miércoles, 25 de abril de 2012

Gobierno e indígenas, preparando la IX Marcha

Otro capítulo en el conflicto por el TIPNIS

Leonardo Tamburini*

La marcha es la medida más sacrificada, pero a la vez la más efectiva, con la que cuentan los pueblos indígenas en su menú de opciones de acción directa. Se dice que en Bolivia una marcha indígena nunca fue derrotada por ninguna de las diferentes administraciones estatales de turno. Por el contrario, sus logros inmediatos o estratégicos, en casi todos los casos, terminaron impactando en la agenda política del país. Gran parte del nuevo texto constitucional se debe a las movilizaciones indígenas, que recoge una buena cantidad de sus demandas históricas, y contiene, además, la hoja de ruta de cambio y transformación para las próximas generaciones.
Sin embargo, el poner a rodar la nueva estructura institucional y hacer realidad los avances logrados en la norma, se está volviendo una empresa casi revolucionaria. Las permanentes regresiones en la legislación de desarrollo, así como en las medidas de implementación de la Constitución, ha ocasionado la paradójica situación de que el movimiento más identificado con el Estado Plurinacional en términos teóricos e históricos se haya convertido, en este momento, en el enemigo principal del operador de los mandatos de la Constitución: el Gobierno y los demás poderes constituidos. El caso de la construcción de la carretera por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) es el reflejo más evidente de esa tensión. La convocatoria a la IX marcha indígena, a sólo seis meses de concluida la anterior, responde a la evidente profundización de la línea regresiva constitucional, expresada en los términos crudos en la Ley 222 (de consulta previa).
La aprobación de esa normativa es el detonante de la marcha, en tanto el principal logro de la anterior movilización, la prohibición de construir la carretera por el TIPNIS, pretende ser revertido con la aplicación de la indicada reglamentación. Esta norma está sirviendo también para justificar el aparatoso despliegue gubernamental en Beni, apoyado por las instancias municipales y regionales, en una abierta y sistemática campaña de compra de la decisión de aceptación de la construcción de la carretera. En ese sentido, se vienen multiplicando las entradas al TIPNIS acompañadas de brigadas de salud, carnetización, víveres, motores de agua, semillas y grandes promesas de “desarrollo”. Sin embargo, la recepción de estas dádivas están condicionadas al compromiso de que acepten la consulta y, por tanto, la construcción de la vía, así como el de no acompañar la IX marcha indígena.
La decisión de marchar asumida por los indígenas encuentra justificación día tras día. Un ejemplo de ello es la aprobación inconsulta del protocolo de implementación de la Ley 222, trabajado de manera reservada a los directos interesados. El documento expone, con todas las letras, que los indígenas no se podrán oponer a la carretera. En efecto, la encuesta, que a título de protocolo se practicará en lo que el Gobierno ha llamado consulta, impide que los pueblos del TIPNIS ratifiquen en ese proceso su decisión negativa respecto de la vía.
Es decir, el protocolo tiene por objeto y contenido buscar la mejor opción ambiental, social y cultural para que la carretera se construya atravesando el TIPNIS. Cualquiera de los criterios que expresen los consultados, el resultado será el mismo: la vía atravesará irremediablemente el TIPNIS. Sin la participación de las organizaciones representativas, con la inclusión de terceros que han renunciado a sus derechos colectivos a decidir sobre el territorio y en aplicación de un proceso que no toma en cuenta las instancias sociales y culturales propias de decisión, y viola expresamente los postulados mínimos que rigen nacional e internacionalmente el consentimiento libre previo e informado.
De paso, tanto la ley como su protocolo despojan a la Subcentral    TIPNIS la titularidad de la administración compartida del parque y del poder de decisión sobre su territorio en tanto propietarios privados de esas tierras colectivas, puesto que la encuesta prevé la participación de las comunidades y otras instancias definidas, en franco desconocimiento de las estructuras tradicionales de los pueblos. Además, los procedimientos y normas propios son violentados por esta norma de manera unilateral.
Finalmente, en este “protocolo” figura la prohibición expresa de que se monitoreen los talleres y no se difunda ninguna información hasta que el Órgano Electoral emita el “resultado” de la consulta. Es decir, la decisión será fruto de un desigual proceso de “acuerdo” entre todo el aparato estatal frente a las comunidades despojadas de sus organizaciones, sus técnicos, obligados a aplicar un documento que no conocen y en absoluta indefensión frente al principal interesado de voltear la decisión que ellos mismos han tomado y el Estado no quiere reconocer.
A semejante atropello se le suma la estrategia de la prebenda y cooptación de dirigentes de las organizaciones regionales de la Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), que busca detener la IX marcha o, al menos, restarle representatividad y legitimidad. Habrá que ver el 25 de abril si esa estrategia combinada tiene los resultados esperados por el Gobierno. De todos modos, lo que refleja tal acción es que estamos todavía lejos de que el Ejecutivo asuma genuinamente el reto de construir el Estado Plurinacional.

*Leonardo Tamburini es Director Ejecutivo de CEJIS.
Artículo publicado el 22 de abril de 2012 por el diario La Razón, suplemento Animal Político:
http://www.la-razon.com/suplementos/animal_politico/Gobierno-indigenas-preparando-IX-Marcha_0_1600040030.html

Desde la comisión de comunicación:

25/04/2012.-

Desde la comisión de comunicación:


1. Hay cuatro puntos de bloqueo hacia San Ignacio, uno al salir de Trinidad, dos en Algodonal por donde se daban la vuelta los ATLs para llegar a las cercanías de San Ignacio, tres al salir de san Ignacio rumbo a San Borja y otra más allá. Hay zanjas, hechas con maquinaria estatal, pues todo incentivan públicamente las autoridades locales desde el subgobernador, alcalde y mismo gobernador. Hay montañas de tierra y unos troncos seguro "milenarios" que fueron tumbados para poner encima, pues son gruesos.

2. La antena instalada en Gundonovía, NO SIRVE para las llamadas, con suerte salen mensajes de texto, eso comprobado.

3. Las comunidades siguen atravesando por una situación de inundación, hoy sale una lista actualizada con el grado y cuáles están inundadas.

4. La Asamblea de la CPILAP decidió dar 10 días de plazo al gobierno para que cumpla con el convenio, caso contrario se suman....varios representantes de los pueblos del norte de La Paz, dicen que las bases no reconocen este plazo y que plantean acompañar la movilización...están viajando varios.

5. TODAVÍA NO CONFIRMADA. Ayer llegó JRQ a San Pablo del Isiboro y hoy pretenden inaugurar la posta de salud de San Pablo del Isiboro, con presencia de Evo.

6. Está saliendo gente de las comunidades...se organizaron para que quede población que defienda el territorio y otra que salga a la marcha...dicen que no se dejarán aunque les cueste la vida.

Eso es todo por ahora.

martes, 24 de abril de 2012

AMNISTÍA INTERNACIONAL

AMNISTÍA INTERNACIONAL
Declaración Pública
24 de abril de 2012
Bolivia: las autoridades deben asegurar el derecho a reunión pacífica, a la libertad de expresión y a la libre circulación de las personas  


Amnistía Internacional
hace un llamado a las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia a asegurar el libre ejercicio del derecho a reunión pacífica, a la libertad de expresión y a la libre circulación de las personas. La organización mira con preocupación el bloqueo de vías en San Ignacio de Moxos, departamento de Beni, por parte de quienes apoyan la construcción de la carretera por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). El bloqueo busca impedir la llegada de los indígenas que rechazan la construcción de la carretera por el TIPNIS a Chaparina para dar inicio a la IX marcha Indígena.

La organización ha tomado conocimiento de que quienes están bloqueando las rutas estarían   obligando a vecinos a sumarse a la medida e impidiendo el paso tanto de vehículos como de personas a pie, entre ellos, los marchistas. Esto afecta el derecho de reunión y circulación, que el Estado tiene el deber de proteger. Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades a hacer respetar el derecho de reunión pacífica y a garantizar la seguridad de las personas que tienen previsto formar parte de la IX marcha Indígena.


Asimismo, la organización ha tomado conocimiento de vulneraciones a la libertad de expresión. Es preocupante la información del atentado a una radio comunitaria, Arrairu Sache, en San Ignacio de Moxos el 22 de abril por informar sobre la IX marcha Indígena. El director de la emisora habría sido agredido y se habrían confiscado documentos. Amnistía Internacional llama a las autoridades a garantizar el derecho a la libertad de expresión y a realizar una investigación exhaustiva, pronta e imparcial sobre los hechos ocurridos a fin de asegurar que los responsables respondan ante la justicia.  


