Novena Marcha: "Las bases están ahorita con nosotros"

Foto CEJIS

27/04/2012.-Anoche, luego de que se definieran las comisiones para la Novena Marcha Indígena, las y los marchistas concentrados en Cáritas caminaron algunas cuadras en la oscuridad hasta la sede de la Central de los Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB), donde cenaron masaco de charque y plátano con dos pancitos por plato. Luego se fueron a dormir a una cama por última vez hasta nadie sabe cuándo. Porque mañana posiblemente descansarán en el suelo, cerca del río Mamoré, como había sucedido el 15 de agosto del año pasado. Otros indígenas fueron a entrevistas en programas televisivos, donde discutieron al aire con algunos de los políticos más fieles al Movimiento Al Socialismo (MAS), partido del presidente Evo Morales. La movilización partirá de Trinidad hoy viernes a las 14 horas.

“Muy buenas noches, queremos dar a conocer que la regional CPEMB está firme junto al TIPNIS en esta Novena Marcha. Otras regionales más se están incorporando y van a seguir sumándose. Mañana sí o sí la marcha va a salir. A primera hora están llegando más hermanos de las comunidades del TIPNIS, entonces ya con eso la marcha no tendría ningún problema para partir rumbo a la ciudad de La Paz. Pese a las dificultades que hay en el tramo de San Ignacio de Moxos, donde supuestamente hay un bloqueo. No creemos nada al Gobierno cuando dice que el bloqueo se ha suspendido. Cuando sepan que la marcha está cerca de San Ignacio de Moxos, pueden nuevamente bloquear. Pero no por eso vamos a bajar los brazos, nosotros vamos a continuar. Tenemos una sola posición: seguir adelante y llegar a la ciudad de La Paz”, dijo Rafael Guarena, secretario de Organización de la CPEMB.

En septiembre del año pasado, cuando la Octava Marcha se encontró con el bloqueo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) en Chaparina, las familias indígenas quedaron detenidas en una zona muy seca, lejos de poblaciones cercanas que pudieran ayudar con algo de agua para no desfallecer. Pero en el bloqueo de San Ignacio estarían en otro panorama, porque aún no acabó la temporada de lluvias en esta región.

“Cuando lleguemos al punto de bloqueo buscaremos alguna estrategia para pasar. No habrá nada imposible para nosotros como movimiento indígena. Vamos a seguir firmes porque es una decisión que hemos tomado. Por más que nos bloqueen en tres o cuatro puntos, no nos van a afectar en nada. Porque nosotros somos indígenas y uno de los apoyos que tenemos ahorita está en bajíos, curichis, lagos, arroyos. Hay bastante agua para proveernos y vamos a seguir adelante”, aseguró Guarena.

“Algunas regionales, algunos hermanos, algunos dirigentes han firmado acuerdos con el Gobierno nacional para no venir a marchar. Pero hay todavía dirigentes rescatables, no todos han firmado esos convenios. Y en el caso de la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), las bases ya están ahorita con nosotros. El pueblo Sirionó, que está afiliado a la CPIB, está acá. Agradecemos, felicitamos, aplaudimos a este pueblo valiente, que se reconoce excluido y marginado. Ellos están saliendo nuevamente por la carretera y lo mismo se van a plegar las bases de otras regionales”, dijo el dirigente de la CPEMB.

Durante la Octava Marcha, varios líderes lanzaban discursos implacables contra el gobierno de Morales. Pero en estos días organizan celebraciones para firmar papeles con el Órgano Ejecutivo. “Es algo doloroso ver a los hermanos que andaban con la misma camiseta que nosotros y ahora se dejan utilizar. Pero al margen de todo eso, las bases son lo importante. Y ellas siguen poniendo firme al movimiento indígena, y con las bases la CPEMB va a seguir luchando hasta donde llegue la fuerza. Agradecemos a quienes nos apoyan, jóvenes, jovencitas, señoras, ancianos, a todos, porque este es un solo equipo, esto ya no es sobre el TIPNIS, sino que esta Novena Marcha es a nivel nacional e internacional”, sostuvo Guarena.

“Una movilización ordinaria”

En el programa “No mentirás”, de PAT, se presentaron anoche tata Rafael Quispe, uno de los voceros de la marcha, y el plurifuncionario del MAS Carlos Romero, en este trance a cargo del Ministerio de Gobierno. Palabras más, palabras menos, reconoció que en el Órgano Ejecutivo habían encontrado rendijas para intentar desbaratar al movimiento indígena en octubre del año pasado, mientras negociaban en el Palacio Quemado la plataforma de demandas de la Octava Marcha.

