Raúl Prada Alcoreza*
Se
viene la IX marcha indígena en defensa del TIPNIS, de la Constitución, de los
derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios y por la reconducción
del proceso. La novena marcha se efectúa en contraposición a la ley 222,
promulgada por el presidente, pretendiendo el gobierno instalar una consulta
extemporánea y que no cumple con la estructura
conceptual y normativa de los convenios internacionales ni de la Constitución.
Naciones Unidas ha tenido un papel ambiguo, haciendo declaraciones como que
después de todo está bien la consulta, trayendo además una delegación
canadiense de naciones unidas que dicen que la consulta puede hacerse, haciendo
algunas modificaciones en la ley 222 que mudaría los tiempos. Estas
descolocadas declaraciones, sin ninguna consideración del contexto y de la
coyuntura, de la Constitución y de los derechos de las naciones y pueblos
indígenas constitucionalizados, sin evaluar la historia de las últimas marchas
indígenas y las contradicciones inherentes al proceso, terminan apoyando la
autoritaria imposición del gobierno de un cuestionario que incorporan dos
preguntas que le interesan al ejecutivo, la pregunta sobre intangibilidad y la
pregunta sobre la carretera. Incluso en el protocolo de la consulta el gobierno
fuerza un cuestionario induciendo la decisión por la carretera. Protocolo que
contó con la complicidad de la gente del CONISUR, que nada tiene que ver con la
TCO del TIPNIS, por donde pasaría la carretera.
A estas alturas del conflicto es indispensable
volver a hacer una evaluación, pues las preguntas sobre el tema son
reiterativos: ¿Qué hay detrás del conflicto? ¿Por qué insiste el gobierno?
Ahora podemos introducir otras preguntas más: ¿Qué papel juega Naciones Unidas?
¿De qué se trata todo este juego de rescindir el contrato con OAS, manteniendo
en suspenso, como una espada de Damocles, la construcción d la carretera? Vamos
a tratar de responder a estas preguntas, recordando también lo que ya
escribimos en otros textos, sobre todo en La guerra de la madre tierra . Ahora
trataremos de concentrarnos no sólo en los intereses en juego y en las
relaciones de poder, así como en el carácter del gobierno y el modelo extractivista
por el que optó, sino buscando profundizar en el análisis de los despliegues de
fuerza, combinadas con poses de consulta, comprometiendo a veedores de Naciones
Unidas.
La estrategia ha cambiado, por lo menos el estilo;
se ha renunciado al ataque violento y descalificador a la dirigencia indígena,
buscando más bien dividir las fuerzas de las organizaciones indígenas,
comprometiendo a dirigentes medios y de base, incluso a regionales indígenas.
Buscando presionar a las comunidades del TIPNIS con visitas de la armada y de
funcionarios que entregan regalos, obsequios, antenas celulares, motores, con
el objeto de comprometer su decisión por la carretera. Incluso ahora el
sobrevuelo del presidente por el territorio del TIPNIS y visitas intempestivas
a las comunidades. Estas incursiones por los ríos Isiboro, Sécure e Ichoa,
estas visitas por helicóptero a las comunidades, han causado malestar y en
algunos casos el efecto de disuasión. Sabemos que sólo por este despliegue se
anula y se deslegitima la operación de consulta gubernamental, pues contraviene
las clausulas y requisitos de la consulta, la misma que no puede estar hecha
bajo presiones y cohechos. Empero, ahora, no se trata de ahondar en estos
aspectos que deslegitiman la consulta oficial, sino de comprender un poco mejor
por qué lo hacen, por qué insisten, por qué se arriesgan en un juego peligroso.
Un argumento vertido por un senador ha sido el que
no se debe desechar la consulta y el derecho a la consulta, por eso hay que ir
adelante y ponerse de acuerdo en su implementación. Este argumento parece
inocente, tal como se lo plantea, contrastando con el contexto, la coyuntura,
la historia misma del conflicto. Es fácil argumentar de esa manera
desentendiéndose de las contradicciones inherentes. Sobre todo desentendiéndose
de la voluntad y decisión del gobierno de construir la carretera. El argumento
es un dispositivo discursivo más para lograr un efecto, la construcción de la
carretera. No hay ninguna desinteresada pregunta por la carretera a las
comunidades del TIPNIS, se hace la pregunta con la intensión de lograr una
respuesta inducida, la aceptación de la carretera. ¿Es tan importante esta
carretera para el gobierno? Han dicho que es importante para la vinculación
interdepartamental; en esta tónica se utilizado el argumento de una geopolítica
en desmedro de la oligarquía de Santa Cruz. ¿Por qué no se hace por otro lado
la carretera? ¿Realmente una carretera le quitaría a la Oligarquía cruceña el
control que tiene sobre el Beni? ¿No será mas bien otro tipo de geopolítica,
una más antigua, que se restaura; la geopolítica anti indígena de los grupos
vinculados a la economía política del extractivismo, sus mapas, sus circuitos,
sus expansivas relaciones con el mercado y el capital, ahora absorbidos por la
creciente hegemonía asiática, particularmente de China. ¿No será parte de esta
geopolítica extractivista la propia expansión de la frontera agrícola del
monocultivo de la coca, vinculada a la economía política de la cocaína? ¿Cómo
podemos saberlo? ¿Por los actores involucrados en el conflicto?
Sarela Paz nos muestra en un ensayo la relación de
la carretera en cuestión con el modelo extractivista . La relación de la
expansión del monocultivo de la hoja de coca con la extracción de minerales e
hidrocarburos, la concomitancia de estas formas económicas extractivas en el
marco de una economía rentista. Este es el fondo del problema, la estructura y
el desenvolvimiento mismo del modelo extractivista. En este tema entran en
concordancia las grandes empresas trasnacionales, la burguesía boliviana, los
agroindustriales, los nuevos ricos, con los estratos campesinos vinculados al
monocultivo, sobre todo al monocultivo de la coca. Siendo los campesinos el
bloque social de apoyo del gobierno, se entiende que el tema de la expansión
agrícola es parte de la agenda del gobierno. Lo que no se entiende, a primera
vista, es por qué las organizaciones campesinas y el gobierno optaron por
afectar a los territorios indígenas y no a los latifundios de los
terratenientes. ¿Por qué renunciaron a la reforma agraria? ¿Por qué prefieren
pelearse con los indígenas originarios y no con los terratenientes? ¿Cuál es
pues la estructura de poder en Bolivia? Este tema ha sido delicado desde la
aprobación de la Constitución en Oruro, donde estaba claro el mandato de la
reforma agraria. La revisión de la Constitución por parte del Congreso
Constitucional llevó a anular la reforma agraria al establecer que la
afectación no iba a ser retroactiva a las tierras saneadas. Más tarde, la
Cumbre Social de diciembre de 2011 propone la suspensión del saneamiento de
tierras por cinco años, es decir sin aplicar la exigencia de la función
económica y social. ¿Quiénes se benefician? Obviamente los terratenientes. ¿Por
qué se hace la alianza con ellos y se descarta a los indígenas?
La pelea con las oligarquías regionales de la
llamada “media luna” terminó con su derrota en Pando, después de la masacre de
El Porvenir. ¿Por qué después de esta derrota no se pasó a la reforma agraria?
¿Tienen mucha fuerza los terratenientes? ¿Tienen poder económico? ¿Controlan el
territorio? ¿En sus manos está la producción agrícola y agroindustrial? ¿Cuál
es la textura de estas relaciones? Estas preguntas tienen que relacionarse con
la opción misma del gobierno en lo que respecta a la estructura agrícola,
agropecuaria y agroindustrial. ¿Por qué el gobierno desconfía de las
comunidades indígenas y campesinas para garantizar la seguridad alimentaria?
Las decisiones del gobierno parecen responder a un pragmatismo llevado a extremos
y a un realismo político exacerbado. Parece que el presupuesto latente es que
las comunidades indígenas y campesinas no pueden garantizar la seguridad
alimentaria, por lo tanto lo sensato es mantener la producción de los grandes
propietarios. Esta decisión del gobierno boliviano no está de ninguna manera
alejada de la tomada por el gobierno progresista de Brasil; allí ocurrió lo
mismo, la renuncia a la reforma agraria.
No hay que descartar de ninguna manera que ciertos
estratos de medianos y pequeños productores, por lo tanto, ciertos estratos
campesinos, entren en afinidad con la burguesía agraria debido a la
características mismas de la economía agraria vinculada a la economía
capitalista. Por ejemplo, en el caso de la soya se vinculan terratenientes,
propietarios latifundistas, arrendatarios brasileros que expande la geografía
de la soya, avanzada en Brasil, Argentina y Paraguay; también se involucran
medianos y pequeños productores bolivianos . El interés de todos ellos es
garantizar el desenvolvimiento de la economía de la soya y en este sentido la
expansión de la frontera de la soya; esto debido a su carácter depredador.
Otro cultivo de importancia que agrega a pequeños,
medianos y grandes productores es el del arroz. En este caso, los llamados colonizadores,
juegan un papel importante. El apoyo del gobierno a los pequeños y medianos
productores coadyuva a fortalecer la economía del arroz, sin descartar la
participación de los grandes productores. Se puede decir que alrededor de 72
mil familias trabajan en el cultivo de arroz, desde la producción hasta la
comercialización. En los últimos treinta años la superficie cultivada con arroz
ha venido creciendo paulatinamente. En la década de los setenta se llegó a
cultivar hasta unas 50 mil hectáreas; en tanto que en el 2008 se supera ya las
140 mil hectáreas. Empero hay que anotar que en los últimos años la expansión
de la superficie cultivada se ha detenido; muchos agricultores decidieron
sembrar soya, caña u otros cultivos en vez de arroz .
Otro producto de gran importancia, sobre todo para
la exportación, es la castaña, aunque esta no es una producción agrícola
propiamente hablando, sino mas bien es de recolección. En esta economía de la
castaña se ha formado una estructura que incorpora en la base a las castañeras,
que son mayoritariamente obreras contratadas por las empresas, incluso
organizadas en forma sindical. Por otra parte están los empresarios castañeros,
los intermediarios, los circuitos comerciales, el sistema financiero y de
créditos, pues este mercado es mundial. Bolivia exporta el 85% de la castaña
mundial. Como la castaña se encuentra en los bosques, también en la economía de
la castaña se encuentran comprometido propietarios y comunidades indígenas. A
diferencia de lo que ocurre con el arroz, en este caso el control del comercio
internacional lo hacen los grandes empresarios. El gobierno ha organizado una
empresa pública de la castaña (EVA), que hasta ahora no ha dado resultados ni
ha podido, por lo tanto, romper el control empresarial privado de la castaña.
Este es uno de los pocos casos de los mencionados dónde las trabajadoras
castañeras entrarían directamente en conflicto con la empresas, pues se hallan
sometidas a una super-explotación y sin gozar de todos los derechos de los
trabajadores. En los otros casos vemos que los pequeños productores mas bien se
encuentran en alianzas, aunque sean coyunturales, con los grandes productores
agrarios. En todos estos casos vemos los avances y la expansión de los
circuitos comerciales y de las formas de producción agraria, articuladas a la
economía capitalista.
Otro rubro agrario importante y con historia es el
de la caña de azúcar. En este caso tenemos empresas azucareras que abastecen
principalmente al mercado interno, aunque también exportan. Todas estas
empresas son privadas, incluyendo a la empresa azucarera de Bermejo, que fue
privatizada en el periodo neoliberal. El gobierno ha decidido establecer una
empresa pública, construyendo un gran ingenio azucarero en San Buena Aventura,
empero todavía faltan años para su funcionamiento. En el caso de la caña de
azúcar tenemos por un lado a los propietarios y accionistas, por el otro lado a
los zafreros que atienden la zafra de la caña cuando corresponde, produciéndose
migraciones estacionales de trabajadores. También debemos contar con los
obreros de los ingenios, los técnicos, los ingenieros y los funcionarios. Los
zafreros se hallan sometidos a formas de trabajo intensos sin gozar tampoco de
beneficios laborales. Aquí también encontramos contradicciones inmediatas entre
estos trabajadores temporales y los empresarios del azúcar. Tenemos una
relación concomitante entre tenencia de la tierra, plantación de caña y
producción de azúcar. Hay pues una economía del azúcar .
Todas estas economías, la de la soya, la del arroz,
la de la castaña, la del azúcar, formar parte de la economía capitalista
agraria en Bolivia, que parece encontrarse otra vez en expansión, en una
coyuntura económica reactivada por el crecimiento y desarrollo capitalista de
la China. Tan fuerte es el crecimiento de la China, como potencia industrial,
tecnológica, militar, incluso financiera, que ha incorporado a su espacio de
irradiación, influencia y control a América Latina, sobre todo a Sud América.
La inmensa necesidad de minerales por parte de China ha reactivado fuertemente
la economía minera en Sud América, los gobiernos sudamericanos han abierto
espacios de inversión a los capitales chinos, incluyendo los hidrocarburos. Los
productos manufacturados chinos invaden los mercados sudamericanos y no tienen
competencia por sus bajos costos. La emergente potencia industrial de Brasil ha
volcado toda su mirada al mercado Chino, aunque piense vincularse a través de
la venta de alimentos y materias primas, renunciando en parte a la competencia industrial,
insostenible con China. El proyecto de integración económica y comercial
sudamericana (IIRSA) tiene como perspectiva el mercado asiático. Como se puede
ver, estamos en una coyuntura donde el modelo extractivista se ha reactivado y
reforzado debido a la demanda china, aunque no únicamente. Este capitalismo
dependiente se encuentra nuevamente en expansión. Como se dijo, el
extractivismo minero e hidrocarburífero es plenamente congruente con la
economía agrícola de los monocultivos, basados en la expansión de la frontera
agrícola, aunque también con la economía recolectora de la castaña que ha
enfocado su “industria” a la exportación. En estas condiciones es de esperar
que la tendencia efectiva sea esta, la de la expansión del capitalismo en el agro,
entrando rápidamente en contradicción con otras formas de organización
económicas, basadas en la propiedad comunitaria.
Sin pretender completar un cuadro panorámico de los
órdenes de relaciones de los productos agrarios, ni mucho menos, sino tan sólo
ofrecer un dibujo que resalta ciertos síntomas de la cuestión agraria, vamos a
bosquejar también la composición social y económica en torno a otros bienes
significativos, como el de la quinua; también decir algo sobre la papa en la
economía campesina. En contraste, es indispensable mostrar también lo que pasa
con la ganadería, sobre todo bovina. Por último, también es menester un dibujo
rápido del papel de la economía maderera.
El cultivo de la quinua se extiende por el
Altiplano Norte, Central y Sur, por los Valles interandinos y en los Salares
existentes en el sur, que se caracterizan por tener un clima templado. El
cultivo rinde mejor en lugares áridos y semiáridos, con influencia de la
radiación solar. El cultivo de la quinua ha venido creciendo paulatinamente, la
superficie cultivada se ha extendido notoriamente y se estima que ha llegado a
más de 50.000 hectáreas en el Altiplano.
La población comprometida con el cultivo de la
quinua se estima que llega a unos 70.000 productores en el Altiplano Norte, Centro
y Sur, de los cuales aproximadamente 15.000 productores están vinculados a su
comercialización interna como externa. El resto de los cultivadores son
familias que producen principalmente para autoconsumo y el intercambio
familiar. De acuerdo a los datos del INE dados el 2008, la superficie cultivada
habría alcanzado 51.382 has., generando aproximadamente 23.654 TM de quinua. Se
estima que el valor de la producción llegó a $us. 52.748.420, de los cuales se
exportaron de manera oficial 10.300 TM, con un valor de $us 23.308.900 de
Quinua Real. El consumo del mercado interno se estima en 4.350 TM con un valor
de $us 7.920.500 .
Hay siete empresas principales en la exportación de
la quinua, una asociación de productores, una cooperativa y las demás son empresas
privadas. Como se puede ver el acopio y la intermediación juegan un papel
importante en el control y monopolio del comercio de la quinua. Los productores
asociados y los de la cooperativa abren una perspectiva distinta en la economía
de la quinua, a diferencia de las empresas privadas, sobre todo por la
participación de los productores en la exportación. Sin embargo, la expansión
del cultivo de la quinua no ha escapado a la concentración de tierras y a los
efectos del monocultivo, arrastrando a otros productores y entornos al mismo
fenómeno. De todas maneras no se nota de manera inmediata una contradicción
visible entre cultivadores y acaparadores de la quinua; por lo menos las
diferencias no habrían llegado a configurar un conflicto. En el caso de la quinua
se puede hablar de la ampliación de la frontera de la quinua, convirtiendo las
tierras dedicadas a otros cultivos en exclusivas para la quinua. Esto produce
una transformación de le economía campesina y de algunas comunidades. La quinua
forma parte de circuitos comerciales importantes, participando de manera
diferencial y particular en la expansión de la economía agraria capitalista.
La papa se cultiva en aproximadamente 179.407
hectáreas distribuidas en siete departamentos, con una productividad estimada
de 5,2 toneladas métricas por hectárea; de donde el 81 por ciento corresponde
al altiplano y valles, en tanto que el resto se cultiva en zonas subandinas. De
acuerdo a los datos otorgados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior
(IBCE), se señala que en los siete departamentos productores de papa se
cultivan 935.862 toneladas métricas; de esta producción 6.532 toneladas son
cultivadas en Santa Cruz. El consumo del mercado interno llega a 490.000
toneladas de papa, de las cuales la industria demandó 26.000 toneladas.
Cochabamba tiene el mayor registro del consumo per cápita anual con 151 kilos
por habitante, luego La Paz con 66 kilos y Santa Cruz 54 kilos. La producción
de papa genera un valor anual superior a 148 millones de dólares; de este monto
al eje central corresponden 51,1 millones por un consumo de 237.000 toneladas.
La población involucrada en el cultivo de papa llega a más de 203.000 familias.
Sin embargo, el país no es autosuficiente en papa, por lo que se importa papa
para cubrir la demanda; principalmente de Perú y Argentina. La papa también es
industrializada por unas 300 empresas, que en su mayoría son informales, 46
microempresas, 8 pequeñas y 7 medianas. Todas procesan entre 210 y 260
toneladas métricas por año. Del total de empresas que industrializan este
tubérculo, el 70 por ciento produce papas fritas en bolsa y pellets de papa, en
tanto que 27 por ciento fabrica sopas, fécula o almidón, galletas, chuño y
tunta embolsados .
En el caso de la papa, también se articula una
cantidad significativa de pequeños productores, así como también grupos
importantes de medianos productores. No se puede hablar de un monopolio del
comercio de la papa, pues su mercado está abierto y es accesible a los pequeños
productores, aunque si se puede mencionar a los intermediarios que terminan
controlando la comercialización de la papa. De todas maneras podemos decir que
el cultivo de la papa puede identificarse de manera más propia a la economía
campesina, debido a una mayor participación de las familias de pequeños
productores. En este caso no hablamos de una economía capitalista que termina
concentrando las ganancias en unas cuantas empresas monopólicas, sobre todo por
su relación privilegiado con el comercio, sino que estamos hablando de
múltiples vínculos con el mercado, de alguna manera controlados por
intermediarios. Lo que muestra más la reproducción de la economía familiar que
la formación de grandes ganancias. No se puede sostener la tesis de la economía
mercantil simple, tesis abstracta y sin contrastación empírica, que servía más
para sostener el modelo teórico que para explicar la realidad. La producción de
la papa genera ganancias que son apropiadas primordialmente por los
intermediarios, también genera las condiciones de la reproducción campesina,
así como aporta a la alimentación de las ciudades, sosteniendo su consumo a
precios todavía accesibles.
La economía de la papa nos muestra la complejidad
del mercado, donde se insertan economías con un perfil más claramente
capitalista, así como también economías campesinas basadas en estrategias de
diversificación, distribución y complementariedades entre formas de trabajo
familiar y comunal. El sentido de estas otras economías no está tanto en la
ganancia como en la propia reproducción, en la posibilidad de la
diversificación, así como también la combinación de formas de trabajo. Anotar
esto es importante para cuando discutamos las economías en el TIPNIS .
En lo que respecta a la economía ganadera, nos
vamos a concentrar en el ganado bovino, dejando pendiente los otros ganados. La
población de bovinos ocupa gran parte del territorio del país, a veces en forma
mezclada con otras especies ganaderas y en combinación con la agricultura; sin
embargo, la mayor parte de la población se encuentra asentada en el trópico. El
año 2003 se estimó que el ganado bovino llegaba 6,5 millones de cabezas. Esta
cantidad de ganado se concentra mayoritariamente en el Beni, un 73%, después en
Santa Cruz, un 25%, en los valles de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija se distribuye
un 18%, en tanto que en la región del Altiplano de La Paz, Oruro y Potosí se
distribuye un 9%, quedando un 1% para la Amazonia de Pando .
La concentración y el monopolio de tierras en
relación a la ganadería bovina, sobre todo en el oriente boliviano, es fuerte.
Se da una situación dual, por una parte una tendencia al minifundio que condena
a gran parte de la población rural, por otra parte, en contraposición, una
tendencia al latifundio, concentrando la tierra en pocas familias de
terratenientes. Haciendo un balance de la reforma agraria Gonzalo Colque,
director de la fundación Tierra, escribe:
Ante la necesidad de más tierras, la Reforma
Agraria de 1953 fue completada con los programas de asentamientos emprendidos
por el Instituto Nacional de Colonización (INC), entidad que promovió
movimientos migratorios de cerca de 70 mil familias desde las tierras altas
hacia las zonas cálidas como San Julián, Alto Beni o Chapare. También el
Gobierno impulsó la “marcha al oriente”, cuyos fines eran vertebrar el occidente
con el aislado oriente boliviano y desarrollar una política agropecuaria de
diversificación y sustitución de nuestra dependencia de alimentos importados.
La historia reciente es conocida. La reforma fue
abandonada por el Estado y una ola ilegal de acaparamiento de tierras surgió en
el oriente boliviano, alentada por la permisiva dotación de hasta 50 mil
hectáreas de tierra a cambio de una simple expresión de buena voluntad del
interesado para producir alimentos o criar ganado. En 1996 fue aprobada la Ley
1715 del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para corregir estas
distorsiones, pero sin éxitos notables, excepto el reconocimiento de
territorios a favor de los pueblos indígenas de tierras bajas.
El MAS tiene una relación estrecha con esta
historia de la revolución del MNR, en cuanto a causa-efecto y paralelismo
político. El control del “voto campesino” que perdió el MNR pasó a manos del
MAS, no sólo con base en los sindicatos agrarios existentes sino,
principalmente, sustentado por los colonizadores transformados en productores
de la hoja de coca. En sus inicios, el MAS retomó la agenda pendiente de la
política de tierras.
Planteó la anulación del sistema latifundiario de
las tierras bajas; la redistribución y dotación de tierras estatales sólo a
favor de comunidades y únicamente de forma colectiva; y la reversión de grandes
propiedades improductivas. Al igual que el MNR, canalizó el descontento de
campesinos e indígenas hacia una propuesta de reconducción de la reforma
agraria.
Entre los años 2006-2010, el MAS tuvo el acierto de
acelerar la titulación de los territorios indígenas, pero renunciando a una
mirada integral y estratégica. Se enfrascó en una inútil batalla por demostrar
que titulaba más millones de hectáreas de tierra que gobiernos anteriores
cuando lo importante no son las hectáreas, sino el número de personas
beneficiarias con tierras productivas, en otras palabras, la democratización en
el acceso a la tierra y la anulación simultanea de minifundios y latifundios.
En menos de cinco años el MAS abandonó su reforma
agraria, al igual que el MNR, aunque este último no lo hizo tan rápidamente.
Ambos partidos, una vez que capitalizaron el voto rural, dejaron al margen de
sus preocupaciones la política de tierras y se concentraron en beneficiarse con
la cooptación campesina para sus intereses partidarios de mantenerse en el
poder.
La actual estructura agraria dual de minifundio y
latifundio tuvo su origen en las deficiencias de la Reforma Agraria de 1953 y
no fue encarada por el Gobierno actual. A esto hay que añadir nuevos elementos
de relevancia del agro boliviano: el modelo de la agroindustria de exportación,
con especial énfasis en el monocultivo de la soya; el fenómeno de los
monocultivos de tierras altas destinados a la producción de quinua de
exportación; y la economía de la hoja de coca en las zonas de colonización .
