La Paz para reunirse con el Presidente. Fue su última oferta. Pero “en nuestra asamblea se ha decidido que ninguna comisión vaya a La Paz”, comentó Mendoza.

Fernando Vargas Mosúa, presidente de la Subcentral de comunidades del TIPNIS, leyó una resolución de ese territorio. “A 30 días del comienzo de la macha, ante el anuncio del gobierno de iniciar el proceso de consulta en nuestros territorios, con el propósito de desmovilizarnos, de confundir a nuestros hermanos y cumplir un mero formalismo legal, emitimos la presente resolución”.

“El gobierno ha desplegado una campaña mediática de descalificación de nuestra movilización con variados calificativos, distorsionando nuestra plataforma de demandas con acusaciones temerarias hacia algunos dirigentes indígenas y la movilización de grupos de choque en las poblaciones que atraviesa nuestra marcha, con la intención de obligarnos a aceptar las condiciones que nos impone el gobierno en un falso diálogo, bajo presión”, dice uno de los párrafos.

“A pesar de estas campañas de descalificación, a pesar de las amenazas de grupos de choque progobierno, la marcha continúa avanzando y recibiendo el respaldo y adhesión de la sociedad civil de boliviana y de la opinión pública nacional e internacional, expresada en numerosas manifestaciones urbanas masivas, cartas de apoyo y solidaridad, resoluciones de respaldo de diferentes organizaciones sociales, campañas de apoyo solidario a favor de la marcha y de nuestra legítima demanda”, indica la resolución.

“El gobierno, en vez de dar solución al reclamo central de la plataforma de la marcha, mostrando alguna alternativa a la construcción de la carretera. ha planteado el desarrollo de un proceso de consulta ilegal, por desarrollarse de mala fe, fuera de tiempo y al no tener carácter vinculante, mientras la maquinaria de la empresa brasileña OAS -adjudicataria de la obra- continúa en pleno desmonte, abriendo brechas para la carretera, sabiendo que los procesos de consulta -de acuerdo a la legislación del Estado Plurinacional y los convenios internacionales- debe hacerse con carácter previo y de buena fe, buscando el consentimiento y respetando las estructuras organizativas naturales de los pueblos indígenas; principios que están siendo quebrantados, dado que los representantes naturales del territorio nos encontramos fuera de él, movilizados en la marcha”, dice el documento.

“Aunque las comunidades del TIPNIS, en un proceso de consulta rechacemos la mencionada carretera, el gobierno ha determinado que la consulta no tendrá un carácter vinculante. Es decir, esta decisión no será respetada por el gobierno, vulnerando así los artículos 2, el artículo 30 inciso 15 y el artículo 256 de la Constitución, el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas”, con rango de ley en Bolivia.

“Rechazamos el proceso de consulta ilegal que el gobierno del Estado Plurinacional está desarrollando con el único fin de cumplir un formalismo y justificar de forma unilateral su decisión de construir la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos”.

Por estos motivos, “exigimos al gobierno del Estado Plurinacional que se restituya nuestro derecho a la consulta previa, conforme lo establece la Constitución; que se realice de buena fe, sin presión, a través de normas y procedimientos propios, y que fundamentalmente se respete nuestra decisión”.

“Denunciamos ante los organismos nacionales e internacionales esta acción ilegal y de mala fe promovida por el gobierno, por lo que pedimos se adopten las medidas necesarias para garantizar nuestra vida y la integridad de las 69 comunidades indígenas de nuestro territorio”, dice la resolución.

Según Vargas, el Presidente “estaría llegando a Santo Domingo para lavar su imagen como gobierno del Estado Plurinacional, toda vez que ha venido vulnerando la normas y convenios internacionales, ahora la propia Constitución”.

“Denunciamos este carácter cobarde del presidente del Estado Plurinacional, don Juan Evo Morales Ayma, de utilizar la fuerza pública, de utilizar a los hermanos colonos contra nosotros. Eso lo hace porque ya no tiene capacidad de resolver un problema, entonces utiliza a la fuerza pública, utiliza a los propios hermanos para confrontarnos entre bolivianos”, dijo Vargas.

“Estamos decididos a continuar la marcha y lo vamos a hacer –siguió el dirigente mojeño-. Y el gobierno nacional demostrará su incapacidad si nos ataca con la fuerza pública. Estamos decididos a ir y llegar hasta donde corresponda, ya que el propio Presidente ha dicho que tiene las puertas abiertas a nosotros en la ciudad de La Paz”.

(Por Comisión de Comunicación)