03/02/2012 (ERBOL).- Los habitantes del Territorio Indígena Parque
Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) acusan al gobierno de engañar con la
consulta porque es el principal interesado en la ejecución del tramo II
de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos en medio de la Tierra
Comunitaria de Origen (TCO).
“(Al gobierno) Para nada le interesa la consulta, sólo quiere que la
carretera pase por nuestro territorio sin importarle las consecuencias,
sin importarle el medio ambiente, los animales, ni siquiera nosotros le
interesamos. Su consulta es una mentira, es un engaño, por eso también
divide a los hermanos”, aseveró el corregidor de la comunidad
Gundonovia, Simón Noza, a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.
Para la principal autoridad de Concepción de Ichoa, Carlos Cayuba, el
gobierno los ilusionó con el compromiso de la ejecución de viviendas en
su población que se encuentra a orillas del río Ichoa, en el centro
mismo del TIPNIS, para el apoyo al proceso, de tal forma para el
indígena la consulta del gobierno nació deforme y amañada.
“(El gobierno) Siempre ha buscado convencernos a las malas, a la fuerza
y diciendo que iban a construir casas en nuestra comunidad, todo para
que apoyemos la consulta”, manifestó.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, señaló en
reiteradas ocasiones que la ayuda que llevaban para los indígenas del
Isiboro Sécure, después que se promulgó la Ley 222 que logró en febrero
la marcha del Consejo Indígena del Sur (Conisur), era responsabilidad
del gobierno del presidente Evo Morales y no se trataba de “prebendas”
para la consulta, como denunciaron indígenas.
El director de Consulta Previa del Ministerio del Interior del gobierno
de Colombia, Rafael Torrez, en su vista en julio a Bolivia, señaló que
en ese país se aplica la consulta a los indígenas sin la entrega de
“regalos”; ni antes, ni después del proceso porque es una forma de
intervenir en el consentimiento.
“Cuando es un tema de consulta no se permiten que hayan donaciones
directas a las comunidades para efectos antes de las consultas o para la
consulta porque eso interfiere en el consentimiento, interfiere en la
libre disertación del tema”, declaró Torrez a la Agencia de Noticias
Indígenas de Erbol.
El presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia
(CIDOB), Adolfo Chávez, dijo que se decidió en 2011 convocar a la VIII
marcha porque el gobierno no aplicó la consulta para la ejecución del
tramo II de la carretera Cochabamba-Beni en medio de la zona ecológica.
“Están establecidas en normas internacionales y la Constitución la
consulta a los pueblos indígenas y eso no lo hicieron para la carretera,
por eso se convocó a la VIII marcha porque las bases lo pidieron, los
hermanos del TIPNIS iban a ser los más afectados con la carretera y sus
tierras iban a ser avasalladas por los colonos, sobre eso no se les
consultaron”, declaró Chávez.
El vicepresidente, Álvaro García Linera, respondió a la demanda de los
indígenas que la consulta sólo se aplica para proyectos
hidrocarburíferos en su territorio y no así para la construcción de
carreteras. Pero tras la marcha del Conisur, que demandó inicialmente la
anulación de la Ley 180 de protección del Parque que logró la VIII
marcha, García cambió de opinión e indicó que debían aplicar la consulta
para el tramo dos a los tres peblos del TIPNIS.
El presidente de la Subcentral TIPNIS, Fernando Vargas, recordó que en
la movilización de 2011 buscaron el diálogo con el gobierno para definir
la consulta, hasta que en septiembre de ese año fueron reprimidos por
la Policía en Chaparina; que no los detuvo y llegaron a la sede de
gobierno pero esta vez pidiendo al Primer Mandatario que la vía no pase
por la TCO.
Gobierno decidirá sobre la carretera
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró que si en la consulta,
que se inició el fin de semana en el Parque, gana el “no a la carretera”
jurídicamente será el gobierno el que decida finalmente para su
construcción. Incluso indicó que buscarán la concertación con las
comunidades del Isiboro Sécure con las que no acordaron la aplicación
del proceso, que podría dar la apertura a un segundo proceso en el
TIPNIS.
El artículo 10 de la Ley 222 establece “Los acuerdos logrados en el
proceso de Consulta son de cumplimiento obligatorio para el Estado
Plurinacional y los pueblos indígena originario campesino
Mojeño-Trinitario, Chimane y Yuracaré”.
El gobierno dijo que para la consulta se logró una mayoría del 80 por
ciento de los pueblos del Parque. Mientras que el inciso romano IV del
protocolo indica que las comunidades que no participan en el proceso
deben sujetarse a la decisión de las poblaciones que son parte del
mismo.
“Es obligación de las entidades estatales responsables de la
realización del proceso de consulta, promover a través de todos los
mecanismos que considere necesario la participación de las comunidades
de los pueblos indígenas interesados, a través de las instancias de
información y notificación previstas en el presente Protocolo, debiendo
las comunidades que se abstengan de participar en el proceso respetar la
participación de las comunidades que hayan decidido llevar adelante el
proceso de consulta”, indica el documento.
Frente a este panorama Fernando Vargas señaló que la consulta es una
trampa, porque no fueron parte de la elaboración del protocolo, que sólo
fue trabajado con el Conisur y el directorio paralelo de la Subcentral
Sécure, por lo que protagonizan una resistencia en puntos estratégicos
del Parque para evitar que las brigadas consultivas pasen a la zona
ecológica, pues las comunidades de la Subcentral TIPNIS no concertaron
con el gobierno la ejecución del proceso como manda la sentencia
constitucional del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
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