El vicepresidente García ha mostrado, en un reciente discurso de fervorosa salutación a la marcha del Conisur, que tiene una comprensión muy sui géneris de la historia del continente, pues ha calificado de “malinches” a los indígenas que marcharon en defensa del TIPNIS.
Estos comunarios, según lo acreditan varios estudios libres de toda sospecha política y mucho antes de esta conflictiva coyuntura, fueron, entre los pueblos indígenas de la actual Bolivia, los que quizá tuvieron más éxito en resistir el largo y devastador proceso de la colonización y en preservar sus formas de vida, su identidad y su territorialidad ancestrales. Por eso mismo, no es casual que fueran ellos, con la marcha por el territorio y la dignidad de 1990, quienes conquistaran el reconocimiento de los territorios y los derechos indígenas en Bolivia.
Desde entonces, siempre merced a su lucha y su iniciativa comunitaria autónoma, han logrado que el Isiboro Sécure, en tanto su territorio histórico, sea titulado como Tierra Comunitaria de Origen (TCO) en su favor, y han sabido preservar ese derecho territorial de la creciente y despiadada presión de los actores externos. Como el mismo Gobierno solía destacarlo, antes de adoptar la política de la calumnia contra el movimiento indígena, su participación en la gestión del parque nacional fue ejemplar.
Pero para el Vicepresidente del Estado Plurinacional, estos indígenas son parangonables a la “Malinche”, la amante indígena que ayudó a Hernán Cortez a conquistar México. Tan nefasto personaje, bajo el Gobierno “indígena” que encabeza García, no merecería menos que ser gasificado, amordazado, maniatado y subido a golpes al bus que lo borre del mapa. Todo “por su propia seguridad”, por supuesto.
Para el mismo García, los “verdaderos indígenas” son los de Conisur, los que “viven en el TIPNIS” según varios otros voceros gubernamentales. Es bueno saber, sin embargo, que Conisur representa a 15 de las 64 comunidades indígenas asentadas en el área del parque. Es aquella parte de la población yuracaré que cuando se produjo el masivo avasallamiento cocalero de su territorio en los años 80, a diferencia de la otra y mayor parte que prefirió replegarse selva adentro para preservar su libertad y su forma de vida, optó por permanecer allí y experimentó, con rápida gradualidad, una plena asimilación social, económica y organizativa a la población colonizadora.
Debido a ello, estas comunidades indígenas están integradas a la dominante economía de la coca, y están afiliadas a la organización sindical de los colonizadores. Mucho más revelador aun del profundo grado de su asimilación es que renunciaron a su territorialidad tradicional y a la ocupación comunitaria de la tierra, bases de la cosmovisión, identidad y organización social indígenas. Por eso mismo, no son parte de la TCO y, salvo una de ellas, han optado por la titulación individual y parcelaria de la tierra, de acuerdo con la voluntad y expectativas mercantiles de los sindicatos colonizadores que integran. En rigor de los hechos, tampoco son parte del parque nacional, pues si bien el área de su asentamiento es formalmente parte de éste, no está integrada a su gestión y en ella no se cumplen ni las más básicas normas de protección de la vida silvestre.
El Vicepresidente tiene también problemas para apreciar las proporciones de la realidad. En su enfurecido libro contra el “oenegismo derechista”, a tiempo de atribuirles a las ONG la autoría de la VIII marcha indígena, la considera como una “pequeña marcha”. Si esa marcha que motivó el activo apoyo de la gran mayoría de la sociedad boliviana y movilizó un millón de personas a su llegada a La Paz era pequeña, me pregunto qué será la de Conisur, con la que el Gobierno, más candoroso que cínico, se autodemanda la retractación del compromiso que asumió frente al movimiento indígena y la sociedad boliviana toda, con la ley de protección del TIPNIS y su reglamentación.
Lo que se vio a su llegada a Cochabamba, donde más respaldo podía recibir y pese al ardoroso apoyo de los máximos líderes de la “revolución” en persona, fue una pequeña, escuálida, solitaria y triste columna en la que unos 200 indígenas del Conisur eran seguidos por el doble de militantes masistas y funcionarios públicos, en medio de calles y plazas que la indiferencia ciudadana dejó desiertas.
Pareciera que el vicepresidente García, en un inconsciente impulso de retorno a la realidad, está buscando que una IX marcha indígena le devuelva el cabal sentido de la historia y de las proporciones de la movilización social. Faltaría saber si asumiría el respectivo costo político.