“Habíamos advertido que esa ley (la 180, de protección del TIPNIS) no iba a resolver el problema, porque la ley propuesta presentada por legisladores de la CIDOB declaraba al TIPNIS intangible. Para hacer eso no habían consultado a sus bases, por eso ha habido resistencia de la Subcentral Sécure (actualmente dividida por el “Gobierno del Cambio”) y del CONISUR (Consejo Indígena del Sur del TIPNIS). Los indígenas, a través de sus organizaciones, se han acercado al Gobierno y se han establecido agendas programáticas. Días atrás, se ha hecho en el TIPNIS una consulta sobre el proyecto de protocolo de la ley 222, en el que han participado 40 corregidores, que representan a dos tercios del TIPNIS. Se ha querido posicionar que un sector (el indígena) iba a desarrollar una movilización estructural para generar una crisis de Estado. Pero en lugar de ello tenemos una movilización ordinaria, respetable para quienes la hayan promovido, pero que no tiene las características de las del año pasado”, dijo Romero satisfecho y algo nostálgico, como si él realmente hubiera apoyado la realización de la Octava Marcha Indígena.

Para Romero, la consulta en el TIPNIS según la ley 222 “se trata de un diálogo intercultural. Las comunidades van a ir expresando sus puntos de vista sobre esta problemática. Pueden elegir un posible camino para su vida colectiva, la construcción de un plan de vida colectiva, elegir si una carretera favorece o perjudica la vida colectiva de los indígenas. El Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) dice que la consulta debe realizarse ‘respetando normas y procedimientos propios’, respetando la dinámica que quieren imprimir las comunidades. La consulta no es una encuesta, es un gran consenso, un gran acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas del TIPNIS. Desde ese punto de vista, es una concertación intercultural”.

En su alocución edulcorada, el ministro Romero hizo gala de desconocer la historia reciente, más precisamente la de seis meses atrás. Cuando el vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera, dijo en conferencia de prensa que –según la Constitución boliviana- la consulta a los pueblos indígenas no se aplica si se trata de obras carreteras. Con menos argumentos pero más claridad, días antes el presidente Morales había asegurado ante medios de comunicación que la vía Villa Tunari-San Ignacio de Moxos se construiría “sí o sí”.

A su turno, tata Rafael Quispe dijo que aún persisten los bloqueos tramados por Juan Ramón Quintana (Ministro de la Presidencia) y otros avezados operadores del MAS en Quiquibey, La Embocada, San Borja y San Ignacio.

“No hay ningún bloqueo, la carretera Trinidad-La Paz está expedita. No hay bloqueo en San Borja, ni en Quiquibey ni cerca de Yucumo. Está despejada la ruta, lista, esperando al dirigente Quispe para que pueda con seguridad realizar su movilización”, dijo Romero.

Luego de aclararle que es exautoridad del CONAMAQ, Quispe dijo que el protocolo de consulta de la ley 222 “es neoliberal, está a favor del imperio. El ministro dijo que ha consultado sobre este protocolo a 40 corregidores, que serían dos tercios del TIPNIS. Así el Gobierno vulnera los derechos de los pueblos indígenas. Porque en los pueblos indígenas no se manejan los dos tercios ni la mayoría. Se maneja el consenso, sin consenso no se toma ninguna decisión. El Gobierno también vulnera los derechos de los pueblos indígenas al determinar un tiempo para la realización de la consulta; la jurisprudencia internacional señala que esa conversación con los pueblos indígenas no debe tener una limitación de tiempo. Hay casos en que la consulta se realiza en una semana, hay casos en los que toma seis años. Por ello, entre otros motivos, pedimos la anulación de la ley 222 y del Protocolo de Consulta. Aclaro una vez más que nadie está en contra de la carretera, nadie está en contra de la consulta, solamente pedimos que la carretera pase por fuera del TIPNIS y que la consulta vuelva a foja cero”.

El vocero del CONAMAQ dijo que había visto imágenes de los bloqueos desde San Ignacio hasta Quiquibey. Romero le respondió que “tal vez le han mostrado imágenes pasadas. Puede consultar el dirigente de la CIDOB (sic) que la carretera La Paz-Trinidad está absolutamente expedita, en eso soy categórico”.

El ministro continuó: “La consulta es un derecho de los pueblos indígenas que les permite definir su vida colectiva. Es paradójico que acusen al Gobierno de tener una actitud neoliberal o proimperialista, cuando lo único neoliberal aquí es que alguien se oponga a que los pueblos indígenas ejerzan sus derechos, tomen una definición sobre el proyecto carretero, eso me parece neoliberal, inverosímil, paradójico, que el señor Quispe haga esfuerzos para evitar que los indígenas hablen por sí mismos, que los indígenas del TIPNIS definan un futuro colectivo en el TIPNIS. Tienen derecho a la Libre Determinación, a expresarse”.

Según la idea de Romero sobre lo que es “neoliberal”, el Presidente y Vicepresidente de este país dieron muestras de serlo con sus declaraciones públicas de meses atrás (y muy sinceras) renuentes a respetar el derecho a la Consulta.

Al final de la entrevista, Romero hizo de cuenta que no le interesaba la Novena Marcha Indígena. “Somos muy respetuosos de la movilización, de los dirigentes, de los marchistas. Vamos a garantizar esa movilización, la respetamos, tienen derecho a hacerlo. Pero el tema del TIPNIS se va a resolver en el TIPNIS”, concluyó.

En el programa conducido por Jimena Antelo le pasaron el micrófono al tata Rafael. “Primero: el artículo 108 de la Constitución Política del Estado (CPE) dice que todo ciudadano debe conocer, cumplir y hacer cumplir la CPE. En función a ello, los pueblos indígenas de las tierras altas nos sumamos a esta movilización, porque usted sabe que si esta consulta se realizara violaría estos principios constitucionales y generaría jurisprudencia en el país. Y sobre lo que dijo que ‘garantiza’ la marcha, eso mismo nos dijo el sábado 24 de septiembre y el 25 masacraron a los pueblos indígenas en Chaparina. Si dice que garantiza la movilización, nos está diciendo que nos van a masacrar nuevamente”.

Como despedida, el aymara usó las cámaras para convocar a la población: “Hay que sumarse a la marcha. No es de pueblos indígenas, sino de todos los bolivianos, porque están en riesgo los derechos colectivos, está en riesgo la aplicación de la CPE, la construcción del Estado Plurinacional”. Para cerrar este segmento, la presentadora del programa mostró los resultados de una pregunta hecha al público: “¿Está usted de acuerdo con la realización de la Novena Marcha?”. Según su conteo, el 80 por ciento de los televidentes dijo que apoya la marcha, mientras el 20 por ciento la rechaza.

“Que no me pierda”

Pasando canales, en la Red Uno (“Que no me pierda”) confrontaron el diputado Pedro Nuny y la presidenta del Senado, la masista Gabriela Montaño. Era casi la medianoche.

“Mañana se inicia la Novena Marcha con la participación de varios sectores sociales. Esperamos la llegada a primera hora de varios hermanos del TIPNIS. Tuvimos serias dificultades para reunirnos porque no tenemos la logística del Gobierno. De todas maneras, nuestros hermanos de base están saliendo para poder ensolarse en esta Novena Marcha. Prácticamente ya todo está preparado. Se han conformado las comisiones, a la cabeza del Comité de Marcha; a la plataforma de demandas la estamos trabajando con los hermanos del CONAMAQ, y mañana estará todo listo para salir los kilómetros que correspondan a la primera jornada”, dijo Nuny, del pueblo Mojeño.

“Lamentablemente, cuando el ministro Romero anunció que se habían levantado los bloqueos a la marcha, gente en San Ignacio insistía con seguir haciendo bloqueos. Nos hemos enterado de que estos bloqueos han sido levantados con presencia policial. Sin embargo, sabemos que cuando la marcha se aproxime a San Ignacio nuevamente entrarán en bloqueo. Si los hermanos ignacianos no quieren que la marcha pase por sus calles o avenidas, vamos a ver la manera de pasar, pero no debería haber intento de persuadirnos, de fusilarnos y amenazarnos. Las carreteras en este país deben estar expeditas, es un derecho constitucional transitar, no debería pasar eso”, dijo Nuny.

Se apoderó de la palabra la senadora Montaño. “No creo que haya justificativo de fondo que impulse una Novena Marcha. Hay contradicciones difíciles de entender porque dicen que no están en contra de la consulta, pero piden la anulación de la ley 222, que habla de la consulta en el TIPNIS”. Para la asambleísta, la ley 222 es sinónimo de Consulta Previa, Libre e Informada. “Si no se está contra la Consulta Previa, Libre e Informada no se puede estar contra esta ley, que establece una consulta en el TIPNIS. Es una primera contradicción”.

“Segundo: antes de la aprobación de la ley 180, que defiende el diputado Pedro Nuny, se aprobó en la Asamblea esta otra ley (una muy similar a la 222), que hablaba en su artículo 3 de la suspensión del tramo 2 de la carretera y el inicio de la Consulta Previa. Si no se hubieran opuesto dirigentes de la CIDOB, ya hubiéramos concluido la Consulta. El 27 de septiembre del año pasado (dos días luego de que el Estado Plurinacional reprimiera con total impunidad a la Octava Marcha), llegó un comunicado de prensa del relator especial de las Naciones Unidas para Derechos Indígenas, James Anaya, en el que exhortó a que se inicie a la mayor brevedad una consulta de buena fe con los pueblos indígenas, a fin de conseguir una salida pacífica y tratar temas de fondo, como la carretera que atraviesa el TIPNIS (que en verdad hasta ahora no lo atraviesa) ¿Por qué oponerse a un proceso democrático, constitucional, que es la única salida pacífica y democrática al conflicto del TIPNIS? No lo comprendo”, dijo la senadora.