La autoridad ha señalado que de no desbloquearse la carretera intervendrá la fuerza pública. Amnistía Internacional recuerda a las autoridades que las fuerzas de seguridad deben actuar de forma responsable y asegurar que todos puedan ejercer sin riesgo su derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. La organización reconoce el deber del estado de mantener el orden público, pero esto no debe hacerse utilizando la fuerza salvo que sea estrictamente necesario y, aun en este caso, en el menor grado posible que exijan las circunstancias respetando los principios de proporcionalidad y necesidad como es requerido por el derecho internacional de derechos humanos.


Este llamado es particularmente relevante tras lo ocurrido el pasado 25 de septiembre cuando la policía intervino la VIII marcha Indígena a su paso por la localidad de Yucumo haciendo un uso excesivo de la fuerza. Las autoridades argumentaron en su momento que el objetivo de la policía era proteger a los marchistas de grupos opositores a la marcha que bloqueaban el camino. Sin embargo, las fuerzas de seguridad reprimieron con violencia a los integrantes de la marcha. Amnistía Internacional lamenta que las investigaciones por lo sucedido el 25 de septiembre no hayan avanzado hasta la fecha y los hechos se mantengan en la impunidad.


En marzo pasado una delegación de Amnistía Internacional visitó el Estado Plurinacional de Bolivia para abordar la situación de los derechos humanos en el país, especialmente la situación de los pueblos indígenas, con autoridades, organizaciones de la sociedad civil y representantes del movimiento indígena.


La organización sigue de cerca el desarrollo del conflicto del TIPNIS y hace un llamado a las autoridades a hacer primar el estado de derecho y asegurar a la población el ejercicio real y efectivo de los derechos humanos, como son el derecho a reunión, libertad de expresión y libre circulación.  

Equipo de América del Sur Americas Programme/Programa América Amnesty International/Amnistía Internacional 1 Easton Street London WC1X 0DW t: + 44 (0) 20 7413 5537 f: + 44 (0) 20 7956 1157
www.amnesty.org

PRONUNCIAMIENTO DEL TIM-1 y TIMI SOBRE LOS HECHOS DE VIOLENCIA OCURRIDOS EN SAN IGNACIO DE MOJOS


24/04/2012.- Ante los hechos de violencia acontecidos en San Ignacio de Mojos el pasado domingo 22 de abril en la radio comunitaria Arairu Sache, las Subcentrales del Territorio Indígena Multiétnico (TIM 1) y el Territorio Indígena Mojeño Ignaciano (TIMI) se han manifestado a través del siguiente pronunciamiento público:

Las Subcentrales del Territorio Indígena Multiétnico (TIM 1) y el Territorio Indígena Mojeño Ignaciano (TIMI) nos pronunciamos ante la opinión pública por la actitud de intolerancia cometida hoy en horas de la mañana por un grupo de choque encabezado por la COR de San Ignacio de Mojos, quienes allanaron las instalaciones de nuestra radio emisora comunitaria Arairu Sache, saquearon, destruyeron documentación y materiales y agredieron físicamente al Director de este medio radial, Gregorio Nuni Yaca.
Rechazamos este abuso e intolerancia encarada por grupos de poder afines al MAS alentados por el Ministro Juan Ramón Quintana, como parte de su estrategia de oposición a la IX Marcha Indígena, a la cual nos aprestamos a participar de manera decidida en cumplimiento al mandato emitido mediante voto resolutivo en eventos orgánicos.
No es posible que en la actualidad, después de tanta lucha por fortalecer la democracia del país encarada por los pueblos indígenas, aún exista este tipo de violencia, tal como lo hizo el gobierno nacional el 25 de Septiembre del año anterior en Chaparina, contra los pueblos indígenas por el simple hecho de opinar diferente y luchar por la defensa de nuestros territorios y nuestros derechos como pueblos indígenas.
Pese a estos atropellos y amedrentamientos, los Territorios Indígenas de Mojos, no desistiremos de nuestra decisión de participar de la IX Marcha Indígena, porque estamos defendiendo nuestro derecho a la vida y la identidad reconocidas en la C.P.E.
Por tanto, las Subcentrales del TIM 1 y del TIMI nos declaramos en estado de emergencia y estaremos en alerta para defender nuestra sede, nuestra radio emisora Arairu Sache y la integridad física de los dirigentes.
Al mismo tiempo exigimos a las autoridades competentes se sanciones de acuerdo a Ley a los responsables de estos actos protagonizados por los dirigentes de la COR, José Luis Rodríguez, Walter Colque y otros.
Por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, la libertad de expresión, y contra toda acción de violencia.
¡Viva la IX Marcha Indígena!

Descarga la versión original en formato PDF: 
PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO TIM 1- TIMI

lunes, 23 de abril de 2012

AGRESIÓN EN SAN IGNACIO DE MOJOS


Comunicador de radio Ariru Sache, golpeado en San Ignacio de Mojos
23/04/2012.- "Hacemos conocer a la opinion publica que un bollo de masista borachos encabezados por Walter Colque,Jose lUis Rodrigues de la COR san Igancio de Mojos, Rene saavedra del Municipo de San Igancio de Mojos acompañado de mototaxistas borrachos han hecho un recorrido a modo de los tiempos de dictadura atacando la radio comunitaria ariru sache, golpeando indigenas que se oponen a la carretera por medio del TIPNIS, robando aparatos de la radio comunitaria y documentos, ya sabemos a que vino QUINTANA el jueves de esta semana que paso, a dar plata para armar el bloqueo, para compara alcohol y emborrachar a la gente, asi como para rmar una falsa campaña de apoyo a la construccion de la carretera por el TIPNIS, a pagar matones y disque dirigentes porque los vivientes de aqui no hemos votados por estos como nuestros representantes en el area urbana, mas de 3 años en mojos y jamas e votado por estos maleantes malagradecidos de este TERRITORIO DE INDIGENAS MOJEÑOS."

Este es el relato de un compañero de la radio comunitaria "Ariru sache" quien ha sido victima de amedrantamiento por parte de un grupo, como declara, afín del Movimiento al Socialismo (MAS).

 Esta radio se encontraba difundiendo convocatorias para la movilización de la 9na Marcha Idígena.



OTRA VEZ EL TIPNIS, LAS COMUNIDADES EN EL DESIERTO CAPITALISTA



Raúl Prada Alcoreza*

Se viene la IX marcha indígena en defensa del TIPNIS, de la Constitución, de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios y por la reconducción del proceso. La novena marcha se efectúa en contraposición a la ley 222, promulgada por el presidente, pretendiendo el gobierno instalar una consulta extemporánea y que no cumple con la estructura conceptual y normativa de los convenios internacionales ni de la Constitución. Naciones Unidas ha tenido un papel ambiguo, haciendo declaraciones como que después de todo está bien la consulta, trayendo además una delegación canadiense de naciones unidas que dicen que la consulta puede hacerse, haciendo algunas modificaciones en la ley 222 que mudaría los tiempos. Estas descolocadas declaraciones, sin ninguna consideración del contexto y de la coyuntura, de la Constitución y de los derechos de las naciones y pueblos indígenas constitucionalizados, sin evaluar la historia de las últimas marchas indígenas y las contradicciones inherentes al proceso, terminan apoyando la autoritaria imposición del gobierno de un cuestionario que incorporan dos preguntas que le interesan al ejecutivo, la pregunta sobre intangibilidad y la pregunta sobre la carretera. Incluso en el protocolo de la consulta el gobierno fuerza un cuestionario induciendo la decisión por la carretera. Protocolo que contó con la complicidad de la gente del CONISUR, que nada tiene que ver con la TCO del TIPNIS, por donde pasaría la carretera.
A estas alturas del conflicto es indispensable volver a hacer una evaluación, pues las preguntas sobre el tema son reiterativos: ¿Qué hay detrás del conflicto? ¿Por qué insiste el gobierno? Ahora podemos introducir otras preguntas más: ¿Qué papel juega Naciones Unidas? ¿De qué se trata todo este juego de rescindir el contrato con OAS, manteniendo en suspenso, como una espada de Damocles, la construcción d la carretera? Vamos a tratar de responder a estas preguntas, recordando también lo que ya escribimos en otros textos, sobre todo en La guerra de la madre tierra . Ahora trataremos de concentrarnos no sólo en los intereses en juego y en las relaciones de poder, así como en el carácter del gobierno y el modelo extractivista por el que optó, sino buscando profundizar en el análisis de los despliegues de fuerza, combinadas con poses de consulta, comprometiendo a veedores de Naciones Unidas.
La estrategia ha cambiado, por lo menos el estilo; se ha renunciado al ataque violento y descalificador a la dirigencia indígena, buscando más bien dividir las fuerzas de las organizaciones indígenas, comprometiendo a dirigentes medios y de base, incluso a regionales indígenas. Buscando presionar a las comunidades del TIPNIS con visitas de la armada y de funcionarios que entregan regalos, obsequios, antenas celulares, motores, con el objeto de comprometer su decisión por la carretera. Incluso ahora el sobrevuelo del presidente por el territorio del TIPNIS y visitas intempestivas a las comunidades. Estas incursiones por los ríos Isiboro, Sécure e Ichoa, estas visitas por helicóptero a las comunidades, han causado malestar y en algunos casos el efecto de disuasión. Sabemos que sólo por este despliegue se anula y se deslegitima la operación de consulta gubernamental, pues contraviene las clausulas y requisitos de la consulta, la misma que no puede estar hecha bajo presiones y cohechos. Empero, ahora, no se trata de ahondar en estos aspectos que deslegitiman la consulta oficial, sino de comprender un poco mejor por qué lo hacen, por qué insisten, por qué se arriesgan en un juego peligroso.
Un argumento vertido por un senador ha sido el que no se debe desechar la consulta y el derecho a la consulta, por eso hay que ir adelante y ponerse de acuerdo en su implementación. Este argumento parece inocente, tal como se lo plantea, contrastando con el contexto, la coyuntura, la historia misma del conflicto. Es fácil argumentar de esa manera desentendiéndose de las contradicciones inherentes. Sobre todo desentendiéndose de la voluntad y decisión del gobierno de construir la carretera. El argumento es un dispositivo discursivo más para lograr un efecto, la construcción de la carretera. No hay ninguna desinteresada pregunta por la carretera a las comunidades del TIPNIS, se hace la pregunta con la intensión de lograr una respuesta inducida, la aceptación de la carretera. ¿Es tan importante esta carretera para el gobierno? Han dicho que es importante para la vinculación interdepartamental; en esta tónica se utilizado el argumento de una geopolítica en desmedro de la oligarquía de Santa Cruz. ¿Por qué no se hace por otro lado la carretera? ¿Realmente una carretera le quitaría a la Oligarquía cruceña el control que tiene sobre el Beni? ¿No será mas bien otro tipo de geopolítica, una más antigua, que se restaura; la geopolítica anti indígena de los grupos vinculados a la economía política del extractivismo, sus mapas, sus circuitos, sus expansivas relaciones con el mercado y el capital, ahora absorbidos por la creciente hegemonía asiática, particularmente de China. ¿No será parte de esta geopolítica extractivista la propia expansión de la frontera agrícola del monocultivo de la coca, vinculada a la economía política de la cocaína? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Por los actores involucrados en el conflicto?
Sarela Paz nos muestra en un ensayo la relación de la carretera en cuestión con el modelo extractivista . La relación de la expansión del monocultivo de la hoja de coca con la extracción de minerales e hidrocarburos, la concomitancia de estas formas económicas extractivas en el marco de una economía rentista. Este es el fondo del problema, la estructura y el desenvolvimiento mismo del modelo extractivista. En este tema entran en concordancia las grandes empresas trasnacionales, la burguesía boliviana, los agroindustriales, los nuevos ricos, con los estratos campesinos vinculados al monocultivo, sobre todo al monocultivo de la coca. Siendo los campesinos el bloque social de apoyo del gobierno, se entiende que el tema de la expansión agrícola es parte de la agenda del gobierno. Lo que no se entiende, a primera vista, es por qué las organizaciones campesinas y el gobierno optaron por afectar a los territorios indígenas y no a los latifundios de los terratenientes. ¿Por qué renunciaron a la reforma agraria? ¿Por qué prefieren pelearse con los indígenas originarios y no con los terratenientes? ¿Cuál es pues la estructura de poder en Bolivia? Este tema ha sido delicado desde la aprobación de la Constitución en Oruro, donde estaba claro el mandato de la reforma agraria. La revisión de la Constitución por parte del Congreso Constitucional llevó a anular la reforma agraria al establecer que la afectación no iba a ser retroactiva a las tierras saneadas. Más tarde, la Cumbre Social de diciembre de 2011 propone la suspensión del saneamiento de tierras por cinco años, es decir sin aplicar la exigencia de la función económica y social. ¿Quiénes se benefician? Obviamente los terratenientes. ¿Por qué se hace la alianza con ellos y se descarta a los indígenas?
La pelea con las oligarquías regionales de la llamada “media luna” terminó con su derrota en Pando, después de la masacre de El Porvenir. ¿Por qué después de esta derrota no se pasó a la reforma agraria? ¿Tienen mucha fuerza los terratenientes? ¿Tienen poder económico? ¿Controlan el territorio? ¿En sus manos está la producción agrícola y agroindustrial? ¿Cuál es la textura de estas relaciones? Estas preguntas tienen que relacionarse con la opción misma del gobierno en lo que respecta a la estructura agrícola, agropecuaria y agroindustrial. ¿Por qué el gobierno desconfía de las comunidades indígenas y campesinas para garantizar la seguridad alimentaria? Las decisiones del gobierno parecen responder a un pragmatismo llevado a extremos y a un realismo político exacerbado. Parece que el presupuesto latente es que las comunidades indígenas y campesinas no pueden garantizar la seguridad alimentaria, por lo tanto lo sensato es mantener la producción de los grandes propietarios. Esta decisión del gobierno boliviano no está de ninguna manera alejada de la tomada por el gobierno progresista de Brasil; allí ocurrió lo mismo, la renuncia a la reforma agraria.
No hay que descartar de ninguna manera que ciertos estratos de medianos y pequeños productores, por lo tanto, ciertos estratos campesinos, entren en afinidad con la burguesía agraria debido a la características mismas de la economía agraria vinculada a la economía capitalista. Por ejemplo, en el caso de la soya se vinculan terratenientes, propietarios latifundistas, arrendatarios brasileros que expande la geografía de la soya, avanzada en Brasil, Argentina y Paraguay; también se involucran medianos y pequeños productores bolivianos . El interés de todos ellos es garantizar el desenvolvimiento de la economía de la soya y en este sentido la expansión de la frontera de la soya; esto debido a su carácter depredador.
Otro cultivo de importancia que agrega a pequeños, medianos y grandes productores es el del arroz. En este caso, los llamados colonizadores, juegan un papel importante. El apoyo del gobierno a los pequeños y medianos productores coadyuva a fortalecer la economía del arroz, sin descartar la participación de los grandes productores. Se puede decir que alrededor de 72 mil familias trabajan en el cultivo de arroz, desde la producción hasta la comercialización. En los últimos treinta años la superficie cultivada con arroz ha venido creciendo paulatinamente. En la década de los setenta se llegó a cultivar hasta unas 50 mil hectáreas; en tanto que en el 2008 se supera ya las 140 mil hectáreas. Empero hay que anotar que en los últimos años la expansión de la superficie cultivada se ha detenido; muchos agricultores decidieron sembrar soya, caña u otros cultivos en vez de arroz .
Otro producto de gran importancia, sobre todo para la exportación, es la castaña, aunque esta no es una producción agrícola propiamente hablando, sino mas bien es de recolección. En esta economía de la castaña se ha formado una estructura que incorpora en la base a las castañeras, que son mayoritariamente obreras contratadas por las empresas, incluso organizadas en forma sindical. Por otra parte están los empresarios castañeros, los intermediarios, los circuitos comerciales, el sistema financiero y de créditos, pues este mercado es mundial. Bolivia exporta el 85% de la castaña mundial. Como la castaña se encuentra en los bosques, también en la economía de la castaña se encuentran comprometido propietarios y comunidades indígenas. A diferencia de lo que ocurre con el arroz, en este caso el control del comercio internacional lo hacen los grandes empresarios. El gobierno ha organizado una empresa pública de la castaña (EVA), que hasta ahora no ha dado resultados ni ha podido, por lo tanto, romper el control empresarial privado de la castaña. Este es uno de los pocos casos de los mencionados dónde las trabajadoras castañeras entrarían directamente en conflicto con la empresas, pues se hallan sometidas a una super-explotación y sin gozar de todos los derechos de los trabajadores. En los otros casos vemos que los pequeños productores mas bien se encuentran en alianzas, aunque sean coyunturales, con los grandes productores agrarios. En todos estos casos vemos los avances y la expansión de los circuitos comerciales y de las formas de producción agraria, articuladas a la economía capitalista.
Otro rubro agrario importante y con historia es el de la caña de azúcar. En este caso tenemos empresas azucareras que abastecen principalmente al mercado interno, aunque también exportan. Todas estas empresas son privadas, incluyendo a la empresa azucarera de Bermejo, que fue privatizada en el periodo neoliberal. El gobierno ha decidido establecer una empresa pública, construyendo un gran ingenio azucarero en San Buena Aventura, empero todavía faltan años para su funcionamiento. En el caso de la caña de azúcar tenemos por un lado a los propietarios y accionistas, por el otro lado a los zafreros que atienden la zafra de la caña cuando corresponde, produciéndose migraciones estacionales de trabajadores. También debemos contar con los obreros de los ingenios, los técnicos, los ingenieros y los funcionarios. Los zafreros se hallan sometidos a formas de trabajo intensos sin gozar tampoco de beneficios laborales. Aquí también encontramos contradicciones inmediatas entre estos trabajadores temporales y los empresarios del azúcar. Tenemos una relación concomitante entre tenencia de la tierra, plantación de caña y producción de azúcar. Hay pues una economía del azúcar .
Todas estas economías, la de la soya, la del arroz, la de la castaña, la del azúcar, formar parte de la economía capitalista agraria en Bolivia, que parece encontrarse otra vez en expansión, en una coyuntura económica reactivada por el crecimiento y desarrollo capitalista de la China. Tan fuerte es el crecimiento de la China, como potencia industrial, tecnológica, militar, incluso financiera, que ha incorporado a su espacio de irradiación, influencia y control a América Latina, sobre todo a Sud América. La inmensa necesidad de minerales por parte de China ha reactivado fuertemente la economía minera en Sud América, los gobiernos sudamericanos han abierto espacios de inversión a los capitales chinos, incluyendo los hidrocarburos. Los productos manufacturados chinos invaden los mercados sudamericanos y no tienen competencia por sus bajos costos. La emergente potencia industrial de Brasil ha volcado toda su mirada al mercado Chino, aunque piense vincularse a través de la venta de alimentos y materias primas, renunciando en parte a la competencia industrial, insostenible con China. El proyecto de integración económica y comercial sudamericana (IIRSA) tiene como perspectiva el mercado asiático. Como se puede ver, estamos en una coyuntura donde el modelo extractivista se ha reactivado y reforzado debido a la demanda china, aunque no únicamente. Este capitalismo dependiente se encuentra nuevamente en expansión. Como se dijo, el extractivismo minero e hidrocarburífero es plenamente congruente con la economía agrícola de los monocultivos, basados en la expansión de la frontera agrícola, aunque también con la economía recolectora de la castaña que ha enfocado su “industria” a la exportación. En estas condiciones es de esperar que la tendencia efectiva sea esta, la de la expansión del capitalismo en el agro, entrando rápidamente en contradicción con otras formas de organización económicas, basadas en la propiedad comunitaria.
Sin pretender completar un cuadro panorámico de los órdenes de relaciones de los productos agrarios, ni mucho menos, sino tan sólo ofrecer un dibujo que resalta ciertos síntomas de la cuestión agraria, vamos a bosquejar también la composición social y económica en torno a otros bienes significativos, como el de la quinua; también decir algo sobre la papa en la economía campesina. En contraste, es indispensable mostrar también lo que pasa con la ganadería, sobre todo bovina. Por último, también es menester un dibujo rápido del papel de la economía maderera.