Alejandro Almaraz fue viceministro de Tierras del MAS.
Estos comunarios, según lo acreditan varios estudios libres de toda sospecha política y mucho antes de esta conflictiva coyuntura, fueron, entre los pueblos indígenas de la actual Bolivia, los que quizá tuvieron más éxito en resistir el largo y devastador proceso de la colonización y en preservar sus formas de vida, su identidad y su territorialidad ancestrales. Por eso mismo, no es casual que fueran ellos, con la marcha por el territorio y la dignidad de 1990, quienes conquistaran el reconocimiento de los territorios y los derechos indígenas en Bolivia.
Desde entonces, siempre merced a su lucha y su iniciativa comunitaria autónoma, han logrado que el Isiboro Sécure, en tanto su territorio histórico, sea titulado como Tierra Comunitaria de Origen (TCO) en su favor, y han sabido preservar ese derecho territorial de la creciente y despiadada presión de los actores externos. Como el mismo Gobierno solía destacarlo, antes de adoptar la política de la calumnia contra el movimiento indígena, su participación en la gestión del parque nacional fue ejemplar.
Pero para el Vicepresidente del Estado Plurinacional, estos indígenas son parangonables a la “Malinche”, la amante indígena que ayudó a Hernán Cortez a conquistar México. Tan nefasto personaje, bajo el Gobierno “indígena” que encabeza García, no merecería menos que ser gasificado, amordazado, maniatado y subido a golpes al bus que lo borre del mapa. Todo “por su propia seguridad”, por supuesto.
Para el mismo García, los “verdaderos indígenas” son los de Conisur, los que “viven en el TIPNIS” según varios otros voceros gubernamentales. Es bueno saber, sin embargo, que Conisur representa a 15 de las 64 comunidades indígenas asentadas en el área del parque. Es aquella parte de la población yuracaré que cuando se produjo el masivo avasallamiento cocalero de su territorio en los años 80, a diferencia de la otra y mayor parte que prefirió replegarse selva adentro para preservar su libertad y su forma de vida, optó por permanecer allí y experimentó, con rápida gradualidad, una plena asimilación social, económica y organizativa a la población colonizadora.
Debido a ello, estas comunidades indígenas están integradas a la dominante economía de la coca, y están afiliadas a la organización sindical de los colonizadores. Mucho más revelador aun del profundo grado de su asimilación es que renunciaron a su territorialidad tradicional y a la ocupación comunitaria de la tierra, bases de la cosmovisión, identidad y organización social indígenas. Por eso mismo, no son parte de la TCO y, salvo una de ellas, han optado por la titulación individual y parcelaria de la tierra, de acuerdo con la voluntad y expectativas mercantiles de los sindicatos colonizadores que integran. En rigor de los hechos, tampoco son parte del parque nacional, pues si bien el área de su asentamiento es formalmente parte de éste, no está integrada a su gestión y en ella no se cumplen ni las más básicas normas de protección de la vida silvestre.
El Vicepresidente tiene también problemas para apreciar las proporciones de la realidad. En su enfurecido libro contra el “oenegismo derechista”, a tiempo de atribuirles a las ONG la autoría de la VIII marcha indígena, la considera como una “pequeña marcha”. Si esa marcha que motivó el activo apoyo de la gran mayoría de la sociedad boliviana y movilizó un millón de personas a su llegada a La Paz era pequeña, me pregunto qué será la de Conisur, con la que el Gobierno, más candoroso que cínico, se autodemanda la retractación del compromiso que asumió frente al movimiento indígena y la sociedad boliviana toda, con la ley de protección del TIPNIS y su reglamentación.
Lo que se vio a su llegada a Cochabamba, donde más respaldo podía recibir y pese al ardoroso apoyo de los máximos líderes de la “revolución” en persona, fue una pequeña, escuálida, solitaria y triste columna en la que unos 200 indígenas del Conisur eran seguidos por el doble de militantes masistas y funcionarios públicos, en medio de calles y plazas que la indiferencia ciudadana dejó desiertas.
Pareciera que el vicepresidente García, en un inconsciente impulso de retorno a la realidad, está buscando que una IX marcha indígena le devuelva el cabal sentido de la historia y de las proporciones de la movilización social. Faltaría saber si asumiría el respectivo costo político.
Alejandro Almaraz fue viceministro de Tierras del MAS.
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