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| FOTO CEJIS |
26/06/2012 (CEJIS).- La “IX Marcha Indígena por la Defensa
de la Vida y la Dignidad, los Territorios Indígenas, los Recursos
Naturales, la Biodiversidad, el Medio Ambiente y las Áreas Protegidas,
Cumplimiento de la C.P.E. y el Respeto de la Democracia” partió
el 27 de abril desde la ciudad de Trinidad – Beni con destino a la
ciudad de La Paz, sede de Gobierno, en procura de que el Estado revierta
su decisión de atravesar el Territorio Indígena y Parque Nacional
Isiboro Sécure (TIPNIS) con la construcción de la carretera Villa Tunari
– San Ignacio de Mojos. En ese sentido, lo que se exige es el
“cumplimiento y vigencia plena de la Ley Nº 180” (Punto 1.1 de la
Plataforma de Demandas IX Marcha Indígena) que declara al TIPNIS
“patrimonio sociocultural y natural, zona de preservación ecológica,
reproducción histórica y hábitat de los pueblos indígenas Tsimane’,
Yuracaré y Mojeño Trinitario, cuya protección y conservación son de
interés primordial del Estado Plurinacional de Bolivia” (Artículo 1 de
la Ley Nº 180) y establece que “la carretera Villa Tunari – San Ignacio
de Mojos, como cualquier otra, no atravesará el TIPNIS” (Artículo 3 de
la Ley Nº 180).
Del mismo modo, la Plataforma de Demandas de la IX Marcha Indígena en
el Punto 1.4 exige la “abrogación de la Ley Nº 222 de Consulta al
TIPNIS” porque ésta no ha sido consensuada con los pueblos indígenas
Mojeño Trinitario, Yuracaré y Tsimane’ que viven dentro del Territorio
Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), ni con las
organizaciones que representan a dichos pueblos indígenas, es más, dicha
ley transgrede las estructuras orgánicas, las normas y procedimientos
propios, la integralidad del territorio, y no reconoce la propiedad
colectiva del TIPNIS que tiene como titular del derecho a la Subcentral
TIPNIS.
A esto se suma la millonaria campaña que viene realizando hasta el día
de hoy el Gobierno Nacional, liderada por el Presidente Evo Morales
Ayma, sus ministros y las fuerzas armadas, a través de propagandas en
favor de la carretera y prebendalizando la Consulta; ingresando a cada
una de las comunidades del TIPNIS, ofreciendo ayuda material, documentos
de identidad, dotación de infraestructura, paneles solares y motores
fuera de borda.
Todo esto, por supuesto, para que los pobladores del TIPNIS apoyen la
construcción de la carretera por medio de su territorio. Al mismo
tiempo, el Gobierno Nacional ha impulsado sistemáticamente la creación
de organizaciones indígenas paralelas a las legalmente reconocidas con
la clara intención de debilitar al movimiento indígena de Bolivia,
valiéndose para este propósito de sectores sociales que constituyen hoy
en día el núcleo de su base social, es decir, interculturales (colonos),
cocaleros, campesinos, además de indígenas que viven fuera del TIPNIS y
habitantes de San Ignacio de Mojos que tienen en común el hecho de ser
promotores de la “Consulta” en el TIPNIS siempre que dé como resultado
la construcción de la carretera.
De esta manera, se han violado abiertamente normativas jurídicas
nacionales e internacionales que garantizan, entre otros derechos, el
derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, a una
Consulta Previa, Libre e Informada, y a la protección de sus territorios
para la preservación de sus vidas, sus culturas y sus prácticas
sociales, económicas, políticas y jurídicas.
En 60 días de movilización, la IX Marcha Indígena ha invitado al
diálogo al Gobierno Nacional en tres oportunidades; San Borja, Chaparina
y Caranavi, sin embargo, ni el Presidente Morales ni sus Ministros han
asistido a dichas invitaciones argumentando una serie de excusas que, en
definitiva, no aportan nada en la búsqueda de soluciones al conflicto.
Al contrario, el Gobierno Nacional en su afán de descalificar y
debilitar la IX Marcha que se apronta a ingresar a la ciudad de La
Paz, ha lanzado acusaciones en torno a las acciones realizadas por los
Policías, quienes se encuentran movilizados en ocho de los nueve
departamentos del país.
Este sector, bajo la consigna de “Liberación”, desde el pasado jueves
21 de junio, demanda un salario justo, similar al de las Fuerzas Armadas
de Bolivia, una jubilación de 100% de sus haberes, la creación de la
Defensoría del Policía y la modificación de la Ley 101: Ley de Régimen
Disciplinario de la Policía boliviana, a través de marchas, toma de
instituciones y quema de documentación.
En este contexto, ágilmente se hicieron públicas las aseveraciones
vertidas por el Vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García
Linera, y el Ministro de Gobierno, Carlos Romero, entre otros
funcionarios públicos, que señalaron el domingo 24 de junio y el lunes
25 de junio que habrían recibido “informes de inteligencia” que daban
cuenta que el amotinamiento de los suboficiales, sargentos, clases y
policías – y los destrozos que vienen ocasionando en diferentes unidades
policiales – sería parte de un “Plan TIPNIS” que consistiría en una
conspiración, digitada por los policías amotinados en coordinación con
la IX Marcha Indígena, con el propósito de dar un Golpe de Estado al
Presidente Morales.
No obstante, nada puede estar más alejado de la verdad, más aún si se
toma en cuenta la luctuosa represión y masacre que sufrió la VIII Marcha
Indígena por parte de la Policía Boliviana, el 25 de septiembre de 2011
en la localidad de Chaparina. Además, hasta el momento no hay ningún
responsable de la masacre de Chaparina, la justicia boliviana parece no
tener prioridad al respecto, y el Gobierno Nacional ha nombrado como
Comandante General interino de la Policía al Cnl. Víctor Santos
Maldonado, uno de los presuntos implicados en ese hecho.
Por lo tanto, los vínculos que forzadamente pretende establecer el
Gobierno Nacional entre los policías amotinados y la IX Marcha Indígena
no responden a la verdad ni tienen asidero alguno, al contrario, la
novena movilización indígena ha sido una movilización absolutamente
pacífica al igual que las anteriores ocho movilizaciones, en su
plataforma de demandas no se señala en ninguna parte sobre la
posibilidad de un Golpe de Estado, y el accionar del movimiento indígena
ha estado regido históricamente por el respeto a la democracia y a la
institucionalidad democrática.
A pesar de las vicisitudes que afrontó la IX Marcha Indígena en los más
de 600 kilómetros recorridos hasta Urujara, a 15 kilómetros de la Plaza
Murillo de La Paz, la columna de marchistas ha decidido permanecer en
esta localidad un día más, en tanto se de solución al conflicto con la
Policía, asimismo han realzado por cuarta vez la invitación al diálogo
al Presidente Morales, para este martes 26 de junio en procura de
establecer un “diálogo sincero y de cara al pueblo boliviano” en dicha
localidad.
Esta demostración de humildad y el férreo interés de la IX Marcha
Indígena para encontrar soluciones al conflicto a través de un diálogo
con el Gobierno Nacional, dejan sin efecto las inoportunas
intervenciones del Vicepresidente García Linera y el Ministro Romero las
cuales responden a la desgastada estrategia que viene desarrollando el
Gobierno Nacional para descalificar y deslegitimar a como dé lugar,
ahora, asociándolos y acusándolos de tener alianzas entre Policías y la
IX Marcha con las intenciones de digitar un “Plan TIPNIS” para un golpe
de Estado.
| LA IX Marcha Indígena no es parte del Plan Golpista..pdf |
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