El cultivo de la quinua se extiende por el Altiplano Norte, Central y Sur, por los Valles interandinos y en los Salares existentes en el sur, que se caracterizan por tener un clima templado. El cultivo rinde mejor en lugares áridos y semiáridos, con influencia de la radiación solar. El cultivo de la quinua ha venido creciendo paulatinamente, la superficie cultivada se ha extendido notoriamente y se estima que ha llegado a más de 50.000 hectáreas en el Altiplano.
La población comprometida con el cultivo de la quinua se estima que llega a unos 70.000 productores en el Altiplano Norte, Centro y Sur, de los cuales aproximadamente 15.000 productores están vinculados a su comercialización interna como externa. El resto de los cultivadores son familias que producen principalmente para autoconsumo y el intercambio familiar. De acuerdo a los datos del INE dados el 2008, la superficie cultivada habría alcanzado 51.382 has., generando aproximadamente 23.654 TM de quinua. Se estima que el valor de la producción llegó a $us. 52.748.420, de los cuales se exportaron de manera oficial 10.300 TM, con un valor de $us 23.308.900 de Quinua Real. El consumo del mercado interno se estima en 4.350 TM con un valor de $us 7.920.500 .
Hay siete empresas principales en la exportación de la quinua, una asociación de productores, una cooperativa y las demás son empresas privadas. Como se puede ver el acopio y la intermediación juegan un papel importante en el control y monopolio del comercio de la quinua. Los productores asociados y los de la cooperativa abren una perspectiva distinta en la economía de la quinua, a diferencia de las empresas privadas, sobre todo por la participación de los productores en la exportación. Sin embargo, la expansión del cultivo de la quinua no ha escapado a la concentración de tierras y a los efectos del monocultivo, arrastrando a otros productores y entornos al mismo fenómeno. De todas maneras no se nota de manera inmediata una contradicción visible entre cultivadores y acaparadores de la quinua; por lo menos las diferencias no habrían llegado a configurar un conflicto. En el caso de la quinua se puede hablar de la ampliación de la frontera de la quinua, convirtiendo las tierras dedicadas a otros cultivos en exclusivas para la quinua. Esto produce una transformación de le economía campesina y de algunas comunidades. La quinua forma parte de circuitos comerciales importantes, participando de manera diferencial y particular en la expansión de la economía agraria capitalista.


La papa se cultiva en aproximadamente 179.407 hectáreas distribuidas en siete departamentos, con una productividad estimada de 5,2 toneladas métricas por hectárea; de donde el 81 por ciento corresponde al altiplano y valles, en tanto que el resto se cultiva en zonas subandinas. De acuerdo a los datos otorgados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), se señala que en los siete departamentos productores de papa se cultivan 935.862 toneladas métricas; de esta producción 6.532 toneladas son cultivadas en Santa Cruz. El consumo del mercado interno llega a 490.000 toneladas de papa, de las cuales la industria demandó 26.000 toneladas. Cochabamba tiene el mayor registro del consumo per cápita anual con 151 kilos por habitante, luego La Paz con 66 kilos y Santa Cruz 54 kilos. La producción de papa genera un valor anual superior a 148 millones de dólares; de este monto al eje central corresponden 51,1 millones por un consumo de 237.000 toneladas. La población involucrada en el cultivo de papa llega a más de 203.000 familias. Sin embargo, el país no es autosuficiente en papa, por lo que se importa papa para cubrir la demanda; principalmente de Perú y Argentina. La papa también es industrializada por unas 300 empresas, que en su mayoría son informales, 46 microempresas, 8 pequeñas y 7 medianas. Todas procesan entre 210 y 260 toneladas métricas por año. Del total de empresas que industrializan este tubérculo, el 70 por ciento produce papas fritas en bolsa y pellets de papa, en tanto que 27 por ciento fabrica sopas, fécula o almidón, galletas, chuño y tunta embolsados .


En el caso de la papa, también se articula una cantidad significativa de pequeños productores, así como también grupos importantes de medianos productores. No se puede hablar de un monopolio del comercio de la papa, pues su mercado está abierto y es accesible a los pequeños productores, aunque si se puede mencionar a los intermediarios que terminan controlando la comercialización de la papa. De todas maneras podemos decir que el cultivo de la papa puede identificarse de manera más propia a la economía campesina, debido a una mayor participación de las familias de pequeños productores. En este caso no hablamos de una economía capitalista que termina concentrando las ganancias en unas cuantas empresas monopólicas, sobre todo por su relación privilegiado con el comercio, sino que estamos hablando de múltiples vínculos con el mercado, de alguna manera controlados por intermediarios. Lo que muestra más la reproducción de la economía familiar que la formación de grandes ganancias. No se puede sostener la tesis de la economía mercantil simple, tesis abstracta y sin contrastación empírica, que servía más para sostener el modelo teórico que para explicar la realidad. La producción de la papa genera ganancias que son apropiadas primordialmente por los intermediarios, también genera las condiciones de la reproducción campesina, así como aporta a la alimentación de las ciudades, sosteniendo su consumo a precios todavía accesibles.


La economía de la papa nos muestra la complejidad del mercado, donde se insertan economías con un perfil más claramente capitalista, así como también economías campesinas basadas en estrategias de diversificación, distribución y complementariedades entre formas de trabajo familiar y comunal. El sentido de estas otras economías no está tanto en la ganancia como en la propia reproducción, en la posibilidad de la diversificación, así como también la combinación de formas de trabajo. Anotar esto es importante para cuando discutamos las economías en el TIPNIS .


En lo que respecta a la economía ganadera, nos vamos a concentrar en el ganado bovino, dejando pendiente los otros ganados. La población de bovinos ocupa gran parte del territorio del país, a veces en forma mezclada con otras especies ganaderas y en combinación con la agricultura; sin embargo, la mayor parte de la población se encuentra asentada en el trópico. El año 2003 se estimó que el ganado bovino llegaba 6,5 millones de cabezas. Esta cantidad de ganado se concentra mayoritariamente en el Beni, un 73%, después en Santa Cruz, un 25%, en los valles de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija se distribuye un 18%, en tanto que en la región del Altiplano de La Paz, Oruro y Potosí se distribuye un 9%, quedando un 1% para la Amazonia de Pando .


La concentración y el monopolio de tierras en relación a la ganadería bovina, sobre todo en el oriente boliviano, es fuerte. Se da una situación dual, por una parte una tendencia al minifundio que condena a gran parte de la población rural, por otra parte, en contraposición, una tendencia al latifundio, concentrando la tierra en pocas familias de terratenientes. Haciendo un balance de la reforma agraria Gonzalo Colque, director de la fundación Tierra, escribe:


Ante la necesidad de más tierras, la Reforma Agraria de 1953 fue completada con los programas de asentamientos emprendidos por el Instituto Nacional de Colonización (INC), entidad que promovió movimientos migratorios de cerca de 70 mil familias desde las tierras altas hacia las zonas cálidas como San Julián, Alto Beni o Chapare. También el Gobierno impulsó la “marcha al oriente”, cuyos fines eran vertebrar el occidente con el aislado oriente boliviano y desarrollar una política agropecuaria de diversificación y sustitución de nuestra dependencia de alimentos importados.
La historia reciente es conocida. La reforma fue abandonada por el Estado y una ola ilegal de acaparamiento de tierras surgió en el oriente boliviano, alentada por la permisiva dotación de hasta 50 mil hectáreas de tierra a cambio de una simple expresión de buena voluntad del interesado para producir alimentos o criar ganado. En 1996 fue aprobada la Ley 1715 del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para corregir estas distorsiones, pero sin éxitos notables, excepto el reconocimiento de territorios a favor de los pueblos indígenas de tierras bajas.
El MAS tiene una relación estrecha con esta historia de la revolución del MNR, en cuanto a causa-efecto y paralelismo político. El control del “voto campesino” que perdió el MNR pasó a manos del MAS, no sólo con base en los sindicatos agrarios existentes sino, principalmente, sustentado por los colonizadores transformados en productores de la hoja de coca. En sus inicios, el MAS retomó la agenda pendiente de la política de tierras.
Planteó la anulación del sistema latifundiario de las tierras bajas; la redistribución y dotación de tierras estatales sólo a favor de comunidades y únicamente de forma colectiva; y la reversión de grandes propiedades improductivas. Al igual que el MNR, canalizó el descontento de campesinos e indígenas hacia una propuesta de reconducción de la reforma agraria.
Entre los años 2006-2010, el MAS tuvo el acierto de acelerar la titulación de los territorios indígenas, pero renunciando a una mirada integral y estratégica. Se enfrascó en una inútil batalla por demostrar que titulaba más millones de hectáreas de tierra que gobiernos anteriores cuando lo importante no son las hectáreas, sino el número de personas beneficiarias con tierras productivas, en otras palabras, la democratización en el acceso a la tierra y la anulación simultanea de minifundios y latifundios.
En menos de cinco años el MAS abandonó su reforma agraria, al igual que el MNR, aunque este último no lo hizo tan rápidamente. Ambos partidos, una vez que capitalizaron el voto rural, dejaron al margen de sus preocupaciones la política de tierras y se concentraron en beneficiarse con la cooptación campesina para sus intereses partidarios de mantenerse en el poder.
La actual estructura agraria dual de minifundio y latifundio tuvo su origen en las deficiencias de la Reforma Agraria de 1953 y no fue encarada por el Gobierno actual. A esto hay que añadir nuevos elementos de relevancia del agro boliviano: el modelo de la agroindustria de exportación, con especial énfasis en el monocultivo de la soya; el fenómeno de los monocultivos de tierras altas destinados a la producción de quinua de exportación; y la economía de la hoja de coca en las zonas de colonización .


Como se puede ver, estamos ante el fracaso de la reforma agraria, en lo que respecta a su proyección a largo plazo, además de tener un panorama de reversión de la reforma agraria ante la expansiva concentración de la tenencia de la tierra, y en contraste la expansión de un proliferante minifundio. Esta situación ha buscado su salida por medio de la colonización y la migración desde occidente a tierras bajas, fenómeno que presiona por la ampliación de la frontera agrícola y ahora entra en conflicto con tierras comunitarias de origen (TCOs). La ganadería bovina abastece al mercado interno, aunque también ya ha ingresado a los flujos de la exportación. Esta economía ganadera es capitalista, aunque mantiene las formas de la cría del ganado en forma extensiva, ocupando grandes cantidades de tierra, que podríamos decir son quitadas a la agricultura y destinadas a la ganadería, también cantidades de tierra desforestadas, acabando con los bosques para destinarlos a este rubro. La ganadería tal como se la aplica en Bolivia es depredadora. La economía ganadera que articula a propietarios ganaderos, técnicos, vaqueros, capataces y peones, se enfrenta a las comunidades, debido a la presión que ejerce hacia la ampliación de fronteras.


En Bolivia hay 53 millones de hectáreas de cobertura forestal, de las cuales 5.399. 278 hectáreas se encuentran concesionadas, bajo el derecho forestal de Concesión Forestal de Tierras Fiscales . Hay como 275 empresas madereras, de las cuales el 88% corresponden al eje central. Estas empresas funcionan en conexión con el mercado internacional; se podría decir que son típicamente extractivista por su papel en la desforestación y también depredadoras por atentar contra la desaparición de especies y bosques. Las concesiones forestales y sus entornos de expansión, pues afectan también a los espacios colindantes, utilizando la corrupción y la prebenda comprometiendo a personas, incluso comunidades indígenas, en esta destructiva actividad de la desforestación en aras del negocio maderero, entran con conflicto con los territorios indígenas debido a su irradiación destructiva y sus efectos contaminantes. En algunos casos, como en el TIPNIS y el bosque Chiman, se instalan en los alrededores y presionan para afectar estos territorios protegidos por leyes ambientales, por la Constitución y los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. La presión del negocio maderero también forma parte de la composición del conflicto del TIPNIS.


Como se puede ver en esta revisión panorámica de la economía agraria y forestal en Bolivia, como parte del modelo extractivista, que cuenta como columna del modelo al extractivismo minero e hidrocarburífero, esta economía capitalista periférica, conformada por una variedad de formas, presiona para la ampliación de la frontera agrícola, comprometiendo tanto a poblaciones, por así decirlo, expulsadas por el minifundio, como a terratenientes, empresarios, agro industriales, que tienen el mismo interés de extender la frontera agrícola y maderera, así como extender las concesiones hidrocarburíferas para su exploración por empresas trasnacionales. Frente a esta expansión, como resistiendo se encuentran formas de economía alternativas y tradicionales, primordialmente configuradas en las comunidades indígenas y territorializadas en los llamados territorios indígenas. Se puede decir que en Bolivia el universo de los territorios indígenas es de más de 200, podríamos decir, 203; de los cuales, 84 TCO son tituladas, 31 tienen títulos pero su proceso aún no ha concluido, 13 tienen ya algo de titulación y 75 Tierras Comunitarias de Origen en proceso. Las posibilidades de una economía étnica, de una economía comunitaria y de economías alternativas se encuentran en estas formas comunitarias de propiedad, se encuentran en estos espesores culturales y de biodiversidad. Estas TCOs se han convertido en los baluartes de la resistencia a la expansión diversa del capitalismo, sobre todo a su modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente. Es a partir de estos núcleos y del contexto en el que se mueven que debemos volver analizar el conflicto del TIPNIS.


