Otro capítulo en el conflicto por el TIPNIS
Leonardo Tamburini*
La marcha es la medida más sacrificada, pero a la vez la más efectiva,
con la que cuentan los pueblos indígenas en su menú de opciones de
acción directa. Se dice que en Bolivia una marcha indígena nunca fue
derrotada por ninguna de las diferentes administraciones estatales de
turno. Por el contrario, sus logros inmediatos o estratégicos, en casi
todos los casos, terminaron impactando en la agenda política del país.
Gran parte del nuevo texto constitucional se debe a las movilizaciones
indígenas, que recoge una buena cantidad de sus demandas históricas, y
contiene, además, la hoja de ruta de cambio y transformación para las
próximas generaciones.
Sin embargo, el poner a rodar la nueva estructura institucional y hacer
realidad los avances logrados en la norma, se está volviendo una
empresa casi revolucionaria. Las permanentes regresiones en la
legislación de desarrollo, así como en las medidas de implementación de
la Constitución, ha ocasionado la paradójica situación de que el
movimiento más identificado con el Estado Plurinacional en términos
teóricos e históricos se haya convertido, en este momento, en el enemigo
principal del operador de los mandatos de la Constitución: el Gobierno y
los demás poderes constituidos. El caso de la construcción de la
carretera por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure
(TIPNIS) es el reflejo más evidente de esa tensión. La convocatoria a la
IX marcha indígena, a sólo seis meses de concluida la anterior,
responde a la evidente profundización de la línea regresiva
constitucional, expresada en los términos crudos en la Ley 222 (de
consulta previa).
La aprobación de esa normativa es el detonante de la marcha, en tanto
el principal logro de la anterior movilización, la prohibición de
construir la carretera por el TIPNIS, pretende ser revertido con la
aplicación de la indicada reglamentación. Esta norma está sirviendo
también para justificar el aparatoso despliegue gubernamental en Beni,
apoyado por las instancias municipales y regionales, en una abierta y
sistemática campaña de compra de la decisión de aceptación de la
construcción de la carretera. En ese sentido, se vienen multiplicando
las entradas al TIPNIS acompañadas de brigadas de salud, carnetización,
víveres, motores de agua, semillas y grandes promesas de “desarrollo”.
Sin embargo, la recepción de estas dádivas están condicionadas al
compromiso de que acepten la consulta y, por tanto, la construcción de
la vía, así como el de no acompañar la IX marcha indígena.
La decisión de marchar asumida por los indígenas encuentra
justificación día tras día. Un ejemplo de ello es la aprobación
inconsulta del protocolo de implementación de la Ley 222, trabajado de
manera reservada a los directos interesados. El documento expone, con
todas las letras, que los indígenas no se podrán oponer a la carretera.
En efecto, la encuesta, que a título de protocolo se practicará en lo
que el Gobierno ha llamado consulta, impide que los pueblos del TIPNIS
ratifiquen en ese proceso su decisión negativa respecto de la vía.
Es decir, el protocolo tiene por objeto y contenido buscar la mejor
opción ambiental, social y cultural para que la carretera se construya
atravesando el TIPNIS. Cualquiera de los criterios que expresen los
consultados, el resultado será el mismo: la vía atravesará
irremediablemente el TIPNIS. Sin la participación de las organizaciones
representativas, con la inclusión de terceros que han renunciado a sus
derechos colectivos a decidir sobre el territorio y en aplicación de un
proceso que no toma en cuenta las instancias sociales y culturales
propias de decisión, y viola expresamente los postulados mínimos que
rigen nacional e internacionalmente el consentimiento libre previo e
informado.
De paso, tanto la ley como su protocolo despojan a la Subcentral
TIPNIS la titularidad de la administración compartida del parque y del
poder de decisión sobre su territorio en tanto propietarios privados de
esas tierras colectivas, puesto que la encuesta prevé la participación
de las comunidades y otras instancias definidas, en franco
desconocimiento de las estructuras tradicionales de los pueblos. Además,
los procedimientos y normas propios son violentados por esta norma de
manera unilateral.
Finalmente, en este “protocolo” figura la prohibición expresa de que se
monitoreen los talleres y no se difunda ninguna información hasta que
el Órgano Electoral emita el “resultado” de la consulta. Es decir, la
decisión será fruto de un desigual proceso de “acuerdo” entre todo el
aparato estatal frente a las comunidades despojadas de sus
organizaciones, sus técnicos, obligados a aplicar un documento que no
conocen y en absoluta indefensión frente al principal interesado de
voltear la decisión que ellos mismos han tomado y el Estado no quiere
reconocer.
A semejante atropello se le suma la estrategia de la prebenda y
cooptación de dirigentes de las organizaciones regionales de la Central
de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), que busca detener la IX marcha
o, al menos, restarle representatividad y legitimidad. Habrá que ver el
25 de abril si esa estrategia combinada tiene los resultados esperados
por el Gobierno. De todos modos, lo que refleja tal acción es que
estamos todavía lejos de que el Ejecutivo asuma genuinamente el reto de
construir el Estado Plurinacional.
*Leonardo Tamburini es Director Ejecutivo de CEJIS.
Artículo publicado el 22 de abril de 2012 por el diario La Razón, suplemento Animal Político:http://www.la-razon.com/suplementos/animal_politico/Gobierno-indigenas-preparando-IX-Marcha_0_1600040030.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario