01/07/2012.- Les presentamos el ejemplar Nº 67 del Boletín Informativo
de la IX Marcha Indígena: "Por la Defensa de la Vida y la Dignidad, los
Territorios Indígenas, los Recursos Naturales, la Biodiversidad, el
Medio Ambiente y las Áreas Protegidas, Cumplimiento de la C.P.E. y el
Respeto de la Democracia".
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| FOTO CEJIS |
LUEGO DE LA SEGUNDA INTERVENCIÓN PERPETRADA POR EL GOBIERNO
NACIONAL AL MOVIMIENTO INDÍGENA ORIGINARIO, LA GUARDIA DE LA IX MARCHA
INDÍGENA REALIZARÁ UN CONTROL ESTRICTO EN TODOS LOS PUNTOS DE LA COLUMNA
DE LA MARCHA A FIN DE IDENTIFICAR A LOS INFILTRADOS Y ENEMIGOS DEL
MOVIMIENTO INDÍGENA, A QUIENES JUZGARAN CON SUS PROPIAS NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS PROPIOS POR SUS ACTOS.
La IX Marcha Indígena se encuentra en estado de emergencia luego que la
segunda intervención perpetrada por el Gobierno Nacional al movimiento
Indígena fuera frustrado esta madrugada, todo esto como parte de la
estrategia de división y desmovilización de la IX Marcha Indígena
Originaria. El Gobierno Nacional a través del Ministro de Gobierno,
Carlos Romero, se reunió en horas de la tarde del día de ayer, sábado 30
de junio del presente año, con ex autoridades del Consejo Regional
T’simane-Mosetén (CRTM) que forma parte de la Central de Pueblos
Indígenas de La Paz (CPILAP), para firmar un “acuerdo programático” en
temas de salud, educación y telecomunicaciones. No obstante, el objetivo
era desmovilizar alrededor de 4 decenas de hermanos indígenas t’simanes
y mosetenes que participan de la movilización, y para ello, se
habilitaron 3 buses con capacidad para 20 personas, 4 camionetas de las
cuales 3 pertenecen a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y 7 vagonetas
cuyos tripulantes dirigían el operativo.
Anoche, aprovechando que la mayor parte de la Columna de la IX Marcha
Indígena se encontraba en la vigilia en puertas de la Vicepresidencia
del Estado Plurinacional, sobre la calle Ayacucho hasta donde se
encuentra el cerco policial que impide el paso de las y los marchistas a
la Plaza Murillo, funcionarios del Ministerio de Gobierno, agentes de
inteligencia y policías perpetraron un intento de intervención a la otra
parte de la Columna de la IX Marcha Indígena que se encuentra en el
monoblock de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), específicamente a
los hermanos indígenas del Consejo Regional T’simane-Mosetén(CRTM)
provenientes de Pilón Lajas.
Al promediar las 22:00 horas, Funcionarios del Ministerio de gobierno,
fueron detenidos preventivamente por la seguridad de la IX Marcha
Indígena en el interior del monoblock de la UMSA, esperando que lleguen
los fiscales de turno para interponerles una demanda por intento de
secuestro. Media hora después, llegaron los fiscales Claudia Pastén y
Tomás Monasterios para supuestamente conocer el caso, tomar
declaraciones a las y los marchistas y actuar de acuerdo a ley. Sin
embargo, ambos fiscales actuaron en coordinación con el Ministro de
Gobierno, Carlos Romero, y el Viceministro de Régimen Interior, Jorge
Pérez, y por lo tanto, solo procedieron a liberar a los funcionarios de
gobierno detenidos porque, según sus versiones, se los estaba
secuestrando. Los fiscales entregaron las llaves de la Camioneta a los
funcionarios del Ministerio de Gobierno, para que se retiraran del lugar
una vez fueron puestos en libertad.
En tanto, una comisión de la IX Marcha Indígena se dirigió hacia la
Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) para sentar la
respectiva denunciar. Sin embargo, su solicitud no fue aceptada. A las
02:30 de la madrugada, luego de reunirse con el Ministro de Gobierno
Carlos Romero y el Viceministro de Régimen Interior Jorge Pérez, los
Fiscales Claudia Pastén y Tomás Monasterios retornaron a las
inmediaciones del monoblock de la UMSA con el ya desconocido Presidente
del CRTM Juan Carlos Nate, sin informar a ningún dirigente de la IX
Marcha Indígena, que estaba presente, sobre sus intenciones de sacar y
trasladar a 40 indígenas del CRTM a sus comunidades de origen vía área.
Ante esta situación los dirigentes que encabezan la IX Marcha Indígena
intervinieron defendiendo a las y los indígenas del CRTM e interpelando
el accionar de los Fiscales.
Luego de haber retirado a los Fiscales de las inmediaciones del
monoblock de la UMSA, la seguridad de la IX Marcha Indígena constató la
presencia de 3 camionetas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)
parqueadas en la Av. Del Ejército y que participaban del operativo. A la
misma hora, se constató la presencia de tres flotas que esperaban en la
Av. del Poeta la llegada de los t’simanes y mosetenes para trasladarlos
al aeropuerto. A las cuatro de la mañana, luego que dichas movilidades
que participaban del operativo de desmovilización montado por el
Ministerio de Gobierno, fueron retiradas por la guardia de la IX Marcha
Indígena.
En ese sentido, el Comité de Marcha realizó una Asamblea de emergencia
para elaborar un pronunciamiento de la IX Marcha Indígena, mediante el
cual hacen pública la segunda intervención perpetrada por el gobierno nacional al movimiento indígena originario.
A través del documento señalan que el operativo estaba supervisado en
persona por Magaly Espinoza, Jefa de Gabinete del Ministro Romero, quien
se encontraba en cercanías de la UMSA para coordinar las acciones con
el Ministro de Gobierno, Carlos Romero, y el Viceministro de Régimen
Interior, Jorge Pérez. A esto suman la lamentable actuación de los
Fiscales Claudia Pastén y Tomás Monasterios quienes, además de rehusarse
a recepcionar la denuncia que quisieron interponer los dirigentes
indígenas, acudieron a las instalaciones del monoblock de la UMSA para
sacar a los funcionarios públicos detenidos y actuaron en complicidad
con el Ministro Romero y el Viceministro Pérez con el fin de desalojar a
los hermanos del CRTM.
Por otro lado, manifiestan que el acuerdo no fue autorizado ni
consultado con las regionales que forman parte de la columna de la IX
Marcha Indígena Originaria y menos aún con el Comité de Marcha que
dirige la movilización. Por lo tanto, el acuerdo suscrito por el
dirigente desconocido Juan Carlos Nate (CRTM) fue producto, según sus
propias declaraciones, del soborno y la presión a los que fue sometido
durante la reunión con el Ministro de Gobierno, Carlos Romero.
En este contexto, el Posicionamiento de la IX Marcha Indígena Originaria es el siguiente:
A pesar de este nuevo intento de intervención, secuestro y
desmovilización por parte del Gobierno Nacional a la IX Marcha Indígena,
a través de operadores que perciben salarios para cometer este tipo de
atentados, que no son otra cosa que “terrorismo de Estado”, la columna
de la Marcha ha determinado:
PRIMERO.Apoyar a los hermanos del CRTM quienes se
quedaron y se mantienen firmes en la ciudad de La Paz para presionar al
gobierno en el cumplimiento de la Plataforma de Demandas, donde se
inserta otro convenio programático que el gobierno nacional deberá
responder con cara al pueblo boliviano.
SEGUNDO.Desmentir categóricamente que se trate de una
firma de convenio voluntario, pues los hechos demuestran que los
hermanos del CRTM fueron presionados, sobornados y obligados a adoptar
esta decisión, a cambio de llevarlos de vuelta a sus comunidades y otras
prebendas ofrecidas. Esto tal como ha aclarado el Vicepresidente del
CRTM y el CPILAP en su conjunto.
TERCERO. Este hecho se ha valido de las condiciones y
la situación de la IX Marcha, donde algunos marchistas están en vigilia
en puertas de la Vicepresidencia y sobre la calle Ayacucho, por esa
razón los funcionarios de gobierno desplegaron el operativo en los
alrededores del monoblock de la UMSA donde se encuentran recibiendo
atención médica nuestras mujeres, niñas, niños y ancianos.
CUARTO.Denunciar que el grupo de funcionarios del
Ministerio Público que acompañaba a los Fiscales Claudia Pastén y Tomás
Monasterios tuvieron un comportamiento muy prepotente y alevoso, con el
propósito de generar reacciones de nuestros hermanos indígenas. La
Fiscal Pastén intentó sacar a las y los marchistas del CRTM sin
consultar nada, ni informando de sus intenciones, haciendo mal uso de
sus atribuciones y cometiendo los delitos de instigación pública a
delinquir, incumplimiento de deberes, agresiones y otros que están
definidos en el ordenamiento jurídico.
QUINTO.Denunciar que este hecho ocurrido, además
implicó la violación a la Autonomía Universitaria, pues ningún gobierno
puede utilizar los bienes de la Universidad para acciones que atenten
los derechos humanos y la dignidad de toda la población universitaria.
Pedimos en este caso respaldo de la FUL, de los docentes y facultades
comprometidas con nuestra lucha reivindicativa, además de que sean
nuestros hermanos universitarios quienes nos brinden protección
necesaria en caso de sufrir nuevos atentados.
SEXTO.Aclarar que la noche del 30 de junio ningún
marchista abandonó las instalaciones del monoblock de la UMSA y mucho
menos desertaron de la lucha vigente del movimiento indígena.
SÉPTIMO. Desmentir las notas de prensa de algunos
medios que han señalado que de 457 marchistas casi 250 se habrían ido,
pues el número de la columna de la Marcha asciende a más de mil
quinientas personas.
OCTAVO.Anunciar que de hoy en adelante realizarán un
control estricto en todos los puntos de la columna de la Marcha a fin de
identificar a los infiltrados y enemigos del movimiento indígena, a
quienes juzgaremos con nuestras normas y procedimientos propios por sus
actos.
Por lo tanto, despues de todoel sacrificio realizado por mujeres,
hombres, niños y ancianos a lo largo de esta IX Marcha, después de haber
sufrido el desprestigio, criminalización, persecución y amedrentamiento
al movimiento indígena por parte del gobierno del presidente Evo
Morales, de no recibir respuesta favorable a las cinco invitaciones de
diálogo sobre la Plataforma que incluye sus principales demandas, de la
actitud de desconocimiento de las estructuras del Movimiento Indígena,
deslegitimando sus demandas las cuales se encuentran enmarcadas en su
totalidad en la Constitución Política del Estado y ahora tras la segunda
intervención perpetrada por el Gobierno Nacional al movimiento indígena
originario, la IX Marcha Indígena, reafirmados en la libre
determinación de los pueblos, el estado de derecho de igualdad ante la
ley, la democracia y el respeto a sus derechos, ha decidido convocar
a todos los colectivos sociales a unirse a las acciones de defensa de
derechos que las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios mantendrán
hasta la consecución de sus objetivos, que son también los objetivos de
todo el pueblos boliviano.
| Boletín 67 (Domingo 1 de julio).pdf | |
| Boletín Nº 67.doc |
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