Economía comunitaria y economía étnica en el TIPNIS
En adelante trataremos de dibujar las características de las economías alternativas que se dan en el TIPNIS, sobre todo bosquejar la economía étnica, tal como la nombra Sarela Paz, así como la economía comunitaria y emprendimientos alternativos que buscan mantener el equilibrio ecológico. Según Sarela Paz la economía étnica que forma la base productiva y reproductiva de las comunidades indígenas yuracares, chimanes y moxejo trinitarias tiene bases en actividades tradicionales de caza, pesca, recolección y agricultura. Los tres pueblos indígenas realizan las cuatro actividades con sus matices. Por ejemplo, las familias indígenas yuracares y chimanes desarrollan agricultura en la selva alta y se caracterizan por sostener una agricultura de carácter agroforestal; en cambio, los mojeño trinitarios han desarrollado más destrezas agrícolas en la región de los bosques inundables, sin manejar demasiadas parcelas agroforestales pero incorporando las regiones de sabana a su sistema productivo. La economía étnica que caracteriza a estas comunidades muestra un acoplamiento muy estrecho a los ritmos biovegetativos de los tres ecosistemas existentes en el TIPNIS . Dicho acoplamiento es optimizado por las familias indígenas bajo un sistema de aprovechamiento de recursos caracterizado por la concentración y dispersión poblacional; esto es, comunidades que concentran familias indígenas donde se desarrolla centralmente agricultura y actividades menores de cacería, recolección, pesca y dispersión poblacional de las familias indígenas en un área de influencia grande comunal e intercomunal para centrarse en actividades de cacería, recolección y pesca .
Lo que se viene en llamar economía étnica viene a ser la herencia de los pueblos amazónicos en su vinculación con los bosques y los ríos, en su relación con los animales y los peces, también en lo que respecta a sus prácticas de recolección. Esta economía étnica ha introducido la agricultura de subsistencia como parte de la ampliación de su espectro alimenticio, también ha incursionado en el negocio de los lagartos y el chocolate, además del turismo comunitario. Ya en este contexto podemos hablar de una economía comunitaria basada en la propiedad comunitaria del territorio, en las gestiones comunitarias del bosque y de los recursos, en la combinación de actividades que empero tienen como eje articulador al territorio comunitario, a las comunidades, a la afinidad de los pueblos que habitan el TIPNIS, a la organización y estructuras comunitarias, así como a sus formas asambleístas y comunitarias de representación, afiliadas a las grandes organizaciones indígenas, regionales y del país.
Una descripción más detallada nos ofrece Sarela Paz:
La economía étnica de la zona responde centralmente a las necesidades de reproducción de las familias indígenas, es un modelo económico que tiene como eje el garantizar la seguridad alimentaria de los pueblos, por eso muchos la reconocen como una economía de subsistencia. La gran condición para su existencia es que el bosque y sus bienes no sean parcelados ni individualizados. Las bases materiales de su reproducción como sistema económico están en que las áreas comunales e intercomunales a las que acceden las familias indígenas, son de propiedad colectiva, por tanto, su gestión es una gestión compartida entre las distintas comunidades. En el caso de la actividad agrícola, los sistemas agroforestales son de beneficio familiar y se traspasan de una generación a otra en base a lazos consanguíneos. Las familias indígenas respetan el trabajo incorporado en los sistemas agroforestales y por eso el acceso es familiar y consanguíneo. En cambio el resto de las actividades, la cacería, recolección y pesca, se desenvuelven en los bosques comunales e intercomunales del territorio. De ahí el carácter de su propiedad colectiva. Así, el modelo económico que se desenvuelve entre las comunidades indígenas ubica a los bienes del bosque en un sentido de articulación integral. La valoración combinada de los bienes del bosque nos hace ver que la selva alta es tan importante como las parcelas agrícolas, los árboles son tan importantes como la tierra; lo propio, los animales que habitan en el bosque son tan importantes como los frutos de la agricultura o los recursos acuáticos. En ese sentido, la economía étnica antes que responder a las necesidades del mercado responde a las necesidades de las familias indígenas .
Se trata, como se puede ver, de una economía no destinada al comercio, aunque en algunos casos use los circuitos comerciales, sino enfocada en la perspectiva de la reproducción de las comunidades, que implica también el control territorial comunitario de los bosques, de las aguas y de los suelos. Se trata de lograr la reterritorialización comunitaria, el control comunitario del territorio, de lograr formar redes y tejidos sociales que encaminen la relación con el bosque, los ríos, los suelos, los animales y las plantas de otra manera, en una perspectiva no depredadora. Se trata de lograr una relación constructiva con el Estado y el resto de la sociedad, en la perspectiva del horizonte abierto por la Constitución. Hay que mirar a las comunidades del TIPNIS como un campo de posibilidades en la perspectiva de proyectos alternativos. Deshacerse de esa mirada despectiva y modernista de la que se ha hecho cargo el gobierno, viendo en las comunidades del TIPNIS pobreza y falta de desarrollo, pobreza que es también notoria en otras poblaciones y pueblos que cuentan con carretera. El gobierno se ha entrampado en una lógica ideológica, en la defensa desesperada de legitimar un proyecto pragmático discutible. No se da cuenta que el camino tomado es también su caída; otro estilo de gobiernos, ya conocidos, pueden hacerlo igual, peor o mejor, pues lo que se hace es repetir con la continuidad del modelo extractivista. La responsabilidad del gobierno no era repetir lo mismo, aunque con matices y hasta con diferencias, sino hacer algo radicalmente diferente, comenzar la ruptura con el estilo y forma de Estado liberal, salir definitivamente del modelo extractivista. El gobierno no se da cuenta que los que resisten al modelo extractivista son precisamente los que materialmente se sitúan en la perspectiva del horizonte abierto por las luchas sociales y por el proceso constituyente. Claro que es difícil poder conciliar y concordar intereses en una transición, pero la tarea es que hay que proponerse hacerlo, sin desechar la posibilidad del consenso y los acuerdos. Es indispensable primero salvaguardar a las comunidades, a los territorios indígenas, pues son la base material de la posibilidad del Estado plurinacional. Sobre esta base claro que es importante atender los intereses de los demás, incluso si se encuentran insertos en los circuitos de la economía capitalista periférica. Plantearse distintas líneas de transición y de transformación, acordando y discutiendo los recorridos con todos los involucrados. Ante tanta responsabilidad no es posible renunciar a la construcción participativa de la transición y de las transformaciones, no se puede optar por una línea impuesta desde el gobierno, por más pragmática que se crea que es, pues esta opción es ya el encierro del gobierno en los esquemas fosilizados de la administración pública separada de la sociedad. Esto no es otra cosa que escoger la condena de repetir las lógicas de la razón de Estado, de las estructuras de poder cristalizadas, de las relaciones de poder que atraviesan los cuerpos. Es muy triste ver la escena dramática cuando los gobiernos populares o progresistas se enfrentan con su pueblo enarbolando la bandera del progreso, de la razón de Estado, de la supuesta defensa del proceso contra los fantasmas de una derecha desaparecida o maltrecha. Es muy triste pues este es el síntoma que muestra que otra vez el poder nos ha vencido, ha aplastado nuevamente las posibilidades de otro decurso, de otro desplazamiento inventado por la potencia social. Es impresionante constatar que todas las revoluciones han sido hundidas por sus propias contradicciones, también es sorprendente constatar que los gobiernos encargados terminan aplastando a sus propias vanguardias; este es el punto de inflexión hacia el despeñadero. No hay que olvidar que los indígenas originarios son la vanguardia de este proceso, aplastarlos va significar la muerte misma del proceso.
En lo que respecta a los ecosistemas que componen el TIPNIS es importante tener en cuenta la re-categorización concertada entre organizaciones indígenas y el SERNAP. Sarela Paz dice que:
El 2001, como parte de una acción concertada entre las organizaciones indígenas y el SERNAP, se inicia la re categorización del Parque Nacional, formulándose nuevas formas de gestionar el área protegida. Desde entonces el TIPNIS está re categorizado en tres zonas: 1º zona núcleo de extrema protección y conservación de la biodiversidad, susceptible de usarse para fines de investigación e ingresos fortuitos de caza y recolección por parte de las familias indígenas, 2º una zona de uso tradicional que permite el desenvolvimiento de la economía étnica y 3º una zona de uso sostenible de recursos que permite proyectar los planes de desarrollo comunitario en base a planes de manejo a) forestal, b) de cuero de saurios, c) turismo ecológico y d)agroforestal con chocolate nativo. La zona de uso sostenible de recursos se ubica en los bosques de galería que acompañan los ríos Sécure, Isiboro e Ichoa y básicamente estamos hablando de las áreas donde se asientan las comunidades.
Tres regiones de un complejo ecosistema sostenido por la economía étnica y la economía comunitaria de moxeños, chimanes y yuracares. ¿Podría mantenerse este equilibrio si una carretera parte el territorio indígena y parque? Como dice Sarela Paz, se quebraría el control territorial por parte de las comunidades indígenas y se ingresaría a otro tipo de control, del Estado y de otras economías, fuertemente ligados a los circuitos devastadores del capitalismo periférico. La pregunta ante la clara intensión y voluntad de gobierno de construir la carretera es: ¿Se tiene alguna idea de lo que implica el Estado plurinacional? Precisamente el pluralismo, la condición plurinacional, conciben la posibilidad institucional de la convivencia de naciones y pueblos, de culturas, de sociedades, de formas plurales institucionales, de economías diferentes, sobre todo de proyectos civilizatorios distintos. La voluntad política de construir la carretera es una muestra evidente de que sólo se quiere el Estado-nación, la homogeneidad del Estado liberal, la continuidad de la colonialidad, la continuidad de la desarticulación de la cohesión y la institucionalidad cultural de los pueblos indígenas.