“Un último detalle más: hace una semana se anunció la anulación del contrato de construcción de los tramos uno y tres ¿Qué podríamos agregar? Si los pueblos indígenas del TIPNIS acudieran a cualquier organismo internacional sobre este tema, probablemente la respuesta sería: ‘Vayan a la consulta’, ‘el Estado boliviano garantiza la consulta’. En toda la jurisprudencia internacional, cada vez que un pueblo indígena ha sentido afectado su derecho a la Consulta se le dice al Estado ‘pare el proyecto y vaya a la consulta’. En el caso del TIPNIS, las obras ni siquiera se han iniciado (lo cual no es completamente cierto), se ha anulado el contrato (que en verdad hasta ahora no se anuló) ¿Cuál es el argumento para no ir a la consulta?”, se preguntó Montaño. Y Nuny contestó.

“¿Qué de buena fe tiene este proceso llevado por el Gobierno nacional, ratificado por la señora senadora? ¿Es de buena fe llevar a comunidades regalos, prebendas, con cooptación de dirigentes, presión con militares y policías persiguiéndonos? ¿Esto es buena fe para el Gobierno? La ley 222 ha sido promovida por el Gobierno inventándose la marcha del CONISUR, que no representa a la estructura del movimiento indígena. El resultado de la Octava Marcha había sido bastante claro al conseguir que el territorio se blinde y no vaya a ser afectado por este proyecto ni otro más. Respaldamos esto que se ha consolidado, que se haga un registro de todas las especies de fauna piscícola, forestal, la gran diversidad de este territorio. Pero ¿al Estado le interesa registrar todas las potencialidades de esta área protegida? Más le interesa hacer la carretera, deforestar, comenzar una nueva colonización. El Gobierno no quiere desviar a la carretera por los humedales, porque allí no van a poder plantar coca los colonizadores”, dijo Nuny.

Le tocó el turno a Montaño. “¿Cómo puedo yo creer que la marcha no tiene ninguna otra preocupación, si hace pocos meses veíamos a dirigentes de la CIDOB haciendo acuerdos con quienes en el pasado les pegaron, destruyeron la sede de la CIDOB? Ahora firmaron Adolfo Chávez con Rubén Costas, Justa Cabrera con Percy Fernández. Lo que no se puede es no decir la verdad ¿Qué otros intereses existen por detrás?”, se preguntó.

De acuerdo con el razonamiento de esta senadora, los indígenas de las regionales de la CIDOB tampoco deberían haber firmado acuerdos con el mismo Gobierno que seis meses atrás reprimió vilmente a una marcha pacífica cerca de Yucumo. Represión por la cual no hay señalado ni un responsable por la Justicia, actualmente obsecuente con el MAS.

Y además, el Gobierno nacional ha suscrito hartos acuerdos con el Gobernador de Santa Cruz y con el Alcalde de la capital cruceña. Actualmente en Beni, el MAS regentea el departamento asociado con Haisen Rivera, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Ciertamente, la alianza MAS-MNR no desagrada al expresidente por ahora prófugo Gonzalo Sánchez de Lozada.

El presentador del programa ofreció a Nuny “30 segundos” para cerrar el debate. “¿No es cierto, senadora, que antes de que empiece la discusión por el TIPNIS el MAS se había aliado con la Unión Juvenil Cruceñista (un entidad cuya actividad predilecta consistía en apalear indígenas), ahora el MAS se ha aliado con grandes empresarios de Santa Cruz, de La Paz. Ahora el Presidente defiende a la Repsol. Cambió su discurso, antes el Presidente fustigaba a las grandes transnacionales ¿Qué cree que ha pasado? ¿Por qué ese cambio radical, de 180 grados? Este Gobierno ya no defiende a los pueblos indígenas, ahora los castiga, los quiere liquidar. Alguien en este Estado plur”. En ese momento, dando muestras de poca educación, la senadora Montaño comenzó a hablar encima del diputado Nuny y ya nada se entendió de lo que intentaba decir el Mojeño.

Mañana comenzará la marcha a las 14 horas frente a la Catedral de la capital beniana, con la participación de la Organización de Mujeres Indígenas de Trinidad (OMIT), el Consejo Sirionó, la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de El Alto, la Federación Universitaria de la Universidad Mayor de San Simón (Cochabamba), Territorios en Resistencia y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, entre otras decenas de organizaciones indígenas y urbanas de Bolivia.

Comisión de Comunicación de la IX Marcha Indígena