Como se puede ver, estamos ante el fracaso de la
reforma agraria, en lo que respecta a su proyección a largo plazo, además de
tener un panorama de reversión de la reforma agraria ante la expansiva
concentración de la tenencia de la tierra, y en contraste la expansión de un
proliferante minifundio. Esta situación ha buscado su salida por medio de la
colonización y la migración desde occidente a tierras bajas, fenómeno que
presiona por la ampliación de la frontera agrícola y ahora entra en conflicto
con tierras comunitarias de origen (TCOs). La ganadería bovina abastece al
mercado interno, aunque también ya ha ingresado a los flujos de la exportación.
Esta economía ganadera es capitalista, aunque mantiene las formas de la cría
del ganado en forma extensiva, ocupando grandes cantidades de tierra, que
podríamos decir son quitadas a la agricultura y destinadas a la ganadería,
también cantidades de tierra desforestadas, acabando con los bosques para
destinarlos a este rubro. La ganadería tal como se la aplica en Bolivia es
depredadora. La economía ganadera que articula a propietarios ganaderos,
técnicos, vaqueros, capataces y peones, se enfrenta a las comunidades, debido a
la presión que ejerce hacia la ampliación de fronteras.
En Bolivia hay 53 millones de hectáreas de
cobertura forestal, de las cuales 5.399. 278 hectáreas se encuentran
concesionadas, bajo el derecho forestal de Concesión Forestal de Tierras
Fiscales . Hay como 275 empresas madereras, de las cuales el 88% corresponden
al eje central. Estas empresas funcionan en conexión con el mercado
internacional; se podría decir que son típicamente extractivista por su papel
en la desforestación y también depredadoras por atentar contra la desaparición
de especies y bosques. Las concesiones forestales y sus entornos de expansión,
pues afectan también a los espacios colindantes, utilizando la corrupción y la
prebenda comprometiendo a personas, incluso comunidades indígenas, en esta
destructiva actividad de la desforestación en aras del negocio maderero, entran
con conflicto con los territorios indígenas debido a su irradiación destructiva
y sus efectos contaminantes. En algunos casos, como en el TIPNIS y el bosque
Chiman, se instalan en los alrededores y presionan para afectar estos
territorios protegidos por leyes ambientales, por la Constitución y los
derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. La presión del
negocio maderero también forma parte de la composición del conflicto del
TIPNIS.
Como se puede ver en esta revisión panorámica de la
economía agraria y forestal en Bolivia, como parte del modelo extractivista,
que cuenta como columna del modelo al extractivismo minero e hidrocarburífero,
esta economía capitalista periférica, conformada por una variedad de formas,
presiona para la ampliación de la frontera agrícola, comprometiendo tanto a
poblaciones, por así decirlo, expulsadas por el minifundio, como a
terratenientes, empresarios, agro industriales, que tienen el mismo interés de
extender la frontera agrícola y maderera, así como extender las concesiones
hidrocarburíferas para su exploración por empresas trasnacionales. Frente a
esta expansión, como resistiendo se encuentran formas de economía alternativas
y tradicionales, primordialmente configuradas en las comunidades indígenas y
territorializadas en los llamados territorios indígenas. Se puede decir que en
Bolivia el universo de los territorios indígenas es de más de 200, podríamos
decir, 203; de los cuales, 84 TCO son tituladas, 31 tienen títulos pero su
proceso aún no ha concluido, 13 tienen ya algo de titulación y 75 Tierras
Comunitarias de Origen en proceso. Las posibilidades de una economía étnica, de
una economía comunitaria y de economías alternativas se encuentran en estas
formas comunitarias de propiedad, se encuentran en estos espesores culturales y
de biodiversidad. Estas TCOs se han convertido en los baluartes de la
resistencia a la expansión diversa del capitalismo, sobre todo a su modelo extractivista
colonial del capitalismo dependiente. Es a partir de estos núcleos y del
contexto en el que se mueven que debemos volver analizar el conflicto del
TIPNIS.
Economía comunitaria y economía étnica en el TIPNIS
En adelante trataremos de dibujar las características
de las economías alternativas que se dan en el TIPNIS, sobre todo bosquejar la
economía étnica, tal como la nombra Sarela Paz, así como la economía
comunitaria y emprendimientos alternativos que buscan mantener el equilibrio
ecológico. Según Sarela Paz la economía étnica que forma la base productiva y
reproductiva de las comunidades indígenas yuracares, chimanes y moxejo
trinitarias tiene bases en actividades tradicionales de caza, pesca,
recolección y agricultura. Los tres pueblos indígenas realizan las cuatro
actividades con sus matices. Por ejemplo, las familias indígenas yuracares y
chimanes desarrollan agricultura en la selva alta y se caracterizan por
sostener una agricultura de carácter agroforestal; en cambio, los mojeño
trinitarios han desarrollado más destrezas agrícolas en la región de los
bosques inundables, sin manejar demasiadas parcelas agroforestales pero
incorporando las regiones de sabana a su sistema productivo. La economía étnica
que caracteriza a estas comunidades muestra un acoplamiento muy estrecho a los
ritmos biovegetativos de los tres ecosistemas existentes en el TIPNIS . Dicho
acoplamiento es optimizado por las familias indígenas bajo un sistema de
aprovechamiento de recursos caracterizado por la concentración y dispersión
poblacional; esto es, comunidades que concentran familias indígenas donde se
desarrolla centralmente agricultura y actividades menores de cacería,
recolección, pesca y dispersión poblacional de las familias indígenas en un
área de influencia grande comunal e intercomunal para centrarse en actividades
de cacería, recolección y pesca .
Lo que se viene en llamar economía étnica viene a
ser la herencia de los pueblos amazónicos en su vinculación con los bosques y
los ríos, en su relación con los animales y los peces, también en lo que
respecta a sus prácticas de recolección. Esta economía étnica ha introducido la
agricultura de subsistencia como parte de la ampliación de su espectro
alimenticio, también ha incursionado en el negocio de los lagartos y el chocolate,
además del turismo comunitario. Ya en este contexto podemos hablar de una
economía comunitaria basada en la propiedad comunitaria del territorio, en las
gestiones comunitarias del bosque y de los recursos, en la combinación de
actividades que empero tienen como eje articulador al territorio comunitario, a
las comunidades, a la afinidad de los pueblos que habitan el TIPNIS, a la
organización y estructuras comunitarias, así como a sus formas asambleístas y
comunitarias de representación, afiliadas a las grandes organizaciones
indígenas, regionales y del país.
Una descripción más detallada nos ofrece Sarela
Paz:
La economía étnica de la zona responde centralmente
a las necesidades de reproducción de las familias indígenas, es un modelo
económico que tiene como eje el garantizar la seguridad alimentaria de los
pueblos, por eso muchos la reconocen como una economía de subsistencia. La gran
condición para su existencia es que el bosque y sus bienes no sean parcelados
ni individualizados. Las bases materiales de su reproducción como sistema
económico están en que las áreas comunales e intercomunales a las que acceden
las familias indígenas, son de propiedad colectiva, por tanto, su gestión es
una gestión compartida entre las distintas comunidades. En el caso de la
actividad agrícola, los sistemas agroforestales son de beneficio familiar y se
traspasan de una generación a otra en base a lazos consanguíneos. Las familias
indígenas respetan el trabajo incorporado en los sistemas agroforestales y por
eso el acceso es familiar y consanguíneo. En cambio el resto de las
actividades, la cacería, recolección y pesca, se desenvuelven en los bosques
comunales e intercomunales del territorio. De ahí el carácter de su propiedad
colectiva. Así, el modelo económico que se desenvuelve entre las comunidades
indígenas ubica a los bienes del bosque en un sentido de articulación integral.
La valoración combinada de los bienes del bosque nos hace ver que la selva alta
es tan importante como las parcelas agrícolas, los árboles son tan importantes
como la tierra; lo propio, los animales que habitan en el bosque son tan
importantes como los frutos de la agricultura o los recursos acuáticos. En ese
sentido, la economía étnica antes que responder a las necesidades del mercado
responde a las necesidades de las familias indígenas .
Se trata, como se puede ver, de una economía no
destinada al comercio, aunque en algunos casos use los circuitos comerciales,
sino enfocada en la perspectiva de la reproducción de las comunidades, que
implica también el control territorial comunitario de los bosques, de las aguas
y de los suelos. Se trata de lograr la reterritorialización comunitaria, el
control comunitario del territorio, de lograr formar redes y tejidos sociales
que encaminen la relación con el bosque, los ríos, los suelos, los animales y
las plantas de otra manera, en una perspectiva no depredadora. Se trata de
lograr una relación constructiva con el Estado y el resto de la sociedad, en la
perspectiva del horizonte abierto por la Constitución. Hay que mirar a las
comunidades del TIPNIS como un campo de posibilidades en la perspectiva de
proyectos alternativos. Deshacerse de esa mirada despectiva y modernista de la
que se ha hecho cargo el gobierno, viendo en las comunidades del TIPNIS pobreza
y falta de desarrollo, pobreza que es también notoria en otras poblaciones y
pueblos que cuentan con carretera. El gobierno se ha entrampado en una lógica
ideológica, en la defensa desesperada de legitimar un proyecto pragmático
discutible. No se da cuenta que el camino tomado es también su caída; otro
estilo de gobiernos, ya conocidos, pueden hacerlo igual, peor o mejor, pues lo
que se hace es repetir con la continuidad del modelo extractivista. La
responsabilidad del gobierno no era repetir lo mismo, aunque con matices y
hasta con diferencias, sino hacer algo radicalmente diferente, comenzar la
ruptura con el estilo y forma de Estado liberal, salir definitivamente del
modelo extractivista. El gobierno no se da cuenta que los que resisten al
modelo extractivista son precisamente los que materialmente se sitúan en la
perspectiva del horizonte abierto por las luchas sociales y por el proceso
constituyente. Claro que es difícil poder conciliar y concordar intereses en
una transición, pero la tarea es que hay que proponerse hacerlo, sin desechar
la posibilidad del consenso y los acuerdos. Es indispensable primero
salvaguardar a las comunidades, a los territorios indígenas, pues son la base
material de la posibilidad del Estado plurinacional. Sobre esta base claro que
es importante atender los intereses de los demás, incluso si se encuentran
insertos en los circuitos de la economía capitalista periférica. Plantearse
distintas líneas de transición y de transformación, acordando y discutiendo los
recorridos con todos los involucrados. Ante tanta responsabilidad no es posible
renunciar a la construcción participativa de la transición y de las
transformaciones, no se puede optar por una línea impuesta desde el gobierno,
por más pragmática que se crea que es, pues esta opción es ya el encierro del
gobierno en los esquemas fosilizados de la administración pública separada de
la sociedad. Esto no es otra cosa que escoger la condena de repetir las lógicas
de la razón de Estado, de las estructuras de poder cristalizadas, de las relaciones
de poder que atraviesan los cuerpos. Es muy triste ver la escena dramática
cuando los gobiernos populares o progresistas se enfrentan con su pueblo
enarbolando la bandera del progreso, de la razón de Estado, de la supuesta
defensa del proceso contra los fantasmas de una derecha desaparecida o
maltrecha. Es muy triste pues este es el síntoma que muestra que otra vez el
poder nos ha vencido, ha aplastado nuevamente las posibilidades de otro
decurso, de otro desplazamiento inventado por la potencia social. Es
impresionante constatar que todas las revoluciones han sido hundidas por sus
propias contradicciones, también es sorprendente constatar que los gobiernos
encargados terminan aplastando a sus propias vanguardias; este es el punto de
inflexión hacia el despeñadero. No hay que olvidar que los indígenas
originarios son la vanguardia de este proceso, aplastarlos va significar la
muerte misma del proceso.
En lo que respecta a los ecosistemas que componen
el TIPNIS es importante tener en cuenta la re-categorización concertada entre
organizaciones indígenas y el SERNAP. Sarela Paz dice que:
El 2001, como parte de una acción concertada entre
las organizaciones indígenas y el SERNAP, se inicia la re categorización del
Parque Nacional, formulándose nuevas formas de gestionar el área protegida.
Desde entonces el TIPNIS está re categorizado en tres zonas: 1º zona núcleo de
extrema protección y conservación de la biodiversidad, susceptible de usarse
para fines de investigación e ingresos fortuitos de caza y recolección por
parte de las familias indígenas, 2º una zona de uso tradicional que permite el
desenvolvimiento de la economía étnica y 3º una zona de uso sostenible de
recursos que permite proyectar los planes de desarrollo comunitario en base a
planes de manejo a) forestal, b) de cuero de saurios, c) turismo ecológico y
d)agroforestal con chocolate nativo. La zona de uso sostenible de recursos se
ubica en los bosques de galería que acompañan los ríos Sécure, Isiboro e Ichoa
y básicamente estamos hablando de las áreas donde se asientan las comunidades.
Tres regiones de un complejo ecosistema sostenido
por la economía étnica y la economía comunitaria de moxeños, chimanes y
yuracares. ¿Podría mantenerse este equilibrio si una carretera parte el
territorio indígena y parque? Como dice Sarela Paz, se quebraría el control
territorial por parte de las comunidades indígenas y se ingresaría a otro tipo
de control, del Estado y de otras economías, fuertemente ligados a los
circuitos devastadores del capitalismo periférico. La pregunta ante la clara
intensión y voluntad de gobierno de construir la carretera es: ¿Se tiene alguna
idea de lo que implica el Estado plurinacional? Precisamente el pluralismo, la
condición plurinacional, conciben la posibilidad institucional de la
convivencia de naciones y pueblos, de culturas, de sociedades, de formas
plurales institucionales, de economías diferentes, sobre todo de proyectos
civilizatorios distintos. La voluntad política de construir la carretera es una
muestra evidente de que sólo se quiere el Estado-nación, la homogeneidad del
Estado liberal, la continuidad de la colonialidad, la continuidad de la
desarticulación de la cohesión y la institucionalidad cultural de los pueblos
indígenas.
Ciertamente no es fácil resolver los desafíos que
plantea la transición, empero es una tarea ineludible; no es fácil establecer y
construir el pluralismo institucional que sirve no sólo como base material del
Estado plurinacional, sino como conexiones entre sociedades y pueblos, entre
economías y proyectos. No es fácil detener la compulsión de las formas de
economía capitalista periféricas; sin embargo, es un mandato constitucional
salir del modelo extractivista e ingresar a un modelo productivo y producente,
en principio de economía plural integral y complementaria, para avanzar a una
economía social y comunitaria, que incorpora condicionantes ecológicas en la
perspectiva del vivir bien. Es a esta tarea a la que se renuncia cuando se
quiere imponer una carretera, que se dice que es de integración interdepartamental.
Como puede verse el conflicto del TIPNIS ha
ventilado las contradicciones inherentes al proceso y los limites de un
gobierno populista, amarrado a una concepción nacionalista del Estado y
atrapado en la gravitación del modelo extractivista. Por eso también el TIPNIS
se ha convertido en un símbolo de las resistencias y de las luchas por la
reconducción del proceso. Esta es la razón del por qué la defensa del TIPNIS
convoca a los sectores populares de las ciudades, a las organizaciones de los
trabajadores, a los jóvenes que haces sus primeras armas en la experiencia
política. En el fondo hay una conexión entre la defensa de la madre tierra y la
perspectiva de otra forma, contenido y expresión de ciudad. Hay que pelear
también por las ciudades del vivir bien, por transformar las ciudades que se
han convertido en infiernos para niños, jóvenes, familias y ciudadanos. Las
ciudades actuales son ciudades de violencia; múltiples violencias cotidianas
deambulan y conforman una atmósfera asfixiante. No son ciudades donde los niños
puedan deleitarse y crecer placenteramente, donde se pueden formar libremente,
liberando sus talentos y potencialidades. No son ciudades donde los jóvenes
puedan encontrar los espacios de creación, salvo si rescatan reductos donde se
esconden para escapar e inventar otro micro-mundo, aunque sea por un tiempo
perentorio. No son espacios donde las familias y las redes sociales puedan
realizarse con desenvoltura. Al contrario, son ciudades donde hay que luchar
para sobrevivir. Por eso, el imaginario del TIPNIS en los urbanos que salieron
a defender y recibir a los marchistas indígenas de la VIII marcha es como una
esperanza verde, la esperanza en que otros hábitats son posibles.
Lo que ha faltado en la Constitución es la incorporación
de esta otra perspectiva urbana, una urbe ecológica, una urbe como espacio de
emancipaciones y liberaciones, una urbe como consenso arquitectónico y
estético. Lo que también falta en el proyecto de la ley de la madre tierra es
esta otra configuración de la ciudad del vivir bien. Esta es una tarea
pendiente para los urbanos.
Al contrario de lo que dice el gobierno en sus
mensajes desarrollistas, hay que aprender de las comunidades indígenas esta su
economía étnica y economía comunitaria, esta otra forma de compartir y
relacionarse con la naturaleza. No hay nada que enseñarles, menos llevar las
escuelas disciplinarias y modernistas, menos llevarles la burocracia de los
hospitales y clínicas. Que no es lo mismo que renunciar a la educación y a la
salud; al contrario se trata de encara una educación y formación intercultural,
así como se trata de encaras un salud integral, eficiente, abarcadora, adecuada
a los perfiles epidemiológicos locales y sus geografías humanas. El desafío de
la Constitución es la enseñanza en lengua madre, la formación intercultural, la
constitución de sujetos y subjetividades interculturales, no individuos
disciplinados y domesticados. El desafío es dado por la Constitución es lograr
una salud integral, universal, que abarque a todos y resuelva las causas y
condicionantes de las enfermedades. Es muy triste escuchar no sólo a
autoridades de gobierno, a funcionarios, sino también a algunos indígenas que
se prestan a las maniobras del gobierno, que lo que se quiere es llevar
escuelas y las instalaciones clínicas y hospitalarias, como si se tratase de un
proyecto civilizatorio, al estilo colonial. La tarea es distinta, el desafío es
grande, cómo construir un alternativo proyecto educativo y de formación
intercultural, que recupere las lenguas, en toda su complejidad, y los
espesores culturales, simbólicos e imaginarios inherentes. Un proyecto
educativo y formativo que libere de la formación individualista, disciplinaria
y de domesticación, que libere las potencialidades y capacidades creativas de
la gente, de los cuerpos, de las comunidades y sociedades. La tarea es resolver
las problemáticas de los procesos de generación de las enfermedades a partir de
una movilización integral de los recursos, de los saberes, de los conocimientos
y tecnologías de salud.
La batalla por el TIPNIS es clave para el proceso y
para el futuro de todos. El dilema está planteado. Se trata de repetir la
triste historia de avasallamientos, despojamientos, desposesiones,
depredaciones, desforestaciones, en aras de un progreso que sólo beneficia a
unos cuantos, quienes controlan el monopolio financiero, el monopolio de los
mercados, el monopolio tecnológico, el monopolio de las armas, o, por el
contrario, se trata de salir del modelo extractivista, que nos condena a la dependencia
y al subdesarrollo, de crear múltiples líneas de fuga, configurando otros
espacios de realización, de valorización de la vida y de creatividad. La
batalla por el TIPNIS es un momento decisivo, todo depende de la capacidad de
auto-convocatoria del pueblo, de los ciudadanos, de las organizaciones
sociales, de la gente común. No pueden decidir el destino del país quienes
ahora detentan la representación, el gobierno y el monopolio de la violencia.
La decisión la tienen que tomar la mayoría de los bolivianos auto-convocados.
En esta perspectiva, la defensa del TIPNIS, Sarela
Paz anota:
Ciertamente, los elementos anotados son los que
interesa analizar a la luz de la política estatal que busca construir la
carretera por el TIPNIS. La lógica de los modelos de desarrollo comunitario
buscan precautelar por el bien mayor que es el bosque y su conservación. No
obstante, aunque son modelos que vinculan a las familias indígenas con
circuitos mercantiles, el esquema productivo basado en la gestión colectiva de
los recursos permite a las comunidades indígenas desarrollar un control
político sobre el territorio. Justamente, es el control político sobre el
territorio lo que en opinión de las comunidades se vería ampliamente afectado
con la construcción de la carretera. Ésta atravesaría la zona núcleo poniendo
en riesgo el potencial de biodiversidad que alberga, o como dicen las
comunidades indígenas “poniendo en riesgo la zona de producción de vida para el
territorio; en el corazón del TIPNIS se produce la lluvia, se reproducen los
animalitos y nuestros mejores árboles están ahí”. La carretera atravesaría la
zona núcleo, la partiría en dos y, peor aún, siendo una zona que no tiene
asentamientos indígenas ya que éstos se encuentran ubicados en la zona de uso
sostenible de recursos, quedaría desprovista de control y protección
territorial que estuvo vigente hasta el presente gracias a su difícil
accesibilidad.
El territorio comprendido entre los ríos Isiboro,
Sécure e Ichoa, además de otros ríos menores que hacen de afluentes, territorio
que avanza hasta las serranías de Mosetenes y Sejeruma , yendo de este a oeste,
ha sido defendido en la historia reciente desde la primera marcha indígena. Los
principales pueblos que partieron de Trinidad son precisamente de esta área geográfica,
además de los del bosque Chiman y las otras regiones aledañas. Tal parece que
este ecosistema de mayor precipitación pluvial del país se ha convertido no
sólo en el corazón de la producción del agua, en un núcleo ecológico que
articula otros ecosistemas colindantes, sino también en un centro gravitacional
de resistencias al modelo extractivista y al avance de la frontera agrícola.
Hay algo en el TIPNIS que convoca, fuera de la defensa de los derechos de las
naciones y pueblos indígenas originarios, ese algo tiene que ver con los ciclos
vitales que dinamizan la vida de este territorio, es también una defensa de los
bosques, de los suelos, de las plantas, de los animales, del agua. Es la
defensa de la vida ante la vorágine del capitalismo. Algo que no pueden
comprender ni el gobierno perdido en el modelo extractivista, ni los
funcionarios desarrollistas, menos los empresarios agroindustriales, madereros,
ganaderos, tampoco la empresa constructora de la carretera, menos las empresas
trasnacionales del petróleo. No se puede esperar que comprendan los
colonizadores dedicados al monocultivo de la hoja de coca. A todo ellos les
interesa la ganancia. Hay un abismo entonces entre la valorización abstracta
del dinero y la valoración concreta y cualitativa de la vida.
Por otra parte no hay que olvidar el contexto de
las luchas, el contexto continental de las resistencias y las luchas
contemporáneas contra el extractivismo. En todo el continente, particularmente
en el sud, se han desatado luchas y movimientos sociales contra el
extractivismo minero e hidrocarburífero, en defensa de la vida, de la tierra y
del agua. No podemos desconectar lo que ocurre en el TIPNIS, alrededor del
TIPNIS, en Bolivia en relación a la defensa del TIPNIS, de lo que pasa en otras
partes, en la lucha sostenida contra las distintas formas del extractivismo. Es
una lucha continental, particularmente interesa, en este caso la defensa de la
Amazonia en contra de la deforestación, depredación y degradación ocasionados
por la implementación de las formas del modelo extractivista. En las serranías
del Perú se han desatado radicales luchas en contra de la mega-minería y sus
devastadoras consecuencias para los pueblos y comunidades, contaminando tierra
y agua. Las marchas de defensa del agua y de la vida se han multiplicado. Se
han expulsado a empresas mineras, la lucha es frontal contra el capitalismo
extractivista. En tanto los gobiernos, incluso los progresistas, se han puesto
de lado de las empresas mineras e hidrocarburíferas, enfrentando a sus pueblos.
Este es el contexto de las luchas contemporáneas
contra el capitalismo, muy lejos de los discursos rimbombantes de algunos
gobernantes progresistas, discursos que pretenden aparecer como
anti-imperialistas, pero que no son otra cosa que dispositivos discursivos que
legitiman la incursión de las empresas trasnacionales del Imperio capitalista.
Teniendo en cuenta esta confrontación real, se puede ver quienes están de un
lado y quienes del otro lado. Los gobiernos, incluso los gobiernos progresistas,
están efectivamente del lado de las empresas trasnacionales extractivistas, por
lo tanto del lado del Imperio, en tanto que los pueblos y comunidades que
resisten y luchan contra el extractivismo están de lado de la vida, de la
defensa de la vida, de la defensa del agua, de los bosques, de los suelos, de
las plantas, de los animales. Defensa que tiene que ver por la lucha por una
perspectiva civilizatoria alternativa.
*Raúl Prada Alcoreza es Ex Asambleísta Constituyente