Ciertamente no es fácil resolver los desafíos que plantea la transición, empero es una tarea ineludible; no es fácil establecer y construir el pluralismo institucional que sirve no sólo como base material del Estado plurinacional, sino como conexiones entre sociedades y pueblos, entre economías y proyectos. No es fácil detener la compulsión de las formas de economía capitalista periféricas; sin embargo, es un mandato constitucional salir del modelo extractivista e ingresar a un modelo productivo y producente, en principio de economía plural integral y complementaria, para avanzar a una economía social y comunitaria, que incorpora condicionantes ecológicas en la perspectiva del vivir bien. Es a esta tarea a la que se renuncia cuando se quiere imponer una carretera, que se dice que es de integración interdepartamental.
Como puede verse el conflicto del TIPNIS ha ventilado las contradicciones inherentes al proceso y los limites de un gobierno populista, amarrado a una concepción nacionalista del Estado y atrapado en la gravitación del modelo extractivista. Por eso también el TIPNIS se ha convertido en un símbolo de las resistencias y de las luchas por la reconducción del proceso. Esta es la razón del por qué la defensa del TIPNIS convoca a los sectores populares de las ciudades, a las organizaciones de los trabajadores, a los jóvenes que haces sus primeras armas en la experiencia política. En el fondo hay una conexión entre la defensa de la madre tierra y la perspectiva de otra forma, contenido y expresión de ciudad. Hay que pelear también por las ciudades del vivir bien, por transformar las ciudades que se han convertido en infiernos para niños, jóvenes, familias y ciudadanos. Las ciudades actuales son ciudades de violencia; múltiples violencias cotidianas deambulan y conforman una atmósfera asfixiante. No son ciudades donde los niños puedan deleitarse y crecer placenteramente, donde se pueden formar libremente, liberando sus talentos y potencialidades. No son ciudades donde los jóvenes puedan encontrar los espacios de creación, salvo si rescatan reductos donde se esconden para escapar e inventar otro micro-mundo, aunque sea por un tiempo perentorio. No son espacios donde las familias y las redes sociales puedan realizarse con desenvoltura. Al contrario, son ciudades donde hay que luchar para sobrevivir. Por eso, el imaginario del TIPNIS en los urbanos que salieron a defender y recibir a los marchistas indígenas de la VIII marcha es como una esperanza verde, la esperanza en que otros hábitats son posibles.
Lo que ha faltado en la Constitución es la incorporación de esta otra perspectiva urbana, una urbe ecológica, una urbe como espacio de emancipaciones y liberaciones, una urbe como consenso arquitectónico y estético. Lo que también falta en el proyecto de la ley de la madre tierra es esta otra configuración de la ciudad del vivir bien. Esta es una tarea pendiente para los urbanos.
Al contrario de lo que dice el gobierno en sus mensajes desarrollistas, hay que aprender de las comunidades indígenas esta su economía étnica y economía comunitaria, esta otra forma de compartir y relacionarse con la naturaleza. No hay nada que enseñarles, menos llevar las escuelas disciplinarias y modernistas, menos llevarles la burocracia de los hospitales y clínicas. Que no es lo mismo que renunciar a la educación y a la salud; al contrario se trata de encara una educación y formación intercultural, así como se trata de encaras un salud integral, eficiente, abarcadora, adecuada a los perfiles epidemiológicos locales y sus geografías humanas. El desafío de la Constitución es la enseñanza en lengua madre, la formación intercultural, la constitución de sujetos y subjetividades interculturales, no individuos disciplinados y domesticados. El desafío es dado por la Constitución es lograr una salud integral, universal, que abarque a todos y resuelva las causas y condicionantes de las enfermedades. Es muy triste escuchar no sólo a autoridades de gobierno, a funcionarios, sino también a algunos indígenas que se prestan a las maniobras del gobierno, que lo que se quiere es llevar escuelas y las instalaciones clínicas y hospitalarias, como si se tratase de un proyecto civilizatorio, al estilo colonial. La tarea es distinta, el desafío es grande, cómo construir un alternativo proyecto educativo y de formación intercultural, que recupere las lenguas, en toda su complejidad, y los espesores culturales, simbólicos e imaginarios inherentes. Un proyecto educativo y formativo que libere de la formación individualista, disciplinaria y de domesticación, que libere las potencialidades y capacidades creativas de la gente, de los cuerpos, de las comunidades y sociedades. La tarea es resolver las problemáticas de los procesos de generación de las enfermedades a partir de una movilización integral de los recursos, de los saberes, de los conocimientos y tecnologías de salud.
La batalla por el TIPNIS es clave para el proceso y para el futuro de todos. El dilema está planteado. Se trata de repetir la triste historia de avasallamientos, despojamientos, desposesiones, depredaciones, desforestaciones, en aras de un progreso que sólo beneficia a unos cuantos, quienes controlan el monopolio financiero, el monopolio de los mercados, el monopolio tecnológico, el monopolio de las armas, o, por el contrario, se trata de salir del modelo extractivista, que nos condena a la dependencia y al subdesarrollo, de crear múltiples líneas de fuga, configurando otros espacios de realización, de valorización de la vida y de creatividad. La batalla por el TIPNIS es un momento decisivo, todo depende de la capacidad de auto-convocatoria del pueblo, de los ciudadanos, de las organizaciones sociales, de la gente común. No pueden decidir el destino del país quienes ahora detentan la representación, el gobierno y el monopolio de la violencia. La decisión la tienen que tomar la mayoría de los bolivianos auto-convocados.
En esta perspectiva, la defensa del TIPNIS, Sarela Paz anota:
Ciertamente, los elementos anotados son los que interesa analizar a la luz de la política estatal que busca construir la carretera por el TIPNIS. La lógica de los modelos de desarrollo comunitario buscan precautelar por el bien mayor que es el bosque y su conservación. No obstante, aunque son modelos que vinculan a las familias indígenas con circuitos mercantiles, el esquema productivo basado en la gestión colectiva de los recursos permite a las comunidades indígenas desarrollar un control político sobre el territorio. Justamente, es el control político sobre el territorio lo que en opinión de las comunidades se vería ampliamente afectado con la construcción de la carretera. Ésta atravesaría la zona núcleo poniendo en riesgo el potencial de biodiversidad que alberga, o como dicen las comunidades indígenas “poniendo en riesgo la zona de producción de vida para el territorio; en el corazón del TIPNIS se produce la lluvia, se reproducen los animalitos y nuestros mejores árboles están ahí”. La carretera atravesaría la zona núcleo, la partiría en dos y, peor aún, siendo una zona que no tiene asentamientos indígenas ya que éstos se encuentran ubicados en la zona de uso sostenible de recursos, quedaría desprovista de control y protección territorial que estuvo vigente hasta el presente gracias a su difícil accesibilidad.
El territorio comprendido entre los ríos Isiboro, Sécure e Ichoa, además de otros ríos menores que hacen de afluentes, territorio que avanza hasta las serranías de Mosetenes y Sejeruma , yendo de este a oeste, ha sido defendido en la historia reciente desde la primera marcha indígena. Los principales pueblos que partieron de Trinidad son precisamente de esta área geográfica, además de los del bosque Chiman y las otras regiones aledañas. Tal parece que este ecosistema de mayor precipitación pluvial del país se ha convertido no sólo en el corazón de la producción del agua, en un núcleo ecológico que articula otros ecosistemas colindantes, sino también en un centro gravitacional de resistencias al modelo extractivista y al avance de la frontera agrícola. Hay algo en el TIPNIS que convoca, fuera de la defensa de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, ese algo tiene que ver con los ciclos vitales que dinamizan la vida de este territorio, es también una defensa de los bosques, de los suelos, de las plantas, de los animales, del agua. Es la defensa de la vida ante la vorágine del capitalismo. Algo que no pueden comprender ni el gobierno perdido en el modelo extractivista, ni los funcionarios desarrollistas, menos los empresarios agroindustriales, madereros, ganaderos, tampoco la empresa constructora de la carretera, menos las empresas trasnacionales del petróleo. No se puede esperar que comprendan los colonizadores dedicados al monocultivo de la hoja de coca. A todo ellos les interesa la ganancia. Hay un abismo entonces entre la valorización abstracta del dinero y la valoración concreta y cualitativa de la vida.
Por otra parte no hay que olvidar el contexto de las luchas, el contexto continental de las resistencias y las luchas contemporáneas contra el extractivismo. En todo el continente, particularmente en el sud, se han desatado luchas y movimientos sociales contra el extractivismo minero e hidrocarburífero, en defensa de la vida, de la tierra y del agua. No podemos desconectar lo que ocurre en el TIPNIS, alrededor del TIPNIS, en Bolivia en relación a la defensa del TIPNIS, de lo que pasa en otras partes, en la lucha sostenida contra las distintas formas del extractivismo. Es una lucha continental, particularmente interesa, en este caso la defensa de la Amazonia en contra de la deforestación, depredación y degradación ocasionados por la implementación de las formas del modelo extractivista. En las serranías del Perú se han desatado radicales luchas en contra de la mega-minería y sus devastadoras consecuencias para los pueblos y comunidades, contaminando tierra y agua. Las marchas de defensa del agua y de la vida se han multiplicado. Se han expulsado a empresas mineras, la lucha es frontal contra el capitalismo extractivista. En tanto los gobiernos, incluso los progresistas, se han puesto de lado de las empresas mineras e hidrocarburíferas, enfrentando a sus pueblos.
Este es el contexto de las luchas contemporáneas contra el capitalismo, muy lejos de los discursos rimbombantes de algunos gobernantes progresistas, discursos que pretenden aparecer como anti-imperialistas, pero que no son otra cosa que dispositivos discursivos que legitiman la incursión de las empresas trasnacionales del Imperio capitalista. Teniendo en cuenta esta confrontación real, se puede ver quienes están de un lado y quienes del otro lado. Los gobiernos, incluso los gobiernos progresistas, están efectivamente del lado de las empresas trasnacionales extractivistas, por lo tanto del lado del Imperio, en tanto que los pueblos y comunidades que resisten y luchan contra el extractivismo están de lado de la vida, de la defensa de la vida, de la defensa del agua, de los bosques, de los suelos, de las plantas, de los animales. Defensa que tiene que ver por la lucha por una perspectiva civilizatoria alternativa.

