02/08/2012(EL DIARIO).- El caso de la represión policial en Chaparina
podría quedar en la impunidad en criterio de la oposición nacional, tras
conocerse la determinación del Ministerio Público de rechazar las
denuncias contra el exministro de Gobierno, Sacha Llorenti y ya se han
anunciado impugnaciones al fallo judicial. El oficialismo, en tanto,
asume la explicación de la Fiscalía sobre la ruptura de mando que
llegaría hasta el exviceministro Marcos Farfán y el mando policial que
encabezó el operativo contra la marcha indígena.
La representante legal del Movimiento Sin Miedo (MSM) Aida Camacho,
recordó que existen dos proceso instaurados por esa tienda partidaria,
tanto por la represión en Chaparina como por el supuesto sobreprecio en
la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.
Reiteró que se aplicará la impugnación de las resoluciones emitidas
ante la Fiscalía Departamental, además cuestionó que se haya adelantado
criterios ante los medios de comunicación antes de notificar formalmente
a los demandantes.
Sobre el exministro de Gobierno, la abogada citó: “Seguramente el señor
Llorenti está aspirando a algún puesto, a algún cargo ya sea nacional o
internacional y por eso de manera imprevisible, totalmente ilegal
cuando no se hizo ningún acto investigativo se lo aparta del proceso de
investigación”, dijo.
El anuncio fue hecho el martes por la fiscal Betty Yañiquez y
oficializada ayer por la fiscal Patricia Santos quien explicó que las
evidencias apuntan a verificar la ruptura de mando e incluso una
contraorden para la intervención violenta en Chaparina.
“Hubo ruptura de mando desde el momento en que se dio la contraorden
que era de conocimiento del señor (Ex) Viceministro de Gobierno (Marco
Farfán), como era del representante de la Policía Nacional, de la
persona que estaba al mando en última instancia de (Oscar) Muñoz
Colodro, ex subcomandante de la Policía Boliviana de que no debía
verificarse la intervención”, aseguró.
Según el defensor del Pueblo, Rolando Villena, la Fiscalía no analizó
todos los antecedentes y debiera asumir con mayor responsabilidad el
caso y dejar en claro la participación o no de la exautoridad y
exactivista de derechos humanos.
“No estamos contra nadie, pero que Sacha Llorenti, en su
responsabilidades de ministro de Gobierno, no puede deslindar
responsabilidad en estos sucesos ya que él era la máxima autoridad
encargada de la seguridad ciudadana y de la Policía. El hecho de separar
a Sacha Llorenti no es una buena señal, si esto de alejarlo (del caso)
se consolidara sería un elemento más para que la impunidad continúe en
el país”, manifestó Villena.
Finalmente, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Antonio
Molina, dijo que la justicia actúa de forma imparcial y reiteró la
explicación de la fiscal Santos sobre la ruptura en la cadena de mando
aquel día 25 de septiembre de 2011 cuando 400 efectivos policiales
irrumpieron en el campamento de indígenas en Chaparina maniatando y
usando gases lacrimógenos contra los marchistas.
“La investigación está dando sus primeros resultados y en ese sentido
demuestra que las autoridades competentes no han sido responsables y a
futuro veremos con certeza quién ha sido la persona que ha dado la orden
correspondiente para la intervención. Aparentemente se rompió la cadena
de mando”, manifestó.
La diputada de Convergencia Nacional (CN) Norma Piérola, cuestionó el
fallo y aseguró que se trata de un encubrimiento para que Llorenti no
tenga problemas al asumir algún cargo jerárquico en el Ejecutivo. No
descartó la posibilidad de establecer un proceso contra la Fiscalía de
La Paz por presunto prevaricato.
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