*Raúl Prada Alcoreza es Ex Asambleísta Constituyente

ATAQUE A UNA RADIO INDÍGENA Y DESEOS DE DIÁLOGO PRECEDEN A LA IX MARCHA POR EL TIPNIS








ERBOL/22/04/2012.- A sólo tres días de iniciarse la IX marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) se produjo un incidente violento en San Ignacio de Moxos, cuando un grupo de masistas atacó una radio comunitaria indígena como parte de las medidas que iniciaron los cívicos de ese municipio para amedrentar e impedir el paso del contingente de indígenas que deben pasar por ese lugar para dirigirse a Chaparina, sitio de donde partirá la caminata con destino a La Paz. Mientras que el gobierno ha reiterado su deseo de dialogar con la dirigencia de los pueblos indígenas de tierras bajas, misma que pide anular la Ley 222 de consulta posterior como condición para iniciar las negociaciones.


Ataque masista a radio Arrairru Sache

Una turba de vándalos, presuntamente afines al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), atacaron e intervinieron la mañana de este domingo una radio comunitaria indígena en el municipio de San Ignacio de Moxos, provincia Moxos del departamento del Beni.

La denuncia la hizo conocer el responsable de ese medio, René Nuni, quien dijo, en comunicación telefónica con Erbol, que aproximadamente a las 11.05 un grupo de personas, en su mayoría jóvenes que pertenecerían a la Central Obrera Regional de San Ignacio de Moxos, irrumpieron de manera violenta en los estudios de la emisora Arrairru Sache vitoreando consignas a favor del MAS.

De acuerdo al relato obtenido por Erbol, los vándalos masistas, tras ingresar a la radio, golpearon a su director y le arrebataron la grabadora reportera que llevaba, luego sacaron a la calle a empujones al conductor del programa que se estaba difundiendo en ese momento, Hefiquio Salazar, para posteriormente sustraer y destruir la documentación que había en la emisora.

Nuni identificó a José Rodríguez y a una persona de apellido Colque, como los cabecillas que incitaron a la turba de masistas a atacar esa radio comunitaria indígena que al momento suspendió temporalmente sus emisiones.

Indicó que los agresores, después del ataque, se retiraron del lugar y no se descarta que vuelvan a reagruparse para saquear los equipos de la radio con el fin de evitar que siga emitiendo su señal.

Respeto a la marcha

En La Paz, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en conferencia de prensa, pidió a los grupos que no están de acuerdo con la novena marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) respetar esa movilización.

Instó a esos grupos de choque, que bloquean las carreteras y los puntos de acceso al municipio de San Ignacio de Moxos con el propósito de impedir el paso del contingente de indígenas que deben reunirse en Chaparina para iniciar la marcha, dialogar antes que confrontarse.

La posibilidad de diálogo está abierta

Por su lado, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en declaraciones a Erbol, dijo que está abierta la posibilidad de instalar una mesa de diálogo con la dirigencia indígena para tratar todos los aspectos inherentes al TIPNIS “y no debería estar restringido ni condicionado absolutamente para generar un escenario sincero y propositivo”.

“El diálogo está absolutamente abierto (…) el año pasado dejamos que se polarice el tratamiento de un tema y eso desvirtuó el tratamiento de fondo de la problemática que derivó en un saldo negativo, entonces ahora hay que dialogar y debatir”, manifestó la autoridad.

Anulación de la Ley 222

Mientras que el presidente de la Subcentral del TIPNIS, Fernando Vargas, puso como condición para dialogar con el gobierno de Evo Morales la anulación de la Ley 222 que dispone la realización de una consulta posterior a las comunidades de esa reserva ecológica sobre la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari San Ignacio de Moxos por en medio del Isiboro Sécure.

“No se puede dialogar de buena fe con el gobierno, porque con el Ministro Romero hicimos y trabajamos casi más de dos meses el reglamento de la Ley 180 y fue aprobado de manera unilateral y; segundo, si bien hay un tema integral en el TIPNIS, pero de fondo está el tema del proyecto de la carretera Villa Tunari San Ignacio de Moxos y la Ley 222, que está totalmente fuera de lo establecido".

A criterio del dirigente indígena, si el gobierno quiere un diálogo sincero debe dejar sin efecto la Ley 222 y anular todos los actos jurídicos que dieron lugar al cuestionado proyecto carretero y definir una nueva ruta que no afecte al Isiboro Sécure, “de lo contrario sería nuevamente una pérdida de tiempo reunirse sobre algo que no hay